Se anuncian nuevos impuestos, “verdes”, porque aspiran a cambiar los hábitos de consumo, castigando la contaminación y otros hábitos. Solo se los conoce por declaraciones de prensa.

Lo novedoso son los impuestos a fundas y envases de plástico. Luego de los reparos formulados, se esperaba que las autoridades repliquen con sesudos argumentos sustentados en estudios del Ministerio del Medio Ambiente, demostrando cómo los impuestos reducirían el daño ambiental.

No ha sido así. En cuanto a las fundas, las autoridades reconocen que el control solo sería factible sobre los supermercados, que tienden a utilizar fundas reciclables; se abandonó el impuesto.

Respecto de las botellas, parece oneroso e impráctico el montaje de maquinarias para que los ciudadanos entreguen una botella y recuperen dos centavos. Los ciudadanos seguirán botando las botellas.

Habrá recolectores que colecten botellas y las lleven a las máquinas. Pero ya hay empresas recicladoras que compran botellas, las pican y exportan.

Seguirán viéndose envases plásticos en calles y playas. Lo que el impuesto lograría es aumentar el precio al consumidor de los productos en envases plásticos y mejorar la recaudación tributaria.

Para los automóviles habría un impuesto verde anual.

Un impuesto verde implica gravar a un vehículo en función de su huella ambiental, la cual depende de la potencia de la máquina, el estado de la misma, la tecnología, y cuánto rueda.

Bajo esos parámetros, habría una continuidad en la tarifa. No se entiende cómo el impuesto a cobrarse tienda a polarizarse entre 30 dólares en unos casos y 5.000 dólares en otros.

Al preguntársele al director del SRI, este contestó con la precisión conceptual que lo caracteriza. Tras cada medida hay una visión de economía política, indicó; los ricos deben pagar proporcionalmente más que los pobres.

Se dirá que eso es lo justo. Pero el tema de redistribución de ingresos en el caso vehículos está atendido vía arancel, IVA e ICE: los carros hacia lo alto de la gama están gravados proporcionalmente más que los que menos cuestan.

El impuesto a los vehículos, más que anticontaminante, es redistributivo; más que verde ambientalista, es rosa socialista.

Al impuesto eléctrico no se lo presenta con la misma transparencia que los impulsados por el SRI.

Se habla de eliminar el subsidio eléctrico a los más ricos. Pero estos ya no están subsidiados. La tarifa está en 8,07 centavos, y los que más consumen pagan un subsidio cruzado del 10%, con lo que su tarifa está por encima del costo.

Se dirá que el costo promedio de generación no es mayor porque el combustible para la generación térmica está subsidiado. Entonces el problema no es un supuesto subsidio eléctrico, sino el subsidio a los combustibles, en lo que atañe a la electricidad.

La venta de combustibles sin subsidio a las generadoras eléctricas subiría el costo en 5 centavos kWh para alcanzar 13 centavos; como máximo, podría plantearse que esa sea la tarifa para los de mayor consumo, sin subsidio cruzado.

Pero las autoridades amenazan con castigo a “los consumidores irresponsables” con una tarifa marginal de 67 centavos.

Esto no tiene ningún asidero como tarifa: es otro impuesto rosa.