Disposición permite capitalizar empresas incautadas con utilidades de otras

El Código de Planificación y Finanzas Públicas que el Ejecutivo remitió el jueves a la Asamblea consta de 196 artículos, 18 disposiciones generales y 18 transitorias.

En esa última parte del cuerpo legal, en la décima transitoria, se faculta al Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, presidido por Pedro Delgado, primo del Presidente de la República, a que en el universo de las empresas bajo su control, disponga de las utilidades reportadas por unas, para la capitalización de otras.

Xavier Castro, abogado de Roberto y William Isaías, quienes formaban parte del grupo accionario del cerrado Filanbanco, que a su vez tenía participación en las empresas que hoy están en manos del Estado, dijo que esa y otras disposiciones en el Código fueron hechas para darle un “poder sin control” al primo del Mandatario.

En el texto se indica que “el fideicomiso podrá realizar todos los actos de administración financiera necesarios para la adecuada gestión de las empresas”, pero Castro considera que con la transferencia de utilidades se ocultarán las pérdidas de las compañías incautadas manejadas por el Estado.

Este tema debe ser discutido en la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario, pero tanto su presidente, Paco Velasco; como su vicepresidente, Juan Carlos Cassinelli, ambos de PAIS, no quisieron adelantar criterios por considerar que han tenido muy poco tiempo, desde el día que llegó el texto a la Asamblea, para poder analizarlo a fondo.

Sin embargo, Velasco señaló que el tema en general ya se venía tratando desde hace tres semanas, inclusive, con los jefes de otros bloques políticos.

Del análisis adelantado por los legisladores, según Velasco, se observó la petición de inmunidad para funcionarios.

En la duodécima disposición transitoria se señala: “Mientras no se haya procedido a la venta o hasta que se conviertan en empresas públicas, las empresas incautadas no se someterán a la Ley Orgánica de Contratación Pública”.

Tampoco lo hará el ente jurídico que tenga la propiedad fiduciaria y representación legal de dichas empresas, es decir, el Fideicomiso AGD-CFN.

Para Andrés Páez (ID), con un régimen de excepción se condena a las empresas a que sean manejadas de una forma “abusiva y poco profesional”.

Sobre las transferencias de utilidades entre las firmas incautadas, dijo que habría que ver cuál es el rendimiento de cada una de ellas. En ese sentido el Código es “contradictorio”, aseguró.