Defensor del Pueblo: 'Está a la vista una política de criminalización de la protesta'

El defensor del Pueblo saliente, Fernando Gutiérrez, sostiene que el régimen debilita la institucionalidad del Estado y criminaliza la protesta social. Eso demuestra su poco interés en la defensa de los derechos humanos.Estamos a las puertas de la elección del nuevo defensor. ¿Se va del cargo siendo incómodo para el Gobierno después de objetar las preguntas de la consulta? Es posible que eso no se haya visto bien. (Pero) nosotros preferimos actuar de manera directa sin hacer escándalo. Esto era una cuestión muy importante: las preguntas estaban muy mal redactadas, mal planteadas y eran inconstitucionales. Ahora las reformas en materia penal plantean asumir una visión castigadora y no una rehabilitadora de los derechos humanos.¿Pese a los cambios, las reformas son castigadoras? Sí, aún hay esa visión de que el delincuente es un paria con el que se debe acabar. No someterlo a la rehabilitación, sino castigarlo en la peor forma. (Se dice) “aumenten las penas”, “háganlas más graves”, “llenen las cárceles con presos”... y eso no va a resultar en nada positivo. Se tendrán las cárceles llenas de gente...Y hasta llenas de periodistas... (Risas) Imagínese las posibilidades que hay...El argumento del Gobierno es que los jueces dictan indiscriminadamente medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿No está el derecho del ciudadano por encima del reo? No se trata de proteger a delincuentes, hay que defender al ciudadano común. Pero decir que lo que pasa es que la justicia no funciona, que la Policía es corrupta, ¡todo eso es una confesión de impotencia por parte del Estado! Ese tipo de excusas no se pueden admitir, la obligación del Estado es proporcionar seguridad a todos los ciudadanos, porque no es un favor. Además, ¿cuántos años llevamos hablando de este tema? Y las medidas que se han propuesto han sido todas de fuerza y violentas. Ese estado de emergencia donde intervienen los militares, ahora están dando un paso más: militarizar la seguridad ciudadana, crear cuerpos especiales, en lugar de tomar medidas de carácter social, de crear empleo.¿Son salidas políticas? Esto es cuestión de sensatez y no de idealismos. ¿Cuáles son el tipo de medidas idóneas? Repito, cuántos años llevamos debatiendo el tema, y la inseguridad se agrava. La sociedad se vuelve cada vez más violenta, eso quiere decir que el camino que se ha seguido no es el adecuado.¿Estas críticas en defensa de los derechos humanos son las que le incomodan al régimen? Lamento mucho si los incomodo.¿Cree usted que hay prepotencia desde las altas esferas que afecta a la autonomía de la Defensoría? Hay una distancia de los contenidos constitucionales, de irrespeto a la institucionalidad. Por ejemplo, el hecho de la cadena nacional en la que me involucran, ¿qué le hace pensar a la Secretaría de Comunicación (Secom) que la Defensoría tiene que defender sus orientaciones? ¿Qué le hace pensar (a la Secom) que tenemos que compartir sus puntos de vista sobre la prensa? Nosotros tenemos los nuestros y con otra óptica.¿Pidieron su autorización para elaborarla? A mí no me llamaron. Sacan esta cosa ofensiva, que ya le faltaba que me pongan el más buscado. Una foto publicada sin mi autorización. Solo una persona particular llamó. Entonces usted se pregunta: ¿cómo es que se está manejando el Estado? ¿Por personas particulares? ¿A través de los intereses de una productora? Yo quiero que el Secretario de Comunicación (Fernando Alvarado) haga las rectificaciones.¿Qué pedía esa persona que lo llamó? Atropelladamente me dijo: “Queremos hacerle una entrevista porque estamos produciendo un programa y vamos a poner de manifiesto todos los abusos que la prensa hace contra los derechos humanos”. Un momentito, ¿quién es usted? Somos la empresa En el Ojo Films y estamos haciendo esto por encargo de la Secom de la Presidencia. Pedimos que nos expliquen de qué se trata, porque no nos vamos a prestar para cualquier cosa, ¿pero cuál fue la respuesta? Esta falta de respeto a la independencia y a mi persona.En estas cadenas no solo se lo ha agraviado a usted sino a otras personas... Esto muestra un debilitamiento de la institucionalidad nueva del país, que sería un hecho grave. Aunque la Constitución tenga defectos, ha sido lo que el pueblo ha querido, pero debilitar esa institucionalidad sería un verdadero crimen histórico, yo no digo que se lo esté haciendo, pero veo un camino peligroso hacia allá, sumamente peligroso.En ese marco, ¿cuál es su postura sobre la Ley de Comunicación? Creo que debe existir un mecanismo de regulación para la comunicación, el mismo que de ninguna manera debe ser punitivo. El Consejo (de Regulación) debe estar conformado de tal manera que sí se cuente con alguien del Ejecutivo pero no para que lo presida o lo domine.¿Cree usted que hay una política de criminalización de los medios desde el régimen? Eso va mucho más allá de la Ley de Comunicación, yo como defensor del Pueblo sostengo que la libertad de expresión debe residir por sobre todo en los ciudadanos que en los medios. Estos deben conceder la libertad al ciudadano común y su accionar, su conducta, debe estar sujeta a la Constitución.Tal como está elaborada la Ley, ¿cree que está atentando contra la libertad de expresión y prensa? No creo que haya una violación de derechos. En todo caso hay que ver cómo sale al final esta norma.Usted controla todos los entes del Estado, ¿qué apoyo ha tenido de sus entes? Se supone que somos defensores de los derechos humanos, pero somos parte del Estado. Este papel debiera significar, en esta parte de la historia que vive el Ecuador, un papel central, importante, pero el mismo aparato del Estado se ha encargado de minimizarla. ¿Por qué? Porque no les gusta ser controlados.¿Cree que el Gobierno subestima el trabajo de la Defensoría del Pueblo? No hay cómo dejar de darse cuenta de esto. El segundo semestre del año pasado atendimos 37 mil casos de violaciones a los derechos humanos, lo que refleja el poco interés del Estado en este ámbito. El presupuesto de la Defensoría es doce veces inferior al de la Fiscalía, esto es solo un ejemplo: ellos tienen un presupuesto de $ 91 millones y el de la Defensoría es de $ 7 millones, y tenemos que andar a cuentagotas. El propósito del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial debiera ser potenciar a la Defensoría.Y ahora que se va del cargo, ¿cómo está la situación? Quienquiera que venga necesita presupuesto para funcionar. En el exterior es imposible hacer nada. No tenemos presupuesto, las carencias son muy grandes. Y estamos aquí en una misión que les molesta a todos. Le molesta a la Función Judicial porque les decimos ‘miren, esta no es la forma correcta de actuar’. O que le digamos a un ministerio que las cosas no están funcionando bien.Como el Ministerio de Salud, por ejemplo. Sí, el caso de los neonatos. Eso nosotros lo dimos a conocer, y se hizo escándalo porque el hecho era escandaloso. Estaban muriéndose niños y no se movía nadie para protegerlos. Demostramos la realidad de lo que estaba pasando y todavía pasa en la atención a salud.¿Por qué cree que el Gobierno no les da presupuesto? El Estado está en la obligación de dotar de los medios para que la Defensoría cumpla con su papel de vigilancia.El Estado está en la obligación de respetar los puntos de vista de los defensores de derechos humanos y no de emprender una política de criminalización de la protesta social, una política que está a la vista.¿En qué hechos? Las protestas en las calles. Los acusan de terroristas por protestar, y aunque no hay formas adecuadas, son acusaciones desmedidas. Esto va por mal camino. Creo que hay un olvido de los derechos humanos, que son la esencia de esta Constitución.En el siglo XXI el Estado existe para protegerlos, no para arrinconarlos, constreñirlos, limitarnos, sino para garantizar su libertad.

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