El Gobierno presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para detener los efectos de una disposición judicial que pondría en peligro 800 piezas patrimoniales.

Esto luego de que tres conjueces del Guayas (Manuel Lucas Franco, Fausto Peralta y Juan Vinueza) sobreseyeron a los involucrados en un presunto caso de tráfico de bienes culturales, denominado Avilés Marcillo.

El juicio data del 2006, cuando la Interpol incautó piezas arqueológicas que se pretendían subastar en Miami y que, según las autoridades, fueron sacadas ilegalmente del país.

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En ese operativo se detuvieron 800 piezas pertenecientes a las culturas Jama Coaque, Valdivia, Manta y Chorrera.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural deberá inventariar las piezas y devolverlas a la familia Avilés Marcillo.

La ministra de Patrimonio, María Espinosa, espera que la Corte deje sin efecto la sentencia y reconozca la propiedad del Estado sobre esos bienes.