'Intolerancia de Correa a la prensa', señala informe

AP
WASHINGTON.- El gobierno del presidente Rafael Correa "restringió en la práctica" el derecho a la libertad de expresión, aseguró el informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos, sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, que fue divulgado ayer en Washington.

El informe recuerda la premisa de que la Constitución de Montecristi aprobada en el 2008 asegura la vigencia del derecho a la libertad de expresión y de prensa, "pero el Gobierno restringió estos derechos en la práctica": "Ataques verbales y legales contra la prensa por parte del presidente Correa y su gobierno siguieron durante el 2010. La relación entre la prensa y el Estado siguió en deterioro, y hay informes de censura indirecta y autocensura".

El subsecretario de Comunicación Política de la Presidencia, Patricio Barriga, indicó que "si el informe habla de la restricción a la libertad de expresión, no es más que una percepción antes que hechos concretos. Son percepciones de periodistas, gremios o grupos políticos interesados (opositores)".

"Tales grupos no están de acuerdo con el hecho de que en este país se está promoviendo que se cumpla lo que la Constitución dispone, una información más precisa, exacta y contextualizada", añadió Barriga.

El funcionario explicó que tales hechos se derivan de la "respuesta política (del mandatario) a las actuaciones políticas de ciertos medios de comunicación social que han publicado o difundido información carente de los requisitos para ser elevada a noticia".

El informe estadounidense recordó que "durante el año varios comentaristas políticos de radio y televisión dimitieron, atribuyendo públicamente sus decisiones a la presión del Gobierno sobre los medios de comunicación".

El informe del Departamento de Estado también señala el uso excesivo de las fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y corrupción, por lo cual desde el 2007 hasta agosto del 2010, 503 agentes policiales fueron sometidos a tribunales disciplinarios, que decidieron la baja de 367 policías, 171 fueron sancionados con prisión y 68 sanciones disciplinarias.

Según el informe, el sistema judicial es "susceptible de presión y corrupción externa ...(y) los jueces ocasionalmente someten sus decisiones a presiones políticas y económicas".

Documento

Según el informe, en el país hay problemas de derechos humanos, como el "uso excesivo de la fuerza y la impunidad por parte de la policía".

Alertó sobre el alto número de detenidos a la espera de juicio y la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.

Denunció discriminación a las mujeres, indígenas y afro-ecuatorianos. Además que siguen las denuncias por explotación de mano de obra infantil y el tráfico de personas.