Ocurrió en el 2009, en el periodo del llamado ‘Congresillo’. La Comisión de lo Laboral quedó sorprendida ante el proyecto enviado por Alexis Mera Giler. El documento, recuerda Betty Amores, entonces presidenta de la mesa por PAIS y hoy asambleísta independiente, tenía “la finalidad, claramente de derecha, de pagar utilidades a los accionistas de los bancos que son entidades del Estado”.

La respuesta que recibió Mera ¬asegura ella¬ fue tajante: las empresas públicas no reparten utilidades a sus trabajadores. “Eso lo establece la Constitución. Sin embargo, él quería hacer pagar utilidades en el Banco del Pacífico. Cuando le mostramos eso, dijo: Sí, ganaste, es inconstitucional”, relata Amores.

¿Es posible que haya ignorado eso? Él es el secretario jurídico de Carondelet. El abogado que maneja las leyes de la “revolución ciudadana”. El hombre que representa al presidente Rafael Correa en las cortes. El cerebro de los argumentos jurídicos con los que el Ejecutivo impulsa causas que considera desacatos, terrorismo, sabotajes, magnicidio o tentativas de asesinato... El que ha estado detrás de la redacción de iniciativas clave, como las convocatorias a consulta: la que definió la instalación de una Constituyente, en el 2007, y la que definirá la suerte del sistema judicial, en mayo próximo.

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En Montecristi había molestia por su presencia en las mesas y, sobre todo, por su participación activa en la recta final, cuando unos aseguran que planteó “observaciones” y otros, “correcciones” en varios de los artículos.

Este manabita (Bahía de Caráquez, 1966) ya había estado cerca del poder. Fue asesor jurídico del fallecido líder del PSC, León Febres-Cordero, entonces alcalde de Guayaquil. También del expresidente Gustavo Noboa en Industrial San Carlos. Ese pasado, sumado al manejo de herramientas jurídicas cuestionadas, lleva a sus detractores ¬e incluso adeptos¬ a ver en Mera a un hombre de derecha.

Así lo califican dos disidentes de la “revolución”. Gustavo Larrea, exministro de Gobierno, cree que el Ejecutivo “abusa del derecho” y señala “culpables”: “Son consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León. Es absurdo usar el Código Penal para enjuiciar a dirigentes sociales. Hay más de 180 ciudadanos acusados por terrorismo. ¿Podemos decir que en Ecuador hay terrorismo? No. Eso es ‘acomodar’ el derecho y las circunstancias a tipificaciones penales que no calzan en la realidad”.

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Con él coincide Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente. “Me preocupa que el Gobierno haya recurrido a las propuestas socialcristianas de represión para combatir la inseguridad con las preguntas 1 y 2 (del referéndum). Recurre a la visión represiva de la derecha. Eso viene del doctor Mera. ¿Quién es el autor de estas preguntas? Él”.

Mera conoció a Correa en los grupos apostólicos que integró Noboa en el colegio Cristóbal Colón (hoy, al llegar a Quito en el primer vuelo de los lunes, pasa por la catedral), pero su amistad se profundizó en la Universidad Católica de Guayaquil, donde estudiaron. Militaban en un grupo llamado Alianza.

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El abogado es el menor de tres hermanos: Michael y Gino. El primero, de 51 años, también participó en los grupos de Noboa junto al hermano mayor de Correa, Fabricio, quien se convirtió en su compadre, pues apadrinó a María Paula Mera, sobrina del secretario. Los lazos se tejieron por los años ochenta.

En febrero, Michael Mera fue nombrado representante de Correa en el directorio de Coca Codo Sinclair y antes había ejercido su representación ante el directorio del Conelec. En su declaración juramentada del 2 de marzo del 2010, dijo que es asesor del Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos.

Personas cercanas a Mera también han llegado a ocupar altos cargos. Por ejemplo, la abogada Suad Manssur, quien ejerció como delegada de Correa en la Junta Bancaria hasta enero, es la nueva superintendenta de Bancos. Durante su elección, Mera asistió a una audiencia de impugnación contra Manssur en el Consejo de Participación Ciudadana (que designa a la autoridad) para darle su apoyo.

Otro de sus amigos, Andrés Martínez Landívar, es el reemplazo de Manssur en la Junta Bancaria; y Antonio García Reyes admitió haber presidido el desaparecido Conartel por recomendación de Mera.

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Según dijo Correa en un enlace sabatino, Mera forma parte de “los jóvenes revolucionarios de izquierda” de su Gobierno. Pero, paradójicamente, tiene un estilo de vida similar al de quienes Correa llama “pelucones”.

Reside en la urbanización Río Grande, en Samborondón, y en su declaración de bienes señala que posee un inmueble en la ciudadela Miramar, en Salinas (Santa Elena), valorado en $ 150 mil. También tiene depósitos en dos cuentas bancarias de Estados Unidos. En el Wachovia Bank tiene inversiones (certificados de depósito) por $ 106.641 y en el AM South Bank registra ahorros por $ 29.959, pero en bancos ecuatorianos mantiene un poco más de $ 20 mil.

Su patrimonio, según su última declaración juramentada de bienes (del 31 de agosto del 2009), asciende a $ 344.428 (con activos por $ 346.161 y pasivos por $ 1.732). Pero en el 2007 su patrimonio era de $ 378.879 (es decir, dos años después registró una disminución de $ 34.451), según la declaración de ese año.

La cantidad más alta que Mera ha declarado como impuesto a la renta fue en el 2006 (canceló $ 15.003). Después pagó $ 9.071 (2007), $ 8.251 (2008), $ 5.888 (2009) y $ 7.053 (2010).

Mera también es socio del estudio jurídico Romero & Menéndez, en donde inició su carrera. En sus declaraciones del 2007 y del 2009 reportó acciones por $ 1.118. De hecho, miembros de su equipo de la Secretaría trabajaron en esa empresa.

Fue uno de los socios fundadores de la consultora Latinaccess (según cuenta uno de ellos), representante exclusiva en Ecuador de la norteamericana Decision Strategies Fairfax International (DSFX), que investigaba ¬bajo pedido¬ a contactos comerciales de sus clientes, información sobre litigios, rastreaba bienes secuestrados.

La DSFX estaba integrada por miembros fundadores de Transparencia Internacional, que ejercieron como fiscales, agentes de inteligencia o jueces en Estados Unidos. En Ecuador la sucursal fue constituida en enero del 2001, por iniciativa de Valeria Merino, directora para América Latina de Transparencia Internacional, y Ramiro Aguilar, Xavier Castro y Alexis Mera. Se unieron Héctor Romero Parducci y Carlos Tarré.

La fuente dice que el objetivo de Latinaccess, como representante de DSFX, era ayudar en las investigaciones relacionadas con los bancos quebrados en 1999. Pero el proyecto se diluyó en poco tiempo y cada socio fue vendiendo sus acciones a Castro, quien mantiene la empresa.

Mera y Castro eran hombres de confianza de Romero Parducci, sobre todo para el trabajo en las cortes. Fueron sus asesores cuando presidió la antes Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante tres años, desde 1997, experiencia que llevó a Mera a acercarse más al sistema judicial. Castro decidió separarse de Romero & Menéndez para crear su propio estudio (Consulegis), lo que indignó a Mera. Ahora es abogado de los Isaías (expropietarios de Filanbanco).

Durante un conversatorio en la Universidad Central, el 21 de marzo pasado, Mera dijo que con la creación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), donde fue asesor desde sus inicios hasta el 2003, “las cosas mejoraron en alguna forma”. “¿Cuántas veces botaron a un juez antes de tener un CNJ? Me acuerdo que tramitaba las quejas cuando estaba en la CSJ. No decidía, solo tramitaba”, se apresuró el funcionario en aclarar.

Pero su visión sobre la justicia va más lejos. En Youtube se observa una reunión que, como secretario jurídico, tuvo con los abogados ecuatorianos que demandaron a Texaco-Chevron por daños en la Amazonía. El video fue filmado para el documental Crudo, producción internacional estrenada en Ecuador en el 2009, aunque no se incluye esa parte. Allí se observa que Mera les sugiere a los demandantes llevar gente a la Fiscalía y hacer una protesta. “Hay que salir con prensa, cerrar la calle República, donde están ellos, porque así funciona este país”.

Apuntes
Cuestionamientos

Fabricio Correa
Le entabló un juicio por injurias calumniosas y ha dicho que él presiona a jueces para obtener fallos a favor de los clientes que aún atiende, pese a ser funcionario público. Lo acusó, además, de tráfico de influencias. Por ejemplo, según Correa, Pablo Zavala Peñafiel, abogado y asistente de Mera, visitó al Juez Primero de lo Penal de Machala, indicándole que iba en nombre del presidente para “decirle que no se deje apantallar” por Fabricio en un juicio contra Gonzalo Cobo.

Mauro Terán
Como exmagistrado afirmó que Mera ejerció ilegalmente como abogado, pues actuó como apoderado judicial de la empresa chilena Rancho Blanco y como procurador judicial de Rafael Correa en la demanda contra La Hora, pese a que la ley prohíbe ejercer a los funcionarios de su rango. Añadió que presionó a Héctor Cabrera y Manuel Sánchez, que tramitaron una apelación de Rancho Blanco.

Defensa del Pichincha
Antonio Rodríguez Vicens, abogado del Banco Pichincha en el proceso particular que entabló Rafael Correa por supuesto daño moral, señaló que, si bien Mera no era su representante en ese caso, estuvo “husmeando en el juzgado” que lo tramita.

Sindicato de la Cervecería
Extrabajadores acusaron a Mera de injerencia, pues él y otros funcionarios rechazaron una resolución favorable para ellos. Dijeron que Mera fue abogado de la Cervecería.

Jaime Nebot
Sobre la construcción de un casino en el Malecón, Jaime Nebot le pidió en el 2008 que se excuse de opinar o actuar porque no es el asesor del Ministerio de Turismo y “porque el estudio jurídico del cual él forma parte ha atendido profesionalmente asuntos relativos al negocio de los casinos”.