En 5 días se decidirá sobre Consejo y las frecuencias

El borrador de contenidos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación para el segundo debate no incluye los textos referentes a la integración del Consejo de Comunicación, a la distribución de frecuencias y a las regulaciones para la propaganda gubernamental.

El documento fue remitido el viernes por la presidenta de la comisión legislativa que trata este tema, Betty Carrillo (PAIS), a los demás miembros.

Cuando solamente faltan cinco días laborables para que se venza el plazo de entrega del informe (la fecha tope es el 5 de junio), todo lo que no fue incluido y lo que no se ha tratado en la mesa preocupa a los asambleístas que no forman parte de PAIS: Jimmy Pinoargote (independiente), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica, SP), César Montúfar (Concertación Democrática Nacional, CDN) y Cynthia Viteri (Madera de Guerrero. MG).

Viteri manifestó que la omisión de observaciones y textos alternativos en este borrador no es una práctica nueva, pues ha sido del oficialismo desde el primer día del debate. “Hemos pasado meses y meses sin tomar una decisión, hablando en términos generales de las cosas más sencillas e inocuas de la ley. Pero cuando se acerca ya el plazo, recién empiezan a tratar los temas neurálgicos. Se revela (así) el plan que siempre estuvo en la mesa y que no quisieron ver quienes continuaron con el acuerdo (interbloques): que el Consejo va a ser (integrado) con mayoría gubernamental”, agregó Viteri.

Para el legislador Pinoargote, se están siguiendo las tácticas tradicionales en la Asamblea. “Lo digo por la Ley de Aguas, en la que se dejaron para el último los artículos más polémicos; aparentemente se está repitiendo eso. No sabemos qué es lo que viene”, dijo.

Los textos sobre la conformación del Consejo de Comunicación –donde el Gobierno quiere tener mayor influencia– no se incluyen todavía por falta de acuerdos.

Carrillo propuso que vayan al Consejo dos delegados del Ejecutivo que no sean ministros; mientras que César Montúfar (CDN) ha insistido en que el Gobierno no debe estar en un organismo ciudadano.

Para Carrillo, de línea gobiernista, el Ejecutivo es el encargado de las políticas públicas y, por lo tanto, debe tener sus representantes.

Montúfar acota que, según la Constitución, no podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas.

Para la oposición está en juego la autonomía y la independencia que tendrá el futuro Consejo de Comunicación respecto al Gobierno.

En el cuarto inciso del acuerdo legislativo interbloques -que se firmó el 15 de diciembre del 2009- se exhorta a esa independencia. Además, dice la oposición, la presencia del Ejecutivo provocaría un conflicto de intereses, pues también se deberían regular la propaganda, los enlaces oficialistas y la publicidad gubernamental.

Carrillo insiste en que el Consejo no pierde autonomía con dos delegados del Ejecutivo, pues tendría un total de cinco o siete miembros.

Aunque las atribuciones del Consejo fueron discutidas en esta semana, tampoco forman parte del borrador.

La distribución de frecuencias, que tampoco consta, tiene dos propuestas. La primera contemplaba una distribución igualitaria del 33% para medios públicos, privados y comunitarios. La segunda propuesta oficialista señalaba que el 25% del espectro, como mínimo, se entregue a medios comunitarios y que el resto se reparta en forma entre públicos y privados.

Sobre la publicidad y la propaganda gubernamental, CDN, SP, independientes y MG han insistido en estos últimos cinco meses en una regulación. El tema no consta en el borrador de la comisión legislativa.

Carrillo anunció que hasta mañana se entregaría el informe a los asambleístas.

Ángel Vilema (PAIS) reconoció que el tema de las frecuencias está pendiente y lo deberán abordar esta semana después de resolver el tema de la integración del Consejo.

Borrador: Ley de comunicación
El proyecto divide a los medios de comunicación en públicos, privados y comunitarios, regulando finalidad, políticas generales y financiamiento.

Establece el derecho a la cláusula de conciencia y garantías laborales, a la reserva de la fuente y al secreto profesional, así como los deberes de los comunicadores.

En publicidad, se deja a los medios privados, públicos y comunitarios en igualdad de condiciones para incluir en su programación todo tipo de publicidad y propaganda, dentro de los términos de ley.

En caso de violación de la ley habrá sanciones. Dependiendo de diferentes causas, se estipulan, por ejemplo, amonestaciones por escrito y multas de hasta el 20% del promedio de la facturación en los tres últimos meses.

La causa contra un medio de comunicación se podrá iniciar ante el Consejo de Comunicación en el plazo de seis meses desde cuando ocurrió la infracción.