Un grupo de 47 asambleístas de diferentes organizaciones políticas, excepto PAIS, solicitó a Navanethem Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se viabilice una investigación independiente sobre el cometimiento de “gravísimas violaciones a los derechos humanos en Ecuador el 30 de septiembre de este año”.

Las firmas que se incluyen en el documento de 23 páginas corresponden a asambleístas de Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, Socialcristianos, Izquierda Democrática, Prian, Alianza Libertad, PRE, Movimiento Municipalista, Pachakutik, MPD, Miosa y Concertación Nacional.

Dentro de la carta, los asambleístas piden que se determine la responsabilidad que el Gobierno ecuatoriano y otros actores pudieran haber tenido en las violaciones a los derechos humanos ocurridas el día de la sublevación policial; y, que en caso de comprobar las violaciones se disponga que el Estado repare de manera adecuada a las víctimas del no razonable uso de la fuerza militar.

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Durante la presentación de la petición, el asambleísta César Montúfar (CN) indicó que ese día hubo “violaciones graves en contra de los internos de la Policía, en contra de los televidentes, de los asambleístas y de periodistas”.

Explicó que esta investigación durará meses e incluso años, porque no es apresurada, pues se tendrá que indagar todos los hechos de manera detenida e imparcial.

Montúfar dijo que este proceso podría terminar en la Corte Internacional de La Haya, si es que se determina que el asalto militar al hospital y el rescate del Presidente fue una orden que violó los artículos 19 y 20 de la Convención de Ginebra, lo cual podría ameritar un proceso dentro de la Corte Penal Internacional.

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Lourdes Tibán (PK) señaló que la investigación ayudará a desconfigurar “el falso discurso de golpe de Estado que se ha creado en el país”.

Añadió que la justicia ordinaria, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia no han demostrado una sola investigación imparcial, pues “únicamente están detenidos los que el Presidente de la República ordena”.

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El coordinador del bloque PAIS, Juan Carlos Casinelli, rechazó la petición de los 47 asambleístas firmantes, pero dijo que respeta la decisión.

Según el oficialista se pretende confiar en justicias extranjeras sobre hechos evidentes en el país y lo único que se hace es contribuir a la mala reputación del Ecuador en el exterior.

Mencionó que ya se está haciendo una investigación a través de la Fiscalía y el Consejo de Administración Legislativa, por lo tanto, “tenemos que empezar confiando en lo nuestro”.

Dudó que el informe que pueda emitir la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sea vinculante.

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“El único informe vinculante en materia ecuatoriana es el que presente la Fiscalía y lo ponga en manos de la judicatura, que es el organismo encargado de establecer justicia, por lo tanto, es un desacierto que se pretenda establecer si hubo o no un golpe de Estado en el Ecuador”, advirtió Casinelli.

Ángel Vilema (PAIS) consideró que no es pertinente pedir una investigación internacional, cuando aún no se conocen los resultados de los procesos iniciados; dijo que hay que evitar el caos político que pueda generar la solicitud.