Fiscal celebra logro ante la CIDH

EFE
Quito.- El fiscal general Washington Pesántez calificó como "bueno" para su país que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido una denuncia contra Colombia por la muerte de un ecuatoriano en el bombardeo a una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano en 2008.

"Eso es lo que corresponde y eso es bueno para Ecuador", dijo Pesántez cuando periodistas le preguntaron sobre la decisión de la CIDH, tras una audiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes pasado.

Para el procurador Diego García la decisión de la Corte Interamericana de admitir a trámite la demanda es un hecho inédito. Agregó que Ecuador busca que Colombia reconozca que una vez producida la operación Fénix y la incursión de su Ejército en territorio ecuatoriano, tomó el control de una zona del territorio que fue Angostura y que allí se ejecutó a un ciudadano ecuatoriano.

Aunque no se descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con Colombia, García indicó que la aspiración de Ecuador es que el gobierno de Colombia se comprometa a no repetir algo similar, que repare los daños y reponga los perjuicios ocasionados a la familia de Aisalla.

La Comisión, que es un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), comunicó su decisión a las partes en los últimos días. Colombia había mantenido que la CIDH no era competente para ver el caso.

Se trata de la primera vez en que la Comisión admite una denuncia de un país a otro desde su creación en 1959.

En el bombardeo colombiano contra la zona ecuatoriana de Angostura, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado un campamento murieron 26 personas, entre ellas el número 2 de la guerrilla, Raúl Reyes, el ecuatoriano Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.

Ecuador presentó la denuncia en junio del 2009, por la muerte de Aisalla.

En una audiencia en Washington en marzo de este año ante la CIDH, García pidió a Colombia una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la "ejecución extrajudicial" de la víctima.

En su denuncia ante la CIDH, el Gobierno ecuatoriano sostiene que Aisalla falleció en "una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero", y según su versión de los hechos pereció por golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza. Colombia dice que este murió por el bombardeo en sí.