Propuesta de imputar a menores de 16 a 18 años genera apoyo y rechazo

QUITO .- "Quien me robó parecía un experto delincuente: jamás mostró estar nervioso. Cuando me enteré que tenía 16 años no lo pude creer", cuenta Reina Ruales, comerciante a quien hace dos meses le intentaron quitar en el centro de la ciudad $ 1.000 que llevaba en su cartera.Una persona se percató del hecho y buscó ayuda policial. El menor fue detenido, pero quien lo esperaba en una moto, un mayor según testigos, escapó.Esta utilización de menores en ilícitos abrió el debate sobre si se debería o no bajar la edad para su imputabilidad.En la actualidad, el Código Penal habla de que las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia y no a las disposiciones de este cuerpo legal.El fiscal general Washington Pesántez propone un cambio en este sentido. Cree que deberían quedar sujetos a la jurisdicción penal ordinaria los menores que hayan cometido ilícitos y estén entre los 16 y 18 años.Este es el punto principal de la propuesta de reforma penal que la Fiscalía presentó en julio pasado a la Asamblea.Esta propuesta destaca que hay adolescentes que actúan con plena autonomía y discernimiento dirigiendo su conducta a un propósito delictivo.Datos de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) muestran que en los primeros cinco meses del 2010 se registraron 339 adolescentes detenidos en el país por diversas causas. Mientras que en el 2009 fueron 2.322.En el 2010, el robo a vehículos con 83 denuncias y a personas con 63 son los delitos más cometidos por menores. La violación le sigue con 48 casos.Una visión opuesta de la problemática tiene el ministro de Justicia, José Serrano. Él sostiene que la raíz del problema no son los adolescentes, sino los adultos que los utilizan.Datos de esta Cartera revelan que existen 3'448.894 niños y 1'964.293 adolescentes (14 a 17 años), de estos últimos, dice Serrano, el 0,05% (480) habría sido detenido.El Ministro cree que la imputabilidad de los menores es un tema de coyuntura que no resuelve los temas de fondo. Según Serrano, solo 26 adolescentes han sido sancionados con una medida socioeducativa (pena) por asesinato desde el 2008. "Esto con relación a la población total de adolescentes representa el 0,002%", acota.Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social, respalda la posición de Serrano y añade que la disminución de la edad de imputabilidad de los menores (de 18 a 16 años) es incompatible con acuerdos internacionales suscritos por el país y con la Constitución.El presidente de la Federación de Abogados, Víctor Hugo Cevallos, señala que la imputabilidad de menores puede causar inconvenientes con acuerdos vigentes, pero ve como indispensable el que exista una modificación en el cuerpo legal que rige a los adolescentes.El jurista sugiere que la edad debería ajustarse en términos similares a los que los constituyentes del 2008 valoraron para otorgar derecho a voto facultativo a los menores entre los 16 y 18 años (art. 62, numeral 2 de la Constitución)."No es justificación el que se diga que los menores entre 16 y 18 años no están en capacidad de discernir para el cometimiento o no de un delito. Porque si se trata de esa situación el menor de edad tampoco está en capacidad de discernir quién va a gobernar y dirigir el destino de este país", explica Cevallos.El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como organismo rector del Sistema de Protección, hace énfasis en que las políticas públicas estén dirigidas al logro de la inclusión de niñas, niños y adolescentes en la sociedad y no a su criminalización o exclusión.La propuesta del Ministerio de Justicia, enviada al Legislativo el 19 de julio pasado, plantea una serie de incrementos en las penas para quienes utilicen a menores en delitos, pongan armas de fuego en manos de ellos o instiguen a adolescentes a cometer ilegalidades.Para Serrano lo fundamental en este tema es sancionar a quien se debe y que las medidas socioeducativas para rehabilitar al adolescente infractor se fortalezcan, al igual que los centros especializados en el área.En esa medida, la reforma de ley de la Cartera de Justicia busca aumentar de 4 a 6 años la medida socioeducativa máxima para aquellos menores que cometan una infracción que esté registrada en el Código Penal como delito de reclusión.Mientras que la propuesta de la Fiscalía busca un máximo de ocho años para los adolescentes sancionados con este tipo de penas.Frente a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de adolescentes, los organismos que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia han manifestado ante las autoridades competentes, que no se violen los principios consagrados por la Constitución y se mantenga el principio eje de no regresividad en derechos humanos.María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, señala que el proyecto de reforma de la Fiscalía o el del Ministerio de Justicia, así como una decena de propuestas de cambio penal más, aún no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).La asambleísta de PAIS aclara que todas las propuestas que lleguen a la mesa de Justicia serán debatidas y analizadas."Hay que discutir las propuestas frente a los números. Por ejemplo, si la Fiscalía no se alcanza con lo que tiene, si ya no sanciona a nadie, entonces cuál es el interés de seguir ampliando la imputabilidad", insiste.Hasta donde sabe Reina Ruales, el menor que intentó asaltarla continúa rehabilitándose en un centro de Conocoto, ubicado a 35 minutos de Quito.Ella aspira a que el chico entienda que esa no es la vía para surgir, aunque también deja en manos del Estado que procure su inserción en la sociedad.ProblemáticaImagen La ministra de Educación, Gloria Vidal, indica que este tema debe ser tratado con tino. Afirma que estigmatizar como delincuentes a niños y adolescentes afectaría la buena imagen de estos.Medidas Para combatir fenómenos sociales como la violencia, el Ministerio de Educación ha implementado medidas, entre las cuales se incluye la apertura de espacios de reflexión y guía en las escuelas y colegios.ProyectosDE LA FISCALÍA La propuesta plantea que los menores comprendidos entre los 16 a los 18 años de edad quedarán sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, previa declaratoria del juez de la Niñez y Adolescencia en la que establezca que tales menores han actuado con discernimiento en la ejecución del delito.Las penas que se impongan a los menores acusados se ejecutarán y cumplirán en institutos o centros especializados para adolescentes infractores, hasta que el interno cumpla la mayoría de edad, y dado este evento, el resto de la sanción se la cumplirá en los centros de rehabilitación social.DEL MIN. DE JUSTICIA De acuerdo con la reforma, los adultos que utilicen a menores para delitos serían sancionados con una pena de 3 a 6 años; quienes entreguen armas de fuego a menores tendrán una condena de entre 3 y 6 años, y multa de diez a veinte remuneraciones básicas unificadas. Además, se pretende castigar con la misma pena de reclusión menor ordinaria (de 3 a 6 años) a los mayores de edad que instiguen a menores a delinquir.OpinionesLorena Dávalos Consejo Niñez y Adolescencia "Las estadísticas reflejan que no hay un índice que amerite una alarma social relacionada a que adolescentes estén dedicados a la violencia".María Paula Romo Pdta. Comisión de Justicia " Hay que tener una discusión profunda sobre el tema de la imputabilidad".

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