Corte avala ley que castiga por contratar a sin papeles

EFE
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó ayer su respaldo a una ley de Arizona que sanciona a los negocios que contraten a inmigrantes indocumentados, pese a la oposición manifestada por el Gobierno de Barack Obama.

El máximo órgano judicial estadounidense apoyó la medida por 5 votos contra 3, en su primera decisión sobre el polémico paquete de leyes migratorias impulsado por Arizona.

Los jueces determinaron que la norma estatal, que entró en vigor en el 2008, no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirmaron los demandantes, ya que estas conceden a los estados la potestad de imponer sanciones relacionadas con el asunto.

"Arizona ha tomado el rumbo menos proclive a causar tensiones con la ley federal", escribió el juez John Roberts en el argumento de la mayoría, que fue respaldado por los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas. Las jueces Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg y el juez Stephen Breyer se opusieron a la decisión.

"La medida exige a los negocios de Arizona que recurran al sistema del Gobierno federal para determinar el estatus legal de los empleados", indica el texto redactado por los jueces.

La Ley sobre Trabajadores Legales de Arizona -conocida informalmente en el estado como la "pena de muerte para los negocios"- permite a los abogados de cada condado llevar a juicio a los empresarios que contraten conscientemente a indocumentados, una práctica que puede resultar en la revocación de su licencia.

Según los demandantes, entre ellos, la Unión de Libertades Civiles, el Fondo México-americano de Defensa y Educación Legal, la Cámara de Comercio de EE.UU., ese proceso es inconstitucional, puesto que solo el Gobierno federal tiene derecho de aplicar leyes de inmigración.

El veredicto de allanar el terreno para la probable llegada al Tribunal Supremo de la ley más controvertida redactada por Arizona sobre la materia, la SB1070, que criminaliza la presencia de inmigrantes sin documentos en el estado.

A comienzos de mayo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aseguró que llevará hasta la máxima corte sus argumentos a favor de la completa implementación de esa ley, de la que están suspendidos los artículos más polémicos.

Arizona, estado fronterizo con Sonora, México, llamó la atención internacional por la promulgación de la ley SB1070, que buscaba criminalizar la inmigración ilegal en el estado. Varios estados hicieron luego propuestas similares.

Durante el 2010, unas 392.000 personas fueron deportadas de EE.UU., según el Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de esa área, Janet Napolitano, dijo que Comunidades Seguras y el Acuerdo 287(g) fueron vitales para alcanzar esa cifra récord de deportados. El año anterior fueron deportados 350.000 extranjeros, mientras que en el 2004, unos 174.000.

Después de que entró en vigor la ley de Arizona, unos 100.000 hispanos salieron del estado, según un estudio de la fundación BBVA Bancomer.