Caso Holcim fue precedente del reclamo

El Estado ecuatoriano obligó a la empresa Holcim, antes llamada La Cemento Nacional, a pagar las utilidades que reclamaba un grupo de extrabajadores tercerizados.

En noviembre del 2007 la Procuraduría General dispuso que se cancelen $ 31’670.874,28 por utilidades atrasadas, aunque en su pronunciamiento no especificó cuántas personas se beneficiarían.

El procurador de la época, Xavier Garaycoa, señaló que la firma cementera no repartió sus ganancias entre los años 1999 y 2003 sobre los valores establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), respecto a las declaraciones del Impuesto a la Renta que la compañía tuvo en ese periodo.

Garaycoa sostuvo que el artículo 18 de la Constitución vigente determina que “los derechos y garantías previstos en la Constitución serán aplicables directa e inmediatamente por cualquier juez, tribunal o autoridad” y que el artículo 35 dice que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”.

La cancelación se concretó en diciembre de ese año, cuando los exempleados de varias intermediarias que laboraron en Holcim pudieron acercarse a cobrar en la Subsecretaría de Trabajo del Litoral.

El entonces ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, mediante resolución del 4 de julio del 2007 había aceptado el reclamo de los perjudicados.

Luego revocó su decisión, pero la Procuraduría del Estado finalmente se pronunció a favor de los extrabajadores.

Este caso es la base del litigio que desde el 2008 pugnan cerca de mil trabajadores y extrabajadores de Cervecería Nacional, que también pertenecieron a empresas intermediarias.

La batalla contra Holcim surgió luego de que la entonces La Cemento Nacional despidiera a varios empleados.

Lo hizo antes de vender sus acciones a la multinacional suiza Holcim.

En el 2005 empezaron las protestas en Quito y Guayaquil, al punto que en noviembre de ese año varios manifestantes se tomaron el Ministerio del Trabajo y causaron destrozos, lo que derivó en detenciones.