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QUITO. La asambleísta Betty Amores durante la entrevista con este Diario en su domicilio, el viernes pasado.

Betty Amores, asambleísta de PAIS y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, señala que el infructuoso proceso para llevar a juicio político al fiscal Washington Pesántez ha dejado pérdidas para “la democracia, el proyecto político... la Asamblea, porque a los ojos de la ciudadanía no fue capaz de transparentar un cuestionamiento a tan alto funcionario” por varios intereses.

Betty Amores (PAIS), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y una de las impulsoras del juicio al fiscal general, Washington Pesántez, anuncia que investigará la eventual conexión entre el archivo de dos procesos en contra del ex presidente de la Corte Suprema, Guillermo (Pichi) Castro, y la votación de Dalo Bucaram (PRE) a favor de Pesántez.

Reconoce que las trabas del juicio político al Fiscal evidencian que la Asamblea no ha cumplido la tarea de fiscalización y más aún admite que la defensa de un grupo de PAIS hacia Pesántez deja sin piso a ese grupo, que –dice– es un discurso de la revolución ética, un pilar de la revolución ciudadana.

La oposición asegura que los asambleístas de PAIS que impulsaron el juicio político del fiscal, Washington Pesántez, hicieron un tongo al no votar para que el jueves el pleno de la Asamblea discuta la resolución que exija a la Comisión de Fiscalización emitir un informe.
Primero, el martes se presentó una moción de cambio del orden del día del asambleísta (Jorge) Escala, pidiendo que el pleno discuta el limbo jurídico y luego convalide la dirimencia de la presidenta (de la Comisión de Fiscalización) Silvia Salgado en función de su voto que fue por el envío del juicio al pleno. Ese día se lograron 51 votos, no los 63 necesarios. Cynthia Viteri, el asambleísta Herrería se comprometieron a votar para que el juicio llegue al pleno. Igual Sociedad Patriótica (SP). Pero 25 asambleístas no asistieron a la sesión, entre ellos los principales líderes de esos partidos.

Madera de Guerrero habló de una especie de trampa porque la sesión inusualmente empezó a las 09:00.
En la certificación expedida por la Asamblea consta que esa moción se votó a las 10:17. Ellos no entraron a la sesión.

¿Usted constató eso?
Estaban dentro de la Asamblea porque querían ver quién votaba en la primera votación y en la reconsideración entraron corriendo (MG y PSP), pero ya era tarde... Entonces, que no quieran endilgar el fracaso de este juicio a PAIS. Esa fue una jugarreta antiética

¿Por qué la moción del jueves contó con solo 39 votos?
La moción era distinta.

¿El que fuera planteada por Sociedad Patriótica determinó la votación de PAIS?
Varios hechos la determinaron... Nos hemos mantenido firmes y en el momento de la votación (martes) ellos (la oposición) no asisten. El jueves plantean la absurda moción de Gilmar Gutiérrez de que los dos borradores del informe vuelvan a la Comisión de Fiscalización para que esta envíe un solo informe. Eso no se podía hacer, pues según el artículo 78 de la Ley Legislativa, el tema ya no está en manos de la Comisión sino del presidente (Fernando) Cordero. Además fue en la Comisión donde se dio la traba.

¿Hasta qué punto están dispuestos a ceder si la oposición toma iniciativas para reactivar el juicio?
Ellos despreciaron una oportunidad a la que, además, se habían comprometido públicamente. No es porque haya surgido de la oposición el que no se apoye. Si hubiera sido un camino viable desde el punto de vista jurídico, no hay ningún problema.

¿Quién pierde con los resultados del tema Pesántez?
La democracia, el pueblo ecuatoriano, el proyecto político. Pierde la Asamblea, porque a los ojos de la ciudadanía no fue capaz de transparentar un cuestionamiento a tan alto funcionario por estos intereses que han salido recién de asambleístas como Dalo Bucaram con el caso de la Pichi Corte; del señor (Guillermo) Castro o de la asambleísta Scheznarda Fernández, que recién me entero que ha sido sobrina de este señor (César) Fernández, gravemente involucrado en narcotráfico.

Usted ha mencionado una relación entre la posición del PRE en el juicio político y la prescripción de dos procesos en contra de Guillermo Pichi Castro, emitida en estos días.
Justo ahora, y además pedido por la Fiscalía. No salimos de nuestro asombro.

¿Va a investigar?
Por supuesto, y si hay méritos –que creo que son evidentes– van a salir a flote todos los demás casos que tendrá pendientes (la Fiscalía), para que los asambleístas cedieran ante las presiones del Fiscal.

¿Qué información tiene en el caso Fernández?
A mí me constó que el señor Nicolás Lapentti estuvo llamando a Scheznarda Fernández (PSC) todo el día 15 de abril (cuando la Comisión de Fiscalización debía decidir sobre el juicio político). Incluso ella nos mostró las llamadas de Lapentti rogándole que vote No. Yo le pedí que me preste su celular para llamar a Lapentti. Él no me contestó, le dejé un mensaje, diciéndole que esté tranquilo que la Asamblea no iba a permitir que por este caso se le amedrente.

¿Cuál era el temor de Lapentti?
Debe haber allí algunos juicios en curso, pero yo no sabía en ese instante que el tío de Sheznarda era este personaje (César Fernández) que fue detenido por narcotráfico. En ese caso también la Fiscalía pidió la prescripción de la causa penal. Y ahora el señor está en libertad. Un caso de narcotráfico que es imprescriptible.

¿No faltó más investigación de los asambleístas para incluir este tipo de casos en el proceso contra el Fiscal?
Conocí que los asambleístas iniciaron las investigaciones ocho meses antes de presentar el caso a la Comisión de Fiscalización. Hacerlo requiere un conocimiento profundo del derecho y enorme solvencia de las pruebas. Sobre estos nuevos casos pediré a la Corte copias certificadas de todo el proceso y de los expedientes en los que estén involucrados, en principio, los integrantes de la Comisión de Fiscalización que pidieron el archivo del juicio.

¿Cree que aún es posible pensar en la fiscalización desde la Asamblea?
Nunca debemos dejar de exigir la fiscalización, una de las tareas que hasta ahora no ha sido eficientemente cumplida y es necesario hacerla.

¿Cuánto pesó la defensa del presidente Correa al Fiscal en todo este proceso?
Me remito a los votos obtenidos: 51 a favor, 72 que no lo permitieron... y no solo me refiero a la votación de PAIS, sino a todas las abstenciones y ausencias que el caso provocó y que creo que no son imputables al presidente Correa, pues el Fiscal hizo su tarea también en esas bancadas.

¿Un error del Presidente?
Sí. Yo estoy segura de que finalmente este señor (Fiscal) será uno de los peores opositores al proyecto político. Ya lo verán.

¿Cree que quienes impidieron el juicio político en PAIS fueron consecuentes con los principios que promueve el proyecto político?
Me está haciendo poner más leña al fuego pero... una de las bases esenciales de este proyecto es la revolución ética y la erradicación de la corrupción. Defender al Fiscal de la forma en que se hizo, dejar sin piso, para esas personas, ese segmento del discurso. Lo peor es que se nos imputa a todos... Esto nos ha hecho un tremendo daño porque ha devaluado la palabra de quienes estamos luchando contra la corrupción.

¿Lo sucedido con el Fiscal amerita reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa?
Sin duda. El tema jurídico está todavía flojo, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Creo que no es posible agotar la regulación de las situaciones jurídicas de una sola vez.

¿Cuáles son los vacíos que deben subsanarse?
Por ejemplo, no hay nada en la ley y en los reglamentos para cuando una comisión no cumple su función y debe reorganizarse. Esto incluso puede dar lugar a intentos de arbitrarias destituciones que no vamos a permitir, pues, por ejemplo, en el caso de mi renuncia a la Comisión de Fiscalización, el pleno es el único que puede resolver. Mientras tanto no tengo otra opción, contra mi voluntad, que volver a la Comisión.

También tiene que aclararse el principio de dirimencia que se da en todo empate. Aquí quisieron decir, con leguleyadas, que en unas comisiones sí hay dirimencia y en otras no. La dirimencia es una institución establecida con el fin de destrabar una decisión matemáticamente empatada.


Perfil: Betty Amores
EDAD
50 años

PROFESIÓN
Doctora en Jurisprudencia

EMPLEOS
Trabajó en la formulación de dos códigos: el de la Niñez y la Adolescencia y en el de la Familia. Asesora del Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de Rodrigo Borja; viceministra de Trabajo y Empleo en el 2004, año de gobierno de Alfredo Palacio.

Directora general del IESS en el 2005.