Antón compró los chalecos al Grupo EICA y no a distribuidor

“Todo está en derecho, todo está en ley. Mi palabra es que todo está legal”, recalca Ricardo Antón, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (ANT), antes Cntttsv.

Sin embargo, dice no recordar el nombre de la empresa con la cual la ANT firmó el pasado 1 de diciembre un contrato por $ 7,3 millones, dedicado a la provisión de placas y chalecos reflectivos –tipo tirantes– para 600 mil motociclistas del país.

“Yo contraté con una empresa de EICA, ellos me ofrecieron un producto y lo lanzamos”, dijo el viernes 29 de abril al ser consultado sobre el tema.

La empresa adjudicada por la ANT es Intercontinental de Materiales IMC Compañía Anónima, una de las once que pertenecen al grupo EICA, incautada a los hermanos Isaías y en manos del Gobierno.

A esa empresa, la ANT le adjudicó la compra de los chalecos mediante el sistema de régimen especial, un tipo de contratación directa al que se acogen algunos ministerios y entidades estatales desde el 1 de diciembre del 2009, por orden del secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado.

La disposición venía desde la Presidencia. En la cadena del 13 de julio del 2009, tras un año de la incautación, Rafael Correa anunció un plan para rentabilizar las empresas: “Primero hay que ponerlas en marcha. Con la incautación, por ejemplo en EICA, se cortaron las líneas de crédito.., si hubiéramos vendido ese rato, hubiéramos tenido que regalarla a precio de gallina enferma”.

La contratación directa se aplica en las compañías en las que el Estado tiene más del 50% del paquete accionario total.

Para la compra de los chalecos, la ANT o antigua Cntttsv invitó a Intercontinental IMC, cuyo propietario del 100% de sus acciones es el Estado a través del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, cuyo titular es Pedro Delgado, pariente del presidente Rafael Correa.

La compañía IMC firma contrato a su vez con Take Business Importación & Exportación –según dijo su presidenta, Gabriela Zambrano– para que sea proveedora de los chalecos.

El gerente de Take Business, Agustín Ontaneda Andrade, garantiza la calidad del producto a nombre de la fabricante Sino Express Group Limited/Take Business Pvt India-Chandigar, según los documentos de la contratación. En un documento del 22 de noviembre del 2010, Ontaneda se menciona como el agente representante en América Latina.

Sino Express Group Limited no está registrada en Ecuador, mientras que Take Business Pvt, con sede en Quito y creada el 25 de septiembre del 2007, se dedica –según el sitio en internet de la Superintendencia de Compañías– a la “compra y venta de materias primas que sirvan para la explotación de minas de sal, industrialización y comercialización de sal”.

Hasta febrero pasado, Take Business Pvt tenía oficinas en el sector del Batán Bajo, en Quito, donde el vecindario no la conoce en actividades relacionadas con textiles o metales. Actualmente atiende en la Torre A del edificio World Trade Center.

También estrenó el pasado 24 de febrero su página oficial en internet: takebusiness.com.ec.

Su propietaria y presidenta, María Gabriela Zambrano Villavicencio, se ha negado a explicar los detalles del contrato que dice que firmó su empresa con la incautada IMC.

“Nosotros nos ajustamos a las especificaciones técnicas que nos dio IMC, nosotros no firmamos contrato con la Agencia Nacional de Tránsito sino con IMC, pregúnteles a ellos”, dijo Zambrano al recalcar que el gerente y mayor accionista de Take Business, Agustín Ontaneda Andrade, “está fuera del país, ejecutando procesos sobre el contrato mencionado”.

Este documento establecía que la antigua Cntttsv entregue un anticipo del 70% ($ 4,5 millones) a la incautada, que se aprobó en diciembre.

Pero ¿por qué la ANT no contrató directamente con el distribuidor? Antón responde que es legal la contratación con un tercero, como en este caso.

Según el contrato, se permite “subcontratar determinados trabajos con terceros, con la aprobación de la Cntttsv, siempre que el monto no supere el 30% del valor contratado”.

Gabriela Zambrano, presidenta de la subcontratada Take Business, encargada de entregar las placas y chalecos, no precisó el monto del contrato con IMC y se negó a que este Diario visite su oficina. Tampoco dio detalles de la empresa Sino Express Group Limited, los socios o su objeto social.

El pasado 14 de febrero, Ricardo Antón inició la entrega de estas prendas . Ese día no especificó la nacionalidad de los accesorios. “Aquí no existen fábricas de placas”, indicó.

Tres expertos en contratación (un catedrático, un consultor independiente y el abogado de un estudio jurídico) cuestionan el contrato. “¿Por qué se adjudica a una incautada y no al distribuidor?”. También, un abogado recalca que se debía indagar si en el mercado ecuatoriano hay fábricas que puedan elaborar las prendas.

Un exgerente de la empresa textilera Tecnistamp (en la que el Estado tiene participación como propietario) dijo que esta compañía está en capacidad de confeccionar los chalecos.

Esta empresa abastece de uniformes a la Policía Nacional. En marzo del 2010, Tecnistamp recibió un contrato de la misma Cntttsv para la adquisición de placas semielaboradas.

Take Business consta en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Instituto Nacional de Compras Públicas, pero en la categoría de proveedor de productos relacionados con “sal común y cloruro de sodio”.

Un consultor independiente en temas de contratación critica que no se haya hecho la compra mediante una subasta inversa, tratándose de un producto (chalecos) normalizado, es decir, que se fabrica en serie: “La subasta inversa busca precisamente que los oferentes pujen por el precio más bajo”.

Desde el 14 de febrero se han distribuido 70 mil kits de una placa y dos chalecos gratuitamente. Esto, pese a que, según el contrato, cada kit comprende una placa y solo un chaleco.

No obstante, Antón recalcó que las entregas han superado las metas previstas para los primeros meses. Según el contrato, las entregas debían ser parciales hasta completar los 600 mil kits en marzo pasado. Sin embargo, varias semanas de ese mes se suspendió la dotación de prendas a los motociclistas.

“Yo contraté con una empresa de EICA, ellos me ofrecieron un producto y lo lanzamos. Todo está en el marco de la ley, Mi palabra es que todo está legal”.
Ricardo Antón
Director de la ANT

“Nosotros no firmamos contrato con la Agencia Nacional de Tránsito sino con IMC, pregúnteles a ellos”.
Gabriela Zambrano
Presidenta de Take Business