La Policía Nacional celebra hoy su septuagésimo tercer (73) aniversario de profesionalización no solo con el enorme encargo de mejorar su tarea de resguardo ciudadano sino con un profundo proceso de reestructuración a cuestas.

La profesionalización de la Policía llegó el 2 de marzo de 1938, luego de que el jefe supremo del Gobierno, general Alberto Enríquez Gallo, creara el Cuerpo de Carabineros con un alcance nacional y con la entidad, la primera Escuela de Formación de Oficiales que hasta hoy lleva el nombre del general que ordenó el cambio.

En 1944, el intento de transformar las estructuras del Cuerpo de Carabineros generó un enfrentamiento en el país, que terminó con el cambio de Cuerpo de Carabineros a Guardia Civil Nacional. Pocos meses después el presidente Galo Plaza Lasso modificó este nombre y colocó el membrete institucional que hasta ahora identifica a la fuerza policial: Policía Nacional del Ecuador.

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El general Rodríguez Lara, en 1975, expide la Ley Orgánica de la Policía y se determina que la Subsecretaría de Policía –del Ministerio de Gobierno– sea el organismo de coordinación entre esa Secretaría de Estado y la institución policial.

Junto al proceso de cambio y modernización que en distintas épocas ha vivido la institución hay hechos de conmoción nacional que marcaron el transcurrir histórico de la Policía. Estos golpes han dibujado en la sociedad el rostro de una policía violadora de derechos humanos.

Entre ellos, el caso Restrepo (8 de enero de 1988), en el que fueron detenidos y desaparecidos los jóvenes Santiago y Pedro Restrepo, de 17 y 14 años. Dos años después, el presidente Rodrigo Borja formó una comisión internacional para investigar la desaparición. Las investigaciones demostraron que los jóvenes fueron asesinados por excesos policiales ocurridos en el desaparecido Servicio de Investigación Criminal (SIC).

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Debido a este y otras violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, el presidente Rafael Correa creó una Comisión denominada de la Verdad que determinó que durante el periodo presidencial de León Febres-Cordero se efectuaron 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual. Las acusaciones recayeron sobre varias autoridades policiales.

La sombra de tortura y malos procesos policiales han alcanzado a épocas actuales. El caso Fybeca, en el 2003, y el caso Cedeño, en el 2009.

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Los mandos actuales de la Policía, con esfuerzos aislados, trataron de dar un vuelco a esta imagen. La institución internamente inició reestructuraciones para mejorar los procesos de detención e investigación.

En medio de estas y otras realidades asumió el poder el presidente Correa. Desde el 2007, los procesos de cambio en la institución se empezaron a vivir con mayor profundidad.

Con la declaratoria de emergencia de la Policía se viabilizó la compra de material para la acción policial (armas, chalecos, equipos de comunicación, etcétera) y la reconstrucción de infraestructura necesaria.

Un año después, con la naciente Constitución quedaron las bases legales para que la Policía sea pensada como una institución de carácter civil. En esa medida se fue construyendo una Ley Orgánica que deje al personal de la institución solo para temas operativos y los aleje de los administrativos (compras, manejo de bienes, manejo de personal civil) y legales.

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El Decreto Ejecutivo 632 fue un adelanto de lo que se le viene a la institución. Con la acción se oficializó el paso de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía, así como de la reorganización administrativa de la institución, al Ministerio del Interior.

El 30 de septiembre, día de la revuelta policial, fue el punto de quiebre en la historia institucional. Una protesta por la supuesta afectación en sus compensaciones hizo que la relación con la ciudadanía quede tocada gravemente.

El poder político sintonizó ese desprestigio institucional y apresuró los cambios. La mejora de sueldos, la creación de soluciones habitacionales y el cambio en la lógica de pases vino acompañada de decisiones que dejaban a la Policía en temas netamente operativos.

Hace una semanas el ministro Coordinador de la Seguridad, Homero Arellano, anunció que el Gobierno creará en la Policía una rama civil dedicada a la investigación. Con esto, el Ministerio del Interior manejaría dos grandes brazos para combatir la inseguridad. Uno será la Dirección General de Policía, que manejará al personal en tareas de prevención (aquí desaparece el comandante general y se crea la figura de director); y otro será la Dirección General de Investigaciones, dirigida por un civil y estará a cargo de los nuevos detectives.

Pese a la explicación, el ministro del Interior, Alfredo Vera, sostuvo que el proyecto no busca dividir a la Policía. Aseguró que toda la vida “han existido dos policías, la policía normal y la Policía Judicial (PJ), entonces no sé de dónde sorprende o llama la atención o se habla de división de la Policía, si siempre ha existido un segundo elemento paralelo que se llama PJ”.

La reestructuración anunciada ha generado dudas en el mando policial, quien pidió la semana pasada al Gobierno que respete la institucionalidad de la Policía.

El Jefe de Estado Mayor, general Wilson Alulema, manifestó que “hay una intención de debilitar a la institución para facilitar los cambios y creo que ese es un camino equivocado”.

El ministro Vera le contestó señalando que esas declaraciones fueron malinterpretadas y ayer durante una rueda de prensa dijo que los policías legalmente están impedidos de dar declaraciones en temas que no sean de tipo operativo.

Cronología: Relación del Gobierno de Correa y la institución
2007, 27 de enero
Al inicio de la administración de Rafael Correa un proceso de purga interna sacude a la Policía. Bolívar Cisneros es nombrado comandante.

2007, 2 de abril
Se crea una Comisión de Modernización de la Policía con el fin de elaborar un plan de emergencia para transformarla en una entidad confiable y competente.

2007, 11 de octubre
El mandatario suscribe un decreto con el cual se declara en emergencia a la Policía. El Gobierno se compromete a entregar $ 300 millones en varias fases del proceso de modernización.

2008, 10 de abril
Bolívar Cisneros es reemplazado en el mando por Jaime Hurtado Vaca. El cambio ocurrió porque la Policía no entregó a la Presidencia información sobre el caso de Franklin Aisalla, muerto en el ataque colombiano al campamento de las FARC en Angostura.

2010, 7 de junio
Una Comisión de la Verdad, creada por Correa, determinó que en el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988), autoridades policiales cometieron violaciones de DD.HH. Según la Comisión, se efectuaron 32 ejecuciones extrajudiciales, 9 desapariciones y 214 privaciones ilegales de la libertad. El caso más sonado fue la desaparición de Santiago y Andrés

Restrepo, de 17 y 14 años, cuyos cuerpos no fueron localizados. El informe de la Comisión confirmó que los responsables fueron agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC).

2010, 30 de septiembre
Una protesta se produce en el Regimiento Nº 1 de Quito. El presidente es retenido en el Hospital de la Policía, donde denuncia que intentaron matarlo. Correa consideró la revuelta como “un intento de golpe de Estado”.