Solo los rayos del sol dan algo de claridad al ambiente lúgubre de la pequeña casa, con piso de tierra, donde creció Rosa (nombre protegido). Ahí todo es tristeza. La pobreza es notoria. No solo en la falta de enseres y alimentos, sino también en la carencia de recursos económicos para que la niña reciba tratamiento psicológico tras la violación que sufrió hace tres años cuando tenía apenas 10, y que el Estado, dicen sus familiares, jamás le brindó.

La narración de una tía, que es el principal respaldo de la menor, pues su madre está inválida y su padre murió, torna más triste el pequeño ambiente. “Rosa no está. Se ha ido quién sabe a dónde”, dice la mujer que lavando ropa ajena busca el sustento para sus tres hijos y cuatro hermanos de la niña. “Hace seis días que no sabemos de ella”, recalca un primo. Por las noches la joven suele salir a recorrer lugares como bares y locales de máquinas tragamonedas. Algunos vecinos cuentan que ven a la adolescente, pero “todo intento es una frustración. No la hallamos”, lamenta.

Su tía explica que luego de la violación pidió ayuda a la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Adolescentes). Su intención es que Rosa sea rescatada de las calles y llevada a algún hogar de protección para que le den asistencia psicológica, porque después del abuso recibió terapias solo durante dos meses por ayuda particular, no del Estado. “No quiero perder a la niña, sé que incluso anda reuniéndose con pandilleros”, reniega la mujer, mientras muestra una boleta de recuperación con la cual, una vez ubicada la menor, ella puede pedir a la Policía que la regrese a la casa, que está frente a la de su abusador, quien ya fue sentenciado a 25 años de cárcel.

Publicidad

“Es lo único que han hecho en la Dinapen. Ahí me asignaron un agente, pero nadie me asegura que la rescatará. Me dicen que regrese, que llame, pero cómo si no tengo plata. Prefiero darles de comer a mis niños que comprar una recarga”, dice.

La fiscal Yanina Villagómez, coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, afirma que cuando existen abusos de ese tipo las víctimas de inmediato pasan a recibir terapias psicológicas. “En delitos sexuales le roban la vida a la persona”, opina la investigadora; y “no solamente a ella, sino a quienes forman parte del núcleo familiar”, recalca. Sin embargo, el caso de Rosa no es único.

Personal especializado que labora en el Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), las fundaciones María Guare y Kairós, que asisten a víctimas de delitos sexuales en conjunto con el Innfa (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia), dice que solo 4 de cada 10 asisten y terminan los tratamientos psicológicos. En el 2010, por ejemplo, hubo 850 casos en Guayas. De esa cifra, unos 400 están cumpliendo el tratamiento dispuesto por las autoridades; otros no lo recibieron.

Publicidad

En el grupo está una niña de 11 años a quien llamaremos Lourdes. El pasado lunes, en un ambiente público de la Fiscalía del Guayas narraba la forma como un vecino, que, según su madre, es alcohólico, abusó de ella en una casa del Guasmo, donde “se salvó de que el daño sea mayor, porque un niño dio aviso”, contaba la acongojada madre.

Hasta ese instante, aseguró después la mujer, la niña no recibía asistencia psicológica.

Publicidad

Beatriz Bordes, directora de la Fundación María Guare, uno de los centros privados de protección de derechos que asiste a niños víctimas de abuso, refiere que una de las principales trabas que se encuentran en los procesos que atienden “es la lentitud del tema judicial. Tenemos que estar a expensas del fiscal o el juez, y muchas madres se cansan de seguir porque ya no quieren exponer a sus niños”.

Aunque dice que cuando se da la posibilidad de iniciar un tratamiento psicológico se apunta de inmediato a que el niño agredido deje de sentirse culpable; pero lamenta cuando se trunca el proceso. “En ocasiones hasta tenemos que darles dinero para el transporte, o actuar según la voluntad de los padres”, indica.

Byron Castro, coordinador del sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, refiere que desde el 2009 manejan 750 casos, el 50% menores de edad, y de ellos, el 90% víctimas de delitos sexuales.

Según él, existen trabajadoras sociales, psicólogos, médicos y agentes investigadores a los que Rosa y Lourdes no han tenido acceso. La que sí ha sido incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos es la familia de la niña que recibió 17 puñaladas de su padrastro, Julio Contreras, en enero pasado, quien está preso y es investigado.

Publicidad

Sin embargo, la Fiscalía no establece aún qué sucederá después con la pequeña, que al momento recibe asistencia psicológica en el hospital donde se recupera. “Existe la intención de la madre de trasladarla a Colombia, de donde es ella”, expresa la fiscal Ana Cristina Veintimilla.

“La voluntad de los padres o protectores de los menores abusados (sexualmente) es imprescindible para ser parte del sistema de Protección a Víctimas y Testigos”, sostiene esta fiscal encargada del caso.

Lourdes Jara y Anabelle Arévalo, psicólogas de la Fundación Kairós y Cepam, respectivamente, critican la negligencia y lentitud de los procesos investigativos que a la larga terminan en la impunidad o en más violencia, porque desde el principio no se sancionó al abusador. Aunque también reconocen que a veces prima la falta de colaboración de los padres.

Ahí se encasilla el caso de Lily, una niña que se convirtió en madre a los 10 años tras haber sido abusada sexualmente por Alberto Andrade Sánchez, conviviente de su madre, quien la agredía cuando ella salía a trabajar. La Fiscalía del Guayas lo encontró culpable y el 4º Tribunal Penal lo sentenció a 16 años de reclusión mayor. Pese a eso, la madre de la menor seguía visitándolo cada vez que podía en la Penitenciaría.

En otras ciudades como Portoviejo, si bien el Programa de Protección a Víctimas y Testigos asiste con el tratamiento psicológico, la falta de seguimiento y continuidad por parte de los padres trunca la asistencia a las víctimas de este delito, que tiende al aumento. En la Unidad de Delitos Sexuales, en el 2009, de 164 denuncias subieron a 230 en el 2010, el 80% a menores.

Lo mismo ocurre en Cuenca, en donde la cifra de violaciones a menores en el 2010 alcanzó a 171. No obstante, el dato solo registra a quienes recibieron atención del Programa de Víctimas y Testigos o que fueron derivados a centros privados. Otro 50% no se acoge a ningún programa porque los padres los llevan a otros centros o no consideran necesario, refiere Soraya Quintero, fiscal de la Unidad de Víctimas y Testigos del Azuay.

“Como Estado nos corresponde proteger a todos los niños. Cuando conocemos que los menores están en riesgo, como Fiscalía pedimos al juez de la Niñez y Adolescencia o a la Dinapen que recuperen a esos niños y los trasladen a un hogar infanto-juvenil”, dice Villagómez.

Ricardo Jiménez, juez adjunto del Juzgado 1º de la Familia, Mujer y Adolescencia, coincide con Villagómez en que en casos de extremo peligro se dispone que algún familiar debidamente calificado o un hogar infanto-juvenil se haga cargo de él.

Sin embargo, no ha sido la atención que ha recibido Rosa, quien ha optado por deambular en las calles del suburbio de Guayaquil, duerme en sitios que aún su familia desconoce y departe con quienes su tía cree que la podrían llevar a la perdición.