En la Corte Constitucional (CC) de Ecuador y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, están por definirse dos reclamos de sectores indígenas del país, cuyos resultados sentarían precedentes jurídicos y exigirían al Estado el pago de indemnizaciones. El primer caso se relaciona con la justicia indígena aplicada por comuneros en la localidad La Cocha, de Cotopaxi; el otro es el reclamo de la comunidad Sarayaku (Pastaza) por los daños presumiblemente causados por una empresa petrolera.