El juego de azar es tan antiguo como la humanidad misma. Resulta atractivo tanto para jugadores como para los dueños de este tipo de negocio. Es tan adictivo como las drogas o bebidas alcohólicas. La manera fácil de obtener dinero es su principal encanto, por lo tanto no se restringe a clase social alguna. Los dados representaban fehacientemente a este juego porque las posibilidades de ganar o perder no dependen del jugador sino del azar y se convierten en apuestas que están fijadas por la probabilidad estadística para acertar. Mientras menor es la certeza de ganar, mayor es el premio. Esa es la esencia misma de este tipo de actividades.
Nuestro país no se ha escapado de esta adicción, que a numerosas familias ha llevado a la bancarrota y a la separación de sus miembros. Hay varias formas de participar de juegos de azar. En el mercado existe un abanico de oportunidades. Pero la más conocida y deseada es el juego de las máquinas tragamonedas, aparatos que contienen una tarjeta electrónica y que son montadas en taburetes e instaladas en el lugar que los propietarios intuyen estratégicos. Según las leyes ecuatorianas, estos juegos solo deben ser instalados en casinos, debidamente establecidos y aprobados por el Ministerio de Turismo. En ningún otro sitio es permitido.
Siendo la Península de Santa Elena una plaza eminentemente turística, este tipo de juegos significaba una mina de dinero para sus promotores. Entonces, en octubre del 2003 hace su aparición la cuestionada empresa Invermun S.A. (dedicada a la importación y explotación de las referidas máquinas tragamonedas, creada con el fin de operarla bajo la modalidad de contrato de Asociación en Participación. Y firma contrato con la empresa Casino Calypso Casical S.A., representada por el apoderado Jorge Macchiavello, que en ese tiempo era presidente de la Cámara Provincial de Turismo (CPT), capítulo Salinas, y le concedió a Invermun S.A. un certificado de afiliación provisional. Acto que el 13 de enero del 2004 es avalado por el Dr. Juan de Dios Morales, subsecretario de Turismo del Litoral, mediante un acta de compromiso para registro provisional.
Tratándose de un acto ilegal (no permitido por la Ley), la directiva de la CPT, presidida por el Ing. Otón Arboleda, en agosto del 2004, reclama la nulidad de lo ejecutado anteriormente. Posteriormente la Ministra de Turismo desconoce lo actuado por el funcionario de Turismo que concedió el permiso provisional y lo canceló del cargo. Solo la decisión enérgica de esa directiva hizo desistir su instalación. Finalmente, la referida empresa Invermun S.A. nunca funcionó en Salinas.
Pero sucedió todo lo contrario en los cantones La Libertad y Santa Elena, donde proliferó hasta hace pocos días gran cantidad de aparatos instalados en tiendas y lugares no permitidos. Los menores de edad siempre fueron clientes asiduos, con la consiguiente distracción de sus tareas educativas y la pérdida de dinero para sus padres, afectando la economía del hogar. Días atrás, el actual Intendente de Policía los clausuró en forma masiva, debido a la vigencia del control antidelincuencial que incluye el “control” de venta de bebidas alcohólicas y la desaparición de las máquinas tragamonedas.
Que la actitud frontal de la CPT de Salinas persista. Estaremos atentos para que ello ocurra.
