En mayo del 2005, un desafiante Ministro de Finanzas se entrevistó con David Yuravlivker, quien para entonces era representante del Fondo Monetario (FMI) en Ecuador, para hacer un análisis de la situación económica del país. Cuando ingresaba a la reunión, el joven ministro Rafael Correa dijo a la prensa que Ecuador no necesitaba un acuerdo con dicho organismo multilateral.

A la salida, aseguró que nadie puede exigirle al país el cumplimiento de “recetas” que incluían la privatización del petróleo y la eliminación del subsidio al gas.

En ese momento se mostraba partidario de consultar al pueblo, en elecciones, sobre este tipo de medidas.

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Un poco más de cinco años después, ya como presidente de la República, Rafael Correa y su equipo de trabajo hablan de la posibilidad de focalizar u optimizar las subvenciones estatales. En abril del 2010, el mandatario ya advertía que el subsidio al gas, por ejemplo, beneficia a los más ricos y que es necesario “perfeccionarlos”.

¿Qué significa “perfeccionarlos” u “optimizarlos”, dos palabras que las autoridades –incluidas las de los gobiernos anteriores– repiten con insistencia cada vez que tratan este tema en público?

Hasta ahora ambos términos solo engloban posibilidades, intenciones enfrentadas al rechazo popular, con su consecuente costo político, pero nada en concreto. Es decir, la posibilidad de focalizar o eliminar el subsidio, pero sin explicar cómo, ni a quién, ni bajo qué parámetros o criterios.

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Esta “optimización” de las ayudas estatales será tratada en un taller gubernamental en las próximas semanas. Allí se analizará, entre otras propuestas, el “informe final del estudio ‘Los subsidios energéticos en el Ecuador’”, elaborado por pedido del Ministerio de Coordinación de la Producción.

Este documento fue dado a conocer por la prensa durante esta semana, pero ayer, en su enlace radial sabatino, el presidente Correa lo minimizó y lo calificó como un “vulgar estudio”.

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¿Pero cuál es la razón para que el Gobierno analice la eficiencia de los subsidios ahora? Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), el enorme gasto y el agotamiento de las fuentes de financiamiento le llevan al Gobierno a buscar recursos en la eliminación de subsidios.

“Cuando fui ministra, en el 2008, el Presidente se enojó por haberle anticipado de que íbamos a tener déficit y que debíamos tener una estrategia de mediano y largo plazo”, recordó Wilma Salgado, ex ministra de Finanzas de este Gobierno.

Para Carrera, lo paradójico es que se piense en esta posibilidad en medio de un boom petrolero que le ha permitido a la revolución ciudadana recibir, durante los cuatro años en el poder, unos $ 35.000 millones en ingresos derivados del crudo, de los cuales el 30% se va en subvenciones.

El problema es que el activo petrolero se está diluyendo en gastos corrientes; es como vender el departamento y farrearse toda la plata, dice Carrera.

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Salgado aconsejó al Gobierno que antes que optar por una eliminación de subsidios, se piense en promover inversión alternativa, como las grandes obras no sean cargadas totalmente al presupuesto, sino que se abran espacios para la participación privada o a cualquier ecuatoriano, con el fin de canalizar los excedente de liquidez.

La ex ministra coincide con el OPF en que mucho del excesivo gasto es de tipo corriente (que no genera una rentabilidad) y que esto agrava la situación que los subsidios.

Salgado y Carrera, dos economistas de tendencias opuestas, la primera de izquierda y el segundo de derecha, coinciden en que no vale la pena sincerar las cifras de los subsidios si se mantiene la misma política de gasto incontenible.

Las proyecciones de la pro forma del 2011 permiten observar que mientras se prevé gastos por $ 18.215 millones, según el OPF estos no llegarían sino a $ 17.272 millones. Eso aunque la cifra de sueldos de la pro forma es menor a lo que realmente se gastaría en este año.

Según el esquema de cálculo, se gastarán realmente $ 6.823 millones. En cambio, en el ajuste estará la inversión, pues aunque está presupuestado gastar $ 7.350 millones; debido a la falta de ejecución se podría llegar a $ 6.659 millones.

Jaime Carrera explicó que el modelo político de Correa se basa en el gasto para mantener su popularidad. En este sentido, advierte un riesgo político en el caso de implementar una medida de ajuste.

“Los gobiernos que quieren cambiar las estructuras no son populares si deben tomar medidas difíciles”. Ejemplo de ello es lo que acaba de suceder en Bolivia, cuando su presidente, Evo Morales, tuvo que retroceder y dejar sin efecto el alza del precio de la gasolina.

Algunos políticos de oposición, como Fausto Lupera (de Sociedad Patriótica) ya hablan de un “paquetazo gradual”.

Para Lupera, más que en lo político, sería inconveniente la eliminación de subsidios, pues los costos serán trasladados al consumidor, al ciudadano.

Declaraciones: Del presidente correa
“La partidocracia pretende seguir con la imposición neoliberal: eliminar el contrabando quitando el subsidio al gas y otros. Pierden el tiempo”.
Junio del 2007

“El 60% del subsidio beneficia a los más ricos..., con la eliminación y el aumento del Bono de Desarrollo Humano se logrará que la focalización sea más eficiente”.
Febrero del 2008

“(El estudio del Ministerio de Coordinación de la Producción) es una vulgar consultoría. No se tocará el subsidio al gas ni al combustible”.
15 de enero del 2011