La presión externa y los cuestionamientos al Consejo de la Judicatura (CJ) por la falta de eficacia y eficiencia en los procesos de selección de personal y de homologación salarial, obligó a ese organismo a dar marcha atrás en su intento de incrementar los sueldos de forma selectiva, en favor de 300 jueces y funcionarios de alto rango.