Indefinida e ininterrumpida

Pedro X.Valverde Rivera
Según información aparecida en los medios de comunicación, en el año 2009 el Ecuador fue el país con la mayor cantidad de cadenas nacionales de Latinoamérica: más de 230.

Para que usted tenga una idea de la magnitud de esta cifra, amigo lector, los ecuatorianos tuvimos cien cadenas más que la República Bolivariana de Venezuela.

Seguramente en el 2010 estamos “luchando” por mantener ese triste liderato regional.

Esas 230 cadenas nacionales a su vez se descomponen en tres diferentes rubros: uno, los informes semanales a la nación; dos, las aclaraciones y ataques contra los actores políticos respecto de decisiones del Gobierno o conflictos de este con sectores sociales por decisiones en curso; y tres, para atacar a medios de comunicación, periodistas y/o comunicadores respecto de información o comentarios independientes o críticos a la gestión oficial.

En este entorno de invasión abusiva e ilegal de parte del Gobierno a los espacios que, más que a los propietarios de los canales de televisión y emisoras de radio, le pertenecen al ciudadano común en la medida que este tiene derecho de informarse libremente y escoger cómo y cuándo hacerlo, se produjo la ahora inolvidable cadena “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre del 2010.

Muchos ciudadanos y radiodifusores cayeron en el error de pensar que la cadena nacional de radio y televisión de ese funesto día estaba sustentada en el estado de excepción dictado por nuestro “secuestrado” Presidente.

Pues no, amigo lector. La cadena, comunicada como obligatoria a todos los medios audiovisuales por el Ejecutivo, se sustentó en la Ley de Radio y Televisión y su reglamento.

Es decir, fue una cadena más de las cientos que este Gobierno ordena al año, solo que esta fue indefinida e ininterrumpida.

Porque el decreto de estado de excepción no suspendió ningún derecho constitucional, de modo que no existió ni existe censura previa ni está limitada la libertad de información.

En consecuencia, el jueves 30 de septiembre el Gobierno nacional simplemente conectó de forma abusiva a todas las emisoras de radio y televisión a la señal del canal oficial del Gobierno por más de seis horas, haciéndoles creer que estaban obligadas a hacerlo en función de la norma legal antes citada.

Y digo que fue abusiva e ilegal la cadena nacional antes referida, porque la Ley de Radio y Televisión y su reglamento (que dicho sea de paso son inconstitucionales) establecen la facultad de ordenar cadenas nacionales, pero solo pueden durar hasta 10 minutos a la semana y deben ser notificadas 24 horas antes, salvo cuando se trate del Presidente de la República (esta perlita fue incorporada mediante la reforma al reglamento que hizo la revolución en el 2007).

Pero así mismo, el reglamento en su artículo 59, inciso segundo, dice textualmente:

“…Estos espacios serán usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley…”.

¿Le parece a usted, amigo lector, que la cadena del pasado jueves fue usada para la información de las actividades del Presidente?

Valiente Ecuavisa, que decidió romper la cadena y, por fin, dejarnos saber a los ecuatorianos lo que realmente ocurría en el Ecuador; veamos ahora si son capaces de sancionarlos. Estaremos vigilantes de manera “indefinida e ininterrumpida”.