Caducidad de la prisión preventiva, una historia de cambios en 12 años

Carlos Junior Santana Anchundia, Tierrita, el hombre que en mayo pasado fue sentenciado a 25 años por haber sido partícipe del asesinato de la modelo Claudia Poppe y su madre, Sonia Jaramillo, el 13 de septiembre del 2009, es el “ejemplo más claro” que tiene la asambleísta Cynthia Viteri (MG) para sustentar que la “detención obligada” debe implementarse.

Esa reforma, que ella presentó por primera vez el año pasado en la Asamblea y repitió en septiembre pasado adjunta a 47 mil firmas de ciudadanos, sería una medida similar a la detención en firme que estuvo vigente del 2003 al 2007, hasta que se publicó en el Registro Oficial la resolución del Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), que en el 2006 decidió que recobre vigencia la caducidad de la prisión preventiva; es decir, que no debían estar más de seis meses presos quienes cometen los delitos castigados con prisión; y más de un año los que incurren en delitos sancionados con reclusión.

Viteri cita el caso de Santana porque este, antes de cometer el doble crimen junto a Álvarez Conforme, alias Nayder; y David Morales Calucha, Osito (prófugo), estuvo involucrado en un asalto y violación en una casa de Kennedy norte. Fue detenido, pero en diciembre del 2007 fue beneficiado por el año sin sentencia. Antes de que se cierre el caso Poppe, la justicia le aplicó 9 años por ese delito.

La asambleísta, quien asegura que en 1998 el Partido Social Cristiano (PSC), del que ella era parte, no participó en la redacción del art. 24-8 en la Asamblea de Sangolquí, pues se retiró el 30 de abril (porque hasta esa fecha fueron electos), dice que desde entonces tiene once años (del 1999 al 2010) luchando para que los detenidos no sean beneficiados por leyes como las que hoy están vigentes.

“No entiendo por qué si la Constitución del 98 era tan mala, en Montecristi se ‘resucitó’ la prisión preventiva y se retomó el artículo 24-8 (ver recuadro adjunto), con una gravedad de que la prisión preventiva sea el último de los recursos que se le debe dar a un acusado de delito, pues siempre debe prevalecer la opción de las medidas cautelares”, critica la asambleísta.

Cuando refiere el tema, Santiago Velázquez, presidente del TC en la fecha que recobró vigencia la caducidad de la prisión preventiva, defiende la decisión que tomó entonces ese organismo, “porque la detención en firme era inconstitucional, violaba el artículo 24, literal 8 de la Constitución”, asevera.

Considera que si los fiscales y jueces hubieran actuado con diligencia, antes y ahora, se podrían resolver lo antes posible todos los casos pendientes sobre los detenidos; además, refiere que la decisión se tomó “porque respetar los derechos de las personas privadas de libertad es parte de los convenios internacionales que mantiene Ecuador con otros países”.

Uno de los más críticos a la decisión que entonces tomó el TC fue el ahora fiscal general, Washington Pesántez, quien en esa época era el ministro fiscal de Pichincha. “Aparentemente los vocales del TC no conocen el proceso penal”, expresó; y explicó: En la detención preventiva, una persona puede estar detenida tres meses... Entre el llamado a audiencia, recusación de jueces, se cumplen seis meses y entre las audiencias, el llamamiento a juicio y recurso de apelación (que puede durar 135 días de acuerdo con los plazos de ley) se cumplen casi nueve meses. Lo que impedía cumplir plazos de seis meses (en casos de prisión) o un año (en reclusión) para dictar sentencia.

A los pocos días, Ernesto Pazmiño, director de la Defensoría Pública, envió una carta a la Corte de Justicia para indicar que cumpla con la disposición constitucional y que, sin restricciones, se aplique la caducidad de la prisión preventiva.

Una vez que el TC decidió que la caducidad de la prisión preventiva recobre vigencia, el Congreso Nacional del 2007, por iniciativa del diputado Carlos González (ID), aprobó una ley interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal con la intención de frenar la salida de alrededor de 3.589 internos de las cárceles del país. Todos por diferentes delitos, entre ellos estaban Tierrita y sus cómplices.

Un informe del Consejo de la Judicatura del 2009 indica que de 24.958 audiencias, no se realizaron 6.854: 2.280 por “artificios legales”; 2.299 no especificaron el motivo; 963 por problemas de la Fiscalía; 820 por ausencia de testigos; 321 por inconvenientes de los centros de Rehabilitación; 156 por la función judicial; y, 15 por otros.

Otra crítica que hacen asambleístas de oposición, liderados por Viteri, es el beneficio del 2x1 que han recibido detenidos, sustentados en el artículo 32 del Código de Ejecución de Penas, que ha beneficiado a 5.696 personas de enero del 2007 a mayo pasado, según los registros del Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Uno de los casos más conocidos en el país fue el del ex gobernador de Manabí, César Fernández, quien en el 2004 fue sentenciado a 16 años por narcotráfico, de los cuales solo cumplió 6 años, 6 meses, porque primero se benefició de la reducción de la pena de 16 a 12 años de prisión; y en mayo pasado del “perdón” de la mitad de la sentencia o 2x1.

“Se vive señalando a los jueces como responsables, o a todo el proceso investigativo, y la policía, pero no reconocen que estamos frente a leyes pro reo; y que el sistema es caduco”, dice Viteri; y coincide con el ministro fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, quien en días pasados, indicó que la función judicial, “es cuello de botella”, pues ¬en Guayas¬ mientras pronto serán 152 fiscales, solo hay 27 jueces penales. “Vaciaron las cárceles antes del Bicentenario, en lugar de sentenciar el delito”, concluye Cynthia Viteri.

1998
Asamblea de Sangolquí
Aprueba el artículo 24, literal 8: La prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. En todo caso, y sin excepción, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el preso recobrará su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.

2003
Detención en firme
Con patrocinio de la diputada Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC), en enero entra en vigencia en el Código de Procedimiento Penal la figura legal de la detención en firme, medida que permitirá mantener tras las rejas a la persona que ha sido convocada a juicio.

El documento legal se transformó en ley porque el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano no tuvo objeciones respecto al texto aprobado por la Legislatura. Además, se permite al ofendido presentar acusación particular...

2006
Tribunal Constitucional
En septiembre de este año, el Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, que presidía Santiago Velásquez, hizo que recobre vigencia la caducidad de la prisión preventiva, estipulada en el artículo 24, literal 8, de la Constitución vigente en ese momento. La decisión indicaba que deberían obtener su libertad las personas que permanecían tras las rejas sin sentencia más de seis meses (para los delitos sentenciados con prisión) y más de un año (para los delitos que son sentenciados con reclusión).

2007
Congreso frena liberaciones
16 de Octubre, 83 de los 84 presentes en el Congreso, aprueban ley interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que intenta frenar la salida de alrededor de 3.589 internos de las cárceles del país.

El documento, que consta de dos artículos, fue aprobado en segundo y definitivo debate, en tan solo 10 minutos. Según la nueva norma los presos que no tenían sentencia no podían recuperar su libertad si en el proceso existieron “tácticas dilatorias de las partes (como no presentarse a audiencias)”.

2008
Asamblea de Montecristi
Se repite el contenido del 24-8 de la Constitución de 1998, que ahora es el articulo 77: En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas...; literal 9: Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en los delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto...

Cara o sello: Lo que se comentó
Santiago Velázquez
EX PRESIDENTE DEL TC
“La detención en firme era inconstitucional, además irrespetaba los convenios internacionales que ha firmado Ecuador”.

Cynthia Viteri Jiménez
ASAMBLEÍSTA MG
“Se preocuparon de vaciar cárceles antes del Bicentenario en lugar de decir ‘no habrá presos sin sentencia antes del Bicentenario’”.