La idea del tiburón cazador que lidera la pirámide alimentaria de los mares se desvanece en los puertos pesqueros del país. Ni su tamaño, fuerza o afilados dientes causan temor cuando están en la playa: descuartizados, ensangrentados y siendo vendidos al mejor postor.

Este 30 de julio se cumplen cuatro años de vigencia del Decreto Ejecutivo 486 (publicado en el Registro Oficial 137) que permite la pesca incidental del recurso tiburón, su comercialización y la exportación de aletas, definiendo como “pesca incidental” la “captura involuntaria de especies bioacuáticas con artes o sistemas de pesca dirigidos a la captura voluntaria y planificada de otras especies bioacuáticas”.

Sin embargo, la que registran los inspectores de pesca como pesca incidental de tiburones va en aumento, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el sitio web de la Subsecretaría de Pesca, que, desde septiembre del 2007, registra el número de tiburones que se desembarcan en las poblaciones costeras de Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Puerto López, Pedernales, Manta, Santa Rosa, Anconcito, Playas y Puerto Bolívar.

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Por citar un ejemplo: en Manta, Manabí, uno de los puntos con mayor desembarque, de septiembre a diciembre del 2007 se registraron 40.240 escualos. Durante el 2008 se contaron 175.736 tiburones; en el 2009 la cifra ascendió a 184.667. Los últimos datos expuestos en el sitio web de la Subsecretaría de Pesca datan de enero a abril del 2010 y suman 71.676.

El director general de Pesca, Hugo Vera, asegura que las estadísticas actualizadas existen, pero no explica el porqué no están publicadas en el sitio web. Pese a los pedidos de este Diario, estas cifras no fueron entregadas. Respecto del incremento de tiburones registrados como “pesca incidental”, Vera aduce que esto se debe al aumento del recurso tiburón, pero no ahonda en explicaciones, excusándose de no ser biólogo.

Este Diario recorrió Anconcito y Santa Rosa, en Santa Elena; Tarqui, San Mateo y Santa Marianita, en Manabí, y el puerto de Esmeraldas, en Esmeraldas, y constató que los controles que realizan los inspectores de pesca se hacen de manera aleatoria, es decir, no logran registrar todos los peces desembarcados, debido al rápido movimiento comercial que existe, e incluso, en San Mateo y Santa Marianita, no hay inspectores fijos, sino que de vez en cuando llega alguno a realizar el conteo.

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Vera lo acepta. “Tenemos 57 inspectores para todos los puertos. Es imposible que se registre toda la carga (...), no contamos con el recurso humano para eso”, dice.

De los puntos recorridos, el de mayor movimiento es la playa de Tarqui, en Manta. A las 07:00 del 13 de julio pasado ya hay carretillas llenas de aletas de tiburón, camiones esperando la carga y los pescadores van y vienen, desde las embarcaciones hasta la playa, con un escualo al hombro.

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Así continúa la mañana, agitada. Entre el esfuerzo de cargar un tiburón que bordea las 150 libras, la agilidad de los faenadores y la presencia de los comerciantes que se reparten la carne y las aletas. Entre todos los pescadores sumaron unos 50 tiburones y un solo camión trajo a la playa 51 escualos con las aletas a medio cortar para comercializar en ese lugar. Algunas embarcaciones pequeñas zarpan exclusivamente para comprar tiburones a los barcos medianos anclados cerca del puerto de Manta y revenderlos en la playa.

En Tarqui, incluso, existe una Asociación de Comerciantes de Aletas de Tiburón con 51 miembros, según indicó uno de los agremiados que prefirió mantener su nombre en reserva. Mientras, el personal de la Subsecretaría de Pesca que medía y registraba algunos de los tiburones desembarcados se negó a dar declaraciones al indicar que lo tenían prohibido.

El sigilo es evidente en cada uno de estos puntos y quienes deciden realizar comentarios se niegan a dar sus nombres. Un hombre, que esperaba en el puerto de Anconcito, Santa Elena, y que reconoce ser comerciante de aletas desde hace 20 años, comenta que después de la emisión del decreto que autoriza la comercialización del producto, el negocio no ha cambiado. “A veces hay más tiburones, a veces menos. Eso no ha cambiado mucho”, dice.

Otro comerciante, del puerto de Santa Rosa, en Santa Elena, comenta sobre los precios: Aquí hay aletas de $ 25, $ 30, $ 50, $ 100 el juego (cuatro aletas). Generalmente, eso se va para Manta y ahí hay galpones donde las secan para luego exportarlas. Aquí siquiera llegan unos 300 tiburones por día; unos días más, otros días menos.

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Miguel Macías, vicepresidente de la Cooperativa de Pesca Santa Rosa de Salinas, de Santa Elena (que agrupa 400 embarcaciones y 126 socios), asegura realizar controles internos. “Dentro de mi gremio yo tengo más de siete sancionados en este año”. Pero ¿por qué hacen pesca dirigida? Macías dice que, probablemente, puede ser para mitigar los gastos. “Cada salida (zarpe) cuesta $ 250; si no encuentra nada (de pesca objetiva), van y en una o dos horas capturan 20 tiburones”, reconoce, e incluso aprueba que si los tiburones son adultos, “que traigan lo que quieran, porque esos ya han desovado”.

Ante ello, Inés Manzano, abogada ambientalista, opina que “lo que se está haciendo en Ecuador es solo un conteo, no un control. Aquí no hay pesca incidental, aquí se hace pesca teledirigida”. Y mientras suben las cifras, los más temidos del mar terminan faenados al filo del mar.