Todavía existen ladronzuelos que roban para comer. En su gran mayoría son jóvenes sin educación, empleo ni futuro, que sufren el daño de políticos incapaces que no supieron cumplir sus promesas. Pero no nos confundamos, no son esos ladronzuelos los que protagonizan la pesadilla brutal de asesinatos que hoy nos conmueve sino poderosas mafias de historia muy reciente. En el siglo XXI, los peores delincuentes son también grandes empresarios capitalistas. El delito se ha convertido en un negocio con altísimas tasas de rentabilidad. Si todavía no cotiza en bolsa, es solo porque la ley no se lo permite.

El Presidente tiene otro diagnóstico y por eso nos va tan mal en la lucha contra la delincuencia. Él cree que los criminales son personas pobres que no tienen empleo y por eso delinquen. Esta interpretación ofrece la conveniencia de que lo exime de visitar los cuarteles, de hablar con la tropa, de conocer el delito de cerca. ¿Para qué, si el problema no es policial sino social? Hace más de dos años fue a la Trinitaria y ofreció que sería zona liberada de crímenes. Todavía confiaba en que los dementes del socialismo del siglo XXI le generarían millones de plazas de trabajo. El plan, por supuesto, falló, y hoy en la Trinitaria hay más desempleo. (¿Y ahora cómo salimos de semejante bochorno?, se habrán preguntado en el Gabinete. Muy sencillo: hay que echarle la culpa a Jaime Nebot. Según el nuevo Correa –luego de su pelea con Ricardo Patiño–, los encargados de crear empleo ya no serán los gobiernos socialistas sino... los alcaldes).

Por allí habrá que comenzar entonces, quitándole al Gobierno el control de la Policía, para que lo asuman los gobiernos locales, sobre todo los cabildos. De lo contrario, si no cambiamos de comandante, en Quito, en Guayaquil, en Manta o en Cuenca, seguiremos durmiendo entre llantos.

Los alcaldes son más sensibles a la presión de sus electores. La corta experiencia de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil lo demostró. La presión ciudadana hizo comprender a Jaime Nebot que la solución no era contratar guardias privados ni esperar a que se establezca una discutible y polémica pena de muerte, sino dotar de recursos a la Policía y fiscalizar su actuación. También se inició, por primera vez, un efectivo trabajo social, a cargo de Nelsa Curbelo, que consiguió reinsertar a varios pandilleros.

Pero la Revolución Ciudadana, convencida por entonces de que los delincuentes no existían y de que tanta bulla se debía solo a una falsa “percepción” fabricada por la prensa, destruyó el vínculo que se había tejido entre Policía y Municipio.

Tengo la impresión de que para alcanzar este objetivo habrá que presionar también a Nebot, que está demasiado acostumbrado a hacerse cargo solo de las competencias que funcionan. Ahora ha presentado una lista de “condiciones”. Lo comprendo, nadie quiere que lo utilicen, y si el Gobierno ya le está echando la culpa a él, qué será cuando el Municipio intervenga. Pero no estamos para pensar en prestigios. Está en juego la vida de nuestros niños. Arriesguémonos todos los guayaquileños, hagámonos cargo nosotros de nuestra seguridad. Que el Cabildo encabece, pero con la condición (esa sí una condición legítima) de que todos nos comprometamos a participar. Estoy seguro de que si nos empeñamos, el balance solo podrá ser altamente positivo.