La Ley de Medios contradice a la Convención de DD.HH.

QUITO
.- A las 09:58 del 11 de agosto del año pasado, la Secretaría de la Asamblea Nacional ponía el recibido al trámite 41265. Los funcionarios apenas se recuperaban de la agitada jornada del día anterior, cuando fueron anfitriones de la rendición de cuentas  de un año más de gobierno de  Rafael Correa.

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La Ley de Medios contradice a la Convención de DD.HH.

hace 13 años

El oficio llegaba desde Washington, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estaba firmado por Catalina Botero, la relatora especial para la Libertad de Expresión.

En 18 páginas, con todos los formalismos de rigor, la  carta detalla los principales puntos en los que el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación contradice, sobretodo, a los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, acuerdos suscritos por el Estado ecuatoriano.

El documento fue al archivo del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), y al de la Comisión Ocasional de Comunicación, que para entonces, en julio del 2010, ya había concluido el informe para segundo debate del proyecto de ley.

Ahora, en junio del 2011, con el antecedente de la consulta popular, se retoma ese mismo informe y  varios asambleístas proponen desempolvar esas 18 páginas, con el fin de "incorporar" las observaciones.

¿Qué planteaba Botero? En la presentación, la relatora manifiesta el honor que siente al dirigir su comunicación "a su excelencia", refiriéndose a Cordero, y, por intermedio de él, a los "miembros de esa honorable Asamblea". Ya en el análisis del proyecto de ley, en términos muy diplomáticos, desagrega una a una las principales contradicciones del informe elaborado por el oficialismo y la legislación interamericana en Derechos Humanos.

Se refiere a una docena de temas: la información objeto de protección, la obligación de que ciertos cargos sean de desempeño exclusivo de "periodistas profesionales", el Consejo de Comunicación, las obligaciones de los medios, la rectificación o respuesta, las buenas prácticas periodísticas, la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, la posibilidad estatal de establecer causales legales de censura previa, el registro de medios, las facultades del Defensor del Pueblo, la regulación de cadenas y espacios gratuitos, y los límites impuestos a la operación de la radiodifusión.

Uno de los principales argumentos para cuestionar el proyecto de ley es el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos, que estimula la libertad de pensamiento y de expresión, en un entorno que garantice el flujo de información sin censura previa y con responsabilidad ulterior.

Durante los diez meses que han pasado desde que la carta llegó a la Asamblea, múltiples han sido las declaraciones respecto a la legislación para los medios; sin embargo, ni los oficialistas -que se dicen respetuosos de los compromisos internacionales- ni la oposición -que intenta cuestionar a la ley- han desmenuzado las observaciones de Botero.

El viernes pasado, en la sesión de la Comisión se pidió la presencia de la relatora para que haga sus comentarios sobre el proyecto de ley, a pesar de que estos ya constan en el oficio que llegó a la Asamblea esa mañana de agosto del 2010.

El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino (PAIS), sostiene que las observaciones de Botero primero tendrán que ser "analizadas y consensuadas" para ver si tienen concordancia con la Constitución, los estándares internacionales y los tratados de los cuales Ecuador es parte. Afirma que se trata de un insumo del debate, aunque aclara que, a su juicio, su informe del año pasado (suscrito por los legisladores oficialistas), no vulnera derechos ni atenta contra ninguna libertad.

El asambleísta opositor César Montúfar (CND) insiste en que las recomendaciones deben incluirse en lo que llama "el proyecto Andino", pues dice que hay claras violaciones a la normativa internacional. "Es fundamental que la opinión de la relatora sea tomada en cuenta, porque Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales, especialmente la Convención Americana de los Derechos Humanos". Y agrega: "la ley no puede ir en contra de estos instrumentos, a menos que el Gobierno decida salirse".

Opiniones

Frank La Rue
'Profesionalización no debe ligarse solo al título'
En diciembre del 2009, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, remitió una carta al presidente Rafael Correa en la que resalta dos temas que le preocupan en materia de estándares internacionales.

El primero se refiere a la profesionalización de los periodistas que, según La Rue, debe ser una opción personal de quienes trabajan en comunicación, en tanto que el papel del Estado debe limitarse a promover y facilitar alternativas para lograr este objetivo. No obstante, señaló que esta profesionalización no debe ser condicionada únicamente a la obtención de un título.

Sobre la objetividad y veracidad de la información, el relator de la ONU consideró que esta calificación le corresponde otorgar a la opinión pública y que cualquier intento estatal de validar dicha veracidad, en forma anterior o posterior a su emisión, se convertirá en un mecanismo de censura.

La Rue se opuso a la idea de que el Estado pueda interferir en el contenido de la información emitida por los medios, lo que se plantea ahora con el Consejo de Regulación del proyecto.

Reporteros Sin Fronteras
'También hay que despenalizar delitos de prensa'
Benoit Hervieu, representante para América de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha manifestado su temor porque en el proyecto de Ley de Comunicación, que se debate desde el 2009, se confunda la regulación de los medios, a cargo de un Consejo de Comunicación, con la intención de mejorar la información. "Ninguna ley puede dar una definición absoluta de lo que es un buen periodista que hace bien su trabajo. Eso es imposible" dijo.

Si bien RSF considera que algunos de los artículos planteados en el proyecto representan "importantes progresos en materia de pluralismo", con avances como la instauración de un verdadero marco legal para los medios de comunicación educativos y comunitarios, ha pedido que se incluya la despenalización de los delitos de prensa.

Esta organización sostiene que la aplicación de penas como el encarcelamiento contra periodistas a causa de lo que piensan o informan, que está contemplado en otras disposiciones legales, "contraviene la jurisprudencia interamericana que Ecuador debe respetar como Estado miembro de la OEA" y es también "una forma de presión e intimidación".

Human Rights Watch
'El proyecto ambiguo propicia censura previa'
La organización privada de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) también ha hecho pública su preocupación por varias disposiciones que podrían ocasionar censura previa, injerencia indebida del Gobierno o restricción ilegítima a la libertad de expresión en el proyecto de ley que se debate en la Asamblea Nacional.

El director de este organismo, José Miguel Vivanco, en una carta enviada al presidente del Legislativo, Fernando Cordero, en el 2010, advirtió que el texto en discusión era ambiguo, especialmente en lo que se refiere a los calificativos a la información, como que debe ser "veraz", pues podría provocar censura previa. Además, HRW consideró que ciertos textos de la normativa facultaban una injerencia indebida del Gobierno, "por ejemplo, al permitir que se apliquen sanciones a medios de comunicación que incumplan sus códigos de ética". Como positivo, la organización destacó la prohibición de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios y el fomento del uso de subtítulos o lenguaje de señas.