Barco de Ortiz vuelve a altamar en medio de elecciones legislativas

Legislador asegura que recibió presión. Juez que fue su suplente y levantó sanción, fue cesado.El Galápagos Adventure I otra vez navega con normalidad por las aguas del archipiélago. Esta embarcación turística enfrentó vaivenes conforme se dieron las negociaciones políticas para elegir a las nuevas autoridades en la Asamblea, donde el voto del propietario del barco, el asambleísta de esa provincia, el municipalista Alfredo Ortiz, fue clave para que el movimiento del Gobierno, Alianza PAIS (AP), mantenga el control de la Función Legislativa.Los suplentes del legislador fueron determinantes en los ámbitos judicial y político. El primero de ellos fue el juez que le permitió a su embarcación retomar sus cruceros, aunque por eso el miércoles pasado fue destituido en sus funciones por el Consejo de la Judicatura de Transición, según confirma el asambleísta.El Parque Nacional Galápagos (PNG) suspendió por 90 días la patente de operación de Repregal, empresa operadora del barco, por cambiar en febrero pasado el itinerario sin tener autorización, lo que supuestamente causó una sobrecarga de turistas y afectaciones al ecosistema en ciertos puntos del archipiélago. La compañía lo niega y explica que solo se acudió en ayuda de otra embarcación que se había averiado.Y mientras se dirigía a recoger a los pasajeros varados, pidió autorización por escrito al Parque y hasta que terminó el crucero con el itinerario aprobado la embarcación dañada, no recibió contestación sino ocho días después, negándose el permiso.La sanción administrativa del PNG fue emitida el 22 de julio, pero se hizo efectiva una semana después, el viernes 29, cuando llegó a Puerto Ayora al finalizar un crucero y se disponía a recoger a otros pasajeros para un nuevo viaje, pero ya no obtuvo zarpe. Ese mismo día “se puso la medida cautelar” –cuenta Ortiz–.La acción la planteó en San Cristóbal su hermano, Jaime Ortiz, como representante legal de Repregal, aunque las sedes de la empresa sancionada y del Parque están en Santa Cruz, a dos horas de navegación. Por sorteo fue designado el juez primero de Garantías Penales de Galápagos, Pascual Ávila, asambleísta suplente de Alfredo Ortiz, aunque no actúa desde enero del 2010, cuando obtuvo una licencia para entrar a la Función Judicial. Desde entonces Tamara Chico tomó su lugar para ser la alterna.El sábado 30 de julio a las 09:00 Ávila emitía una resolución en la que tiraba abajo la sanción del PNG. En la noche, Ortiz se reunía con los demás asambleístas de oposición en Quito para definir la posible candidatura de César Rodríguez (antes de PAIS) a la presidencia de la Asamblea, pero como no tuvo acogida su propuesta dejó instrucciones para que en su representación su alterna votara en blanco en caso de que se mocione a otro candidato, como en efecto sucedió al día siguiente.Mientras en la mañana del 31 de julio, Chico votaba en blanco y con ello favorecía indirectamente a la reelección del oficialista Fernando Cordero para presidir la Asamblea, Ortiz dice que estaba viajando a San Cristóbal para acudir adonde el juez Ávila, su primer suplente, “a verificar que se rectifique un error del secretario del Juzgado en la fecha de la providencia en la que se admitió a trámite la medida cautelar y que se notifique nuevamente” la aclaración sobre la decisión del juez para que el barco vuelva a operar.La nueva notificación con la fecha correcta llegó al PNG y a las autoridades marítimas, el lunes 1 de agosto, y el Galaven I zarpó de Santa Cruz al día siguiente.“El juez emitió su fallo el sábado, pero con un error en la fecha que fue aclarado el domingo 31 de julio (día de la elección legislativa). Las notificaciones llegaron el lunes 1 de agosto y el barco retomó sus operaciones el martes 2”, agrega el asambleísta que asegura que se mantiene en la oposición.En ese tiempo, agrega, perdió un tour de ocho días pactado con antelación para 20 pasajeros (capacidad total del barco) que pagarían $ 2.000 cada uno. Es decir $ 40.000. “Pero más allá de ese monto los pasajeros que se regresaron al continente ahora nos demandan por daños y perjuicios que sobrepasan los $ 100.000. Ese es el costo que hay que pagar por no ser parte de este Gobierno”.La sanción a su embarcación la interpreta como una forma de presión política, específicamente por parte del Ministerio del Ambiente, a través del PNG. El director de este último, Edwin Naula, rechaza esas acusaciones y niega que la sanción levantada por orden judicial sea parte de un acuerdo.“No entiendo de qué persecución política habla, si siempre ha sido a la inversa, él nos ha dicho mafiosos, corruptos... Se habla de una supuesta negociación política a cambio de un voto a favor de Cordero, pero con la acción de medida cautelar emitida por el juez, el asambleísta Ortiz no tenía la necesidad de negociar, su problema ya estaba resuelto el sábado, un día antes de la elección en la Asamblea”, dice Naula.Ortiz también rechaza la interpretación de la oposición sobre una compra de conciencias. “Si hubiera un pacto, un acuerdo, por qué el director del PNG y la ministra del Ambiente ponen una queja ante el Consejo de la Judicatura que hoy es del Gobierno y sin sumario administrativo le dicen al juez que está destituido de sus funciones y hoy es un desempleado más en el país solo por hacer justicia a una empresa a la que se le estaban afectando sus derechos”, insiste el legislador.La sanción al juez fue un día antes de la elección de las dos vicepresidencias en la Asamblea, puestos claves para sumar una mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que tenga el control político en la Asamblea.En esas elecciones del jueves pasado, Ortiz no votó en la reconsideración a la elección de Cordero. Asegura que llegó tarde y no pudo hacerlo. Luego votó en contra de Juan Carlos Cassinelli (PAIS) y a favor de Rocío Valarezo (MAR) en la elección de la primera y segunda vicepresidencias del Legislativo, ambos candidatos propuestos por el oficialismo.“Yo presentí, no digo que sea así, que con la sanción al juez un día antes de la elección de las vicepresidencias esperaban que yo me comunique de alguna forma con alguien del Gobierno, pero jamás lo iba a hacer. Además, la resolución que emitió ya está ejecutoriada, ya no la pueden cambiar”, refiere Ortiz.Advierte que “me buscarán otra sanción; que porque la bandera está flameando para el otro lado, sanciónelo con 90 días de suspensión. Buscarán otra sanción con el fin de callarme para que no denuncie actos de corrupción de la ministra Aguiñaga y sobre el manejo del Parque Nacional Galápagos”.Naula niega cualquier injerencia en este caso y asegura que tomar decisiones sobre Galápagos a base de acuerdos políticos no es lo adecuado. “En ningún momento, ninguna persona del Gobierno, de la Asamblea, ni los asambleístas, ni la ministra de Ambiente, ni nadie me llamó o me preguntaron cuál es la situación de esa embarcación como para decir que se estaba pensando en algo”. Procesos: Contra Empresa Sanciones Según los archivos del Parque Nacional Galápagos (PNG), desde el 2002 las compañías de la familia Ortiz han enfrentado catorce procesos administrativos por infracciones de tipo turísticas. Resolución El juez que se pronunció a favor de Ortiz ordenó que la falta de la que se queja el PNG sea revisada en la vía judicial, mientras garantiza su derecho al trabajo.

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