Los cuestionamientos que emitió el Gobierno sobre la administración de justicia en el proceso de medidas cautelares dictadas en contra de la Cervecería Nacional (CN) generan diversas reacciones en la Función Judicial y el sector empresarial.

La presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, calificó ayer como una ‘interferencia’ e ‘irrespeto’ a la Función Judicial el hecho de que el régimen, a través de los ministros de Justicia, José Serrano; de Industrias, Verónica Sión, y de la Producción, Nathalie Cely, hayan dado un pronunciamiento sobre el fallo que emitió el Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia contra la Cervecería.

“Es una interferencia a la Función Judicial. Hay mecanismos viables en la ley para que el fallo de esa jueza sea ratificado o revertido”, dijo Jiménez, al subrayar que si alguien se siente afectado puede recurrir a las instancias pertinentes.

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Jiménez consideró que el Gobierno debió evitar un pronunciamiento abierto sobre el caso. “Esto es una impertinencia hasta infantil que se pronuncien así, en abierta, ¿o sea que ellos están parcializados?”.

El 26 de noviembre, el Juzgado Noveno de la Niñez y la Adolescencia prohibió la venta de las cervezas Pilsener y Club y dispuso otras medidas cautelares como la retención de hasta $ 90,9 millones de las cuentas de CN por un reclamo de ex trabajadores que exigen el pago de utilidades de 16 años.

Durante una rueda de prensa, el miércoles, el ministro de Justicia, José Serrano, indicó que es evidente la manipulación en este proceso, incluso el uso arbitrario de acciones constitucionales, para beneficiar intereses que deberán ser investigados civil y penalmente.

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Jiménez indicó que “no es adecuado que instituciones del Estado den conceptos apriorísticos para decir este tenía razón y este no”, y criticó que se emitan posiciones generalizadas.

Al referirse al proceso en el que los ex trabajadores de la Cervecería reclaman el pago de utilidades, Serrano señaló: “No es una defensa de los derechos laborales que está en juego, sino que detrás de ella se esconden otros intereses económicos”.

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Roberto Sánchez, secretario del Sindicato de Trabajadores que pidió las medidas cautelares contra la CN, lamentó la postura del Gobierno que, según él, se distancia de los trabajadores. “Ellos piensan que la jueza se ha vendido a nosotros y lo que ella ha hecho es justicia”, aseguró, tras ratificar que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, es una de las personas que han impedido que les paguen las utilidades porque fue abogado de la Cervecería.

Consultado sobre el proceso, Mera sostuvo: “Estos trabajadores son unos sinvergüenzas, que han engañado a unos pobres trabajadores con unas órdenes prescritas y quieren a toda costa, quién sabe con qué fines. Que demanden judicialmente si quieren conseguir las cosas, pero no a la rápida y traficando influencias. Son unos sinvergüenzas”.

Ayer, los ex colaboradores de CN efectuaron un plantón en los bajos de la Corte para respaldar las decisiones del Juzgado Noveno.

La jueza Daysi Aveiga evitó comentar sobre la posición del régimen y señaló que ella solo se pronuncia a través de las providencias.

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En tanto, el sector empresarial se mostró inquieto por las medidas dictadas en contra de la CN y que impiden la comercialización de Pilsener y Club.

Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, expresó su preocupación por la forma como se ha llevado el proceso y criticó lo que llamó “la total impertinencia de las medidas cautelares”, así como la falta de proporcionalidad de las mismas.

“Es preocupante que se dicten este tipo de medidas que van en contra de la seguridad jurídica, afectan el debido proceso y generan un clima de inestabilidad para hacer negocios. Se está creando un precedente muy negativo que abre la puerta para que, en el futuro, otras compañías puedan ser objeto de acciones similares”, sostuvo el dirigente gremial.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, comparte una postura similar. “Lo vemos como un caso paradigmático de inseguridad jurídica. No nos deja en buen predicamento frente a la comunidad internacional, no se diga frente a eventuales actores que pudieran ver con interés la inversión al Ecuador”, expresó.

Acerca del cuestionamiento realizado por el Ejecutivo al fallo judicial, a Aspiazu le pareció tardío pero mencionó que “vale más tarde que nunca”.

La Cervecería Nacional estimó que el pronunciamiento del Gobierno era una posición de respaldo sensata, que lo que busca es afianzar la seguridad jurídica del país, refirió Santiago Trejo, ejecutivo de la compañía.

Los pedidos
Gremio: La Cámara de Industrias de Guayaquil pidió que el Consejo Nacional de la Judicatura investigue a los jueces que han llevado los procesos que se siguen contra la Cervecería.

Marcha: Hoy, a las 14:00, los trabajadores activos de la Cervecería efectuarán la marcha de las ‘camisetas amarillas”.