$ 289'071.458 más se pagó por ajustes de 87 contratos viales

El presidente Rafael Correa anunció que mediante decretos ejecutivos dictará directrices que por “sentido común” deberían incluirse en los contratos de obras viales. Lo hizo en su enlace sabatino del 17 de julio pasado al detectar que las carreteras “se contratan sin señalización, hasta sin puentes”.

El Mandatario arremetió contra los fiscalizadores de los proyectos porque, a su juicio, sugieren prórrogas para extender sus contratos con el Estado. Y sentenció que en adelante no permitirá más extensiones de plazos ni incrementos de montos. Dijo que prefería convocar otra vez a concurso, aunque ello signifique retrasar la obra.

No obstante, el 12 de diciembre del 2008 Correa ya había dispuesto que “la extensión de plazos será algo realmente excepcional, que deberá ser autorizado por el Presidente de la República. Los contratistas que no entreguen la obra en el plazo señalado deberán ser multados de acuerdo a la ley y el contrato rescindido”, citó en un oficio.

Lo dirigió al entonces ministro (e) de Transporte y Obras Públicas, Rubén Bustamante, al ministro titular, Jorge Marún, quien a esa fecha se hallaba con licencia; a Galo Borja, ministro coordinador de Sectores Estratégicos; y otros funcionarios.

Desde junio del 2007 hasta la fecha, el régimen ejecuta 87 contratos de vialidad. De ellos 54 han recibido prórrogas de hasta 22 meses, según un informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Además, se incrementaron los montos a 32 de aquellos 54 proyectos, por valores de entre $ 326 mil y 23 millones.

Los contratos se firmaron mediante las figuras de Plan Relámpago y Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) y corresponden a la emergencia vial que decretó el Gobierno en febrero del 2007. Ello permitió adjudicar obras sin concursos de ofertas.

Esa condición repercute en los inconvenientes actuales porque no se escogió la mejor propuesta, opina José Macchiavello, ex ministro de Obras Públicas en el régimen de Gustavo Noboa.

Esta modalidad de contratación le generó un juicio político al ex ministro Jorge Marún, quien estuvo en el cargo desde el 1 de diciembre del 2007 hasta el 15 de junio del 2009, periodo en el cual se firmaron los contratos de la emergencia vial.

La querella la impulsa el asambleísta Galo Lara (PSP), integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, quien señala a Marún por haber entregado contratos “a dedo, evadiendo procesos en beneficio de los contratistas”.

El ex funcionario fue requerido por este Diario para referirse al respecto, pero evitó pronunciarse sobre su gestión al frente del MTOP.

De 46 contratos con la figura de emergencia, el incremento alcanzó $ 184’598.029,29, según un informe de MTOP de junio pasado. Y aunque la fecha de terminación de contrato no llega para 29 proyectos viales, Correa ya anunció la terminación del contrato con Constructora del Pacífico por incumplimiento en la ejecución del paso lateral El Carmen (Manabí) que inició en octubre del 2008 a un costo de $ 15 millones.

El Mandatario adujo que la compañía pidió 8 millones más y un año adicional para el término del proyecto que apunta a descongestionar el tránsito del centro de esa urbe manabita.

Sin anunciar la misma medida criticó el trazado de la vía entre San Vicente y Canoa, en la misma provincia, porque “da una vuelta” esquivando una propiedad que debió expropiarse, dijo. Esa operación suponía menos gastos para el Estado, pero se prefiere alargar la vía, cuestionó el Mandatario.

Alberto Hidalgo, directivo de la constructora Hidalgo e Hidalgo, refiere que a la empresa que hace los estudios le corresponde anticipar esas situaciones para que la expropiación, de ser el caso, se cumpla a tiempo. “Las obras son un proceso que nacen con el diseñador, luego siguen dos actores: el fiscalizador, que se encarga de que el diseño se cumpla; y el constructor, que lo ejecuta”, expresa.

David Ortiz, ministro del régimen entre el 10 de septiembre del 2009 y el 5 de abril pasado, considera que la responsabilidad pasa también por el contratista al aceptar por escrito que los diseños están correctos. Además de los funcionarios del MTOP, que aprobaron los estudios; y del fiscalizador “en la medida de que no haya detectado oportunamente los inconvenientes y no haya buscado soluciones con el Ministerio y contratista”.

Durante su gestión, Ortiz dio explicaciones ante la Asamblea por supuestas irregularidades en la rehabilitación de la vía Ambato-Río Blanco.

Xavier Casal, ministro que antecedió a Ortiz (ejerció el cargo entre el 3 de junio y 10 de septiembre del 2009), dijo que al asumir el Ministerio encontró unas 40 carreteras contratadas sin fiscalización, por lo que dispuso que en adelante no contraten obras sin cumplir este requerimiento. Dijo que él no firmó ningún contrato vial.

La señalización también trae cuestionamientos. Correa en su enlace del 17 de julio dijo que es una “indolencia” que las carreteras del país se contraten sin señalización. Pablo Herrera, fiscalizador de la vía Oña-Loja (la ejecuta Hidalgo & Hidalgo), citó que en muchos casos aquello se incluye “en el camino” pero conlleva recursos extras y correr el riesgo de que no haya presupuesto.

En tanto, en un análisis de obras en ejecución contratadas entre el 1 de enero del 2008 y 30 de marzo del 2009, la Contraloría General del Estado detectó que había procesos “con plazos demasiado largos en unos casos y demasiado cortos en otros”. Advirtió que ello posibilitaba los incumplimientos de plazos y pedidos de ampliación por parte de los contratistas.

Para Macchiavello los inconvenientes actuales son un reflejo de la forma apurada con que se contrataron las obras durante la emergencia.

Reforma legal
El presidente Rafael Correa anunció que enviará una reforma legal a la Asamblea Nacional que determine la obligatoriedad de incluir señalización en los contratos de carreteras, en todos los niveles de gobierno.

Presupuesto
María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas, dijo que en promedio se debería invertir 9.750 dólares por kilómetro para señalización de vías.

Opiniones

Galo Lara
Asambleísta
“Se dieron plazos muy largos en beneficio de contratistas, un despilfarro de recursos”.

José Macchiavello
Ex ministro de Obras Públicas
“Se firmaron contratos al apuro, que los recibieron compañías que no tenían la capacidad operativa”.

Cifras

21
Provincias. El régimen firmó 87 contratos viales en ese número de jurisdicciones hasta junio pasado. Manabí recibió más convenios (16).

55
Prórrogas. El Estado amplió los plazos de esa cantidad de obras viales. El mayor plazo, 22 meses, en la ampliación del acceso a Manta.

32
Ajustes. En ese número de contratos se elevó la cifra. El mayor aumento fue de $ 23 millones en la vía Santa Elena-Bahía de Caráquez.

1’566 mil
Dólares. El monto inicial de contratación de las 87 obras viales, pero con los ajustes la cifra ascendió a $ 1’855 millones.

111
Millones. A esa cifra ascendía el costo total de los puentes para Esmeraldas y Bahía de Caráquez. Con ajustes subió a 188 millones.

33
Por ciento. La señalización de las carreteras construidas por el Estado alcanza ese porcentaje y se centra en pintado horizontal.