Hay ecuatorianos entre los 72 migrantes masacrados

EFE-REUTERS-AP-REDACCIÓN MONTERREY, México.- Sicarios del cartel de drogas de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, en una masacre en Tamaulipas, norte de México, de la que solo sobrevivió el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, quien confirmó que entre las víctimas hay un número aún indeterminado de compatriotas.Se trata del mayor hallazgo de cuerpos en un solo sitio, en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico.Verónica Peña, cónsul del Ecuador en México, ratificó a diario Excelsior que hay migrantes ecuatorianos entre las víctimas y que Lala está en un hospital, protegido por efectivos de la Armada de México.Alejandro Poiré, vocero de Seguridad del Gobierno federal, aseguró que la víctimas de la matanza provendrían de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, y que ya se informó a los gobiernos de estos países.El vicecónsul de Brasil en México, Juan Carlos Zaidan, afirmó que entre los muertos habría cuatro brasileños.Los cadáveres fueron abandonados en un rancho cerca del poblado de San Fernando, próximo a la frontera con Estados Unidos, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad fronteriza norteamericana de Brownsville, Texas, donde militares mexicanos los hallaron ayer."Los cuerpos estaban tirados en la superficie del rancho y no estaban enterrados en una fosa. Estamos investigando todavía el tiempo que tienen en el lugar", dijo un portavoz de la Secretaría de Marina.Según diario El Universal, Lala Pomavilla aseguró que él y un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades, viajaban como indocumentados rumbo a EE.UU., y en un rancho fueron interceptados por delincuentes que dijeron pertenecer al grupo paramilitar de Los Zetas, quienes les ofrecieron trabajo como sicarios, pero como se negaron, se ordenó asesinarlos.Lala sufrió una herida en la garganta pero logró escapar y llegar a un puesto de control en la carretera. De inmediato se montó un operativo con efectivos de la Armada mexicana y el apoyo de unidades aeronavales y helicópteros, que se dirigieron al lugar de la masacre, donde fueron repelidos con disparos de armas de fuego.El contralmirante José Luis Vergara informó que tras los enfrentamientos, murieron un infante de marina y tres presuntos delincuentes. El resto del grupo armado logró huir.Los Zetas, antiguo brazo armado del cartel del Golfo, con el que se libra ahora en Tamaulipas y otros estados del norte una cruenta guerra por el control del territorio, fueron formados por desertores de un grupo de élite del Ejército mexicano en 1999.Según Poiré, si se confirma la declaración del testigo, se demostraría que el narcotráfico mexicano está recurriendo al secuestro y la extorsión de indocumentados en busca de recursos ante "la situación adversa" que enfrentan."Algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de migrantes centro y sudamericanos, y en algunas ocasiones en el intento de su reclutamiento para formar parte de las propias bandas criminales", indicó.La Procuraduría General de la República (fiscalía) y la de Tamaulipas han abierto sendas investigaciones, por el delito de homicidio y lo que resulte.Poiré apuntó que en fechas próximas se hará público un informe sobre la situación de la violencia en México.Hasta el momento, el país acumula 28.000 muertes violentas asociadas al crimen organizado durante el Gobierno del conservador Felipe Calderón, que comenzó su mandato en diciembre de 2006.Los medios impresos de Tamaulipas ignoraron ayer en sus portadas el hallazgo de los 72 cadáveres, aunque algunos incluyeron la información de manera discreta en sus ediciones digitales.Tamaulipas es, según el gremio periodístico, uno de los estados donde más se amordaza a la prensa, ya que los carteles amenazan ante la publicación de cualquier información que no convenga a sus intereses.Este extremo ha sido corroborado por los relatores en materia de libertad de expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyeron ayer una visita de quince días al país para verificar su situación, y cuyo informe pone de manifiesto la "impunidad general" ante los asesinatos de periodistas.

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