Primer año del CPC con injerencia del régimen y retrasos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) cumplió el pasado viernes su primer año de gestión con un juicio político a cuestas contra su presidenta, retrasos en la designación de autoridades, reducción del presupuesto y divisiones internas.

El organismo, conocido como Quinto Poder, nació como una de las propuestas revolucionarias del gobierno de Rafael Correa, con tres atribuciones: designar a once autoridades de control para terminar con el régimen de transición; promover la participación ciudadana; exigir rendición de cuentas a las entidades del Estado y luchar contra la corrupción.

El expresidente de la Asamblea Constituyente y fundador del oficialista Alianza PAIS (AP), Alberto Acosta, recuerda que la idea de un Quinto Poder “surgió para fomentar la participación de la gente en la vida política”, pero que “una cosa es el discurso y otra la práctica: el control social no se ha cristalizado como lo deseábamos”.

Los siete vocales, Marcela Miranda (presidenta), Tatiana Ordeñana, Fernando Cedeño, Luis Pachala, David Rosero, Andrea Rivera y Mónica Banegas, se posesionaron el 18 de marzo del 2010 tras medir fuerzas en un proceso de selección que tomó casi un año.

Y aunque la meta que se plantearon fue elegir al mayor número de autoridades, no lo han cumplido, ya que solo han designado a 4 de 11: los 3 superintendentes (Compañías, Bancos y Telecomunicaciones) y el procurador del Estado. Esto, en medio de críticas por la supuesta injerencia del Ejecutivo en los procesos de selección.

Por ejemplo, la elección de Suad Manssur como superintendenta de Bancos se dio bajo el apoyo directo del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien asistió a una audiencia de impugnación contra ella para respaldarla.

El vocal Rosero reconoce que ser independientes del régimen todavía es una tarea pendiente, pues aunque “he actuado siempre con independencia y transparencia, hay consejeros que lamentablemente están sucumbidos a presiones de sectores económicos y políticos”.

Pero cada consejero alega que actúa apegado a la Ley y reglamentos. Aun así, ciertas sesiones han evidenciado la división que existe en el ente.

Por ejemplo, cuando el CPC estuvo a punto de posesionar a la comisión ciudadana que se encargaría del concurso de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y no pudo hacerlo porque varias funciones del Estado no enviaron a sus delegados. Por esos días (febrero pasado), el Ejecutivo esperaba la respuesta de la Corte Constitucional sobre su propuesta de consulta popular, que cambia el número de integrantes del CJ y cómo son elegidos.

Rivera reprocha que algunos colegas consejeros no hayan hecho respetar la decisión del 80% de ecuatorianos que aprobó la Constitución y que otorgó al CPC la facultad de nombrar a los vocales del CJ. Sostiene que esta atribución está siendo “vejada por una mayoría” dentro del organismo.

La presidenta Miranda decidió consultar a la Procuraduría si era pertinente continuar con el concurso, puesto que se avecina un plebiscito. La posesión de la comisión ciudadana continúa suspendida.

En tanto que el mandatario aclaró que no busca minimizar o restar importancia a las acciones del Consejo. “Nadie quiere quitarle atribuciones”, dijo.

Marcos Martínez, exmilitante de AP, difiere con Correa, pues sostiene que él “no cree en liderazgos colectivos y peor en la toma colectiva de decisiones; él solo cree en su liderazgo”.

Rosero teme que la participación ciudadana se convierta en un “elefante blanco” si el Gobierno u otra institución continúa interfiriendo. “Hay un discurso contradictorio de quienes están en el poder”, advierte.

Este conjunto de sucesos motivaron a que Miranda sea llamada a juicio político por la Asamblea. El interpelante Marco Murillo (MAY) la acusa de falta de organización de las comisiones de selección para designar al CJ, incumplimiento de la Constitución y falta de interculturalidad en la elección de los superintendentes.

Detalles: Juicio político
Notificación
Mañana está previsto que sea calificado el juicio político contra la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Marcela Miranda. Una vez que ella sea notificada correrán quince días para la presentación de pruebas.

Tiempos
A inicios de mes la Comisión de Fiscalización admitió el proceso contra ella, tras acoger la denuncia de Marco Murillo. Hasta el 10 de abril puede elaborar su informe.