En medios públicos prima la presencia del oficialismo

Estudios  de los contenidos de los medios que administra el Estado dejan ver que los mayores actores de las noticias no son los ciudadanos, sino los funcionarios públicos y los personajes políticos, incluso miembros de PAIS

Los funcionarios públicos son los principales actores de las noticias que emiten varios medios (incautados y públicos) a cargo del Estado. Así lo indican  estudios de Fundamedios y Ciespal hechos el año pasado y  que concluyen en que  esas empresas carecen de  independencia editorial y de gestión.

En diario El Telégrafo, a fines del mes pasado se inició una pugna interna que terminó con la renuncia de Rubén Montoya a la dirección. Según Fundamedios, el tratamiento de los contenidos en ese rotativo no ha sido compatible con los parámetros de rol social y  de servicio, pues tienen mayor cobertura los temas políticos (19,21%) y los funcionarios (33%). La participación de la ciudadanía en las  noticias es 10,34%.

Una situación similar se observa en  noticias de Gamatv y TC Televisión, en esos canales los funcionarios públicos son los preferidos. No así en Ecuador TV, donde por 0,5% los ciudadanos tienen más espacio.

Enrique Arosemena, coordinador de los medios incautados, dice que los críticos de la televisión pública deberían ver los noticiarios  antes de analizarlos. Afirma que es posible que haya presentadores que tomen posturas.

Las pugnas internas en diario El Telégrafo que terminaron con el pedido de renuncia a Rubén Montoya a la dirección de este medio público impreso; la salida de tres periodistas y el retiro voluntario de 23 columnistas ha desatado un debate en espacios de opinión sobre la injerencia del Gobierno en el manejo editorial y las agendas diarias de los medios públicos e incautados.

Dueño de 16 medios: cinco canales (TC Televisión, Gamatv, Cablevisión, que incluye a CN3 y CD7 y Ecuador TV); cuatro radios (La Prensa, Carrousel, Súper K-800 y El Telégrafo); dos periódicos (El Telégrafo y El Ciudadano); cuatro revistas (Samborondón, La Onda, El Agro y Valles); y una agencia (Andes), el Estado es el mayor propietario de empresas de información que, según estudios realizados por Fundamedios y Ciespal, no cumplen con premisas de los medios públicos, pues no tienen independencia editorial ni de gestión.

Hay dos niveles en el manejo de los medios administrados por el Estado, sostiene César Ricaurte, director de Fundamedios, que en el libro La Palabra rota publicado el pasado 30 de marzo incluye una investigación sobre los medios de comunicación en manos del Estado.

Para la evaluación (realizada en el periodo preelectoral y la época de debate de la Ley de Comunicación) se parte de estándares internacionales que deberían cumplir los medios públicos o administrados por el Estado, como: independencia de gestión y editorial, universalidad, gestión transparente, claridad jurídica, pluralidad, compromiso con la educación, la ciencia y las artes.

Según Ricaurte, “los (medios) incautados han sido usados como instrumentos de propaganda de un proyecto político, no han cumplido ningún servicio público y han tenido cambios en la línea editorial de sus noticiarios”; y los públicos, en los que –considera– se notaba un intento por construir un proyecto de servicio, desde diciembre pasado hubo un notorio retroceso con la creación de la Empresa Pública Radio y Televisión del Ecuador (EPR TVEcuador).

Con eso, sostiene, no se neutralizó la presencia del Ejecutivo en su administración, más bien se la concentró en el Secretario de Comunicación, el Ministro de Telecomunicaciones y el Secretario de Senplades. “Con esa estructura no hay la mínima posibilidad de que el Gobierno de los medios públicos responda a un sentido democrático”, dice.

En diario El Telégrafo, según Fundamedios, el tratamiento de los contenidos no ha sido compatible con los parámetros de rol social y de servicio, pues tienen mayor cobertura los temas políticos (19,21%) y la participación de la ciudadanía en las noticias está en quinto puesto. Además, tiene entre los tres actores protagónicos a los funcionarios públicos (23,65%); personajes internacionales (17,73%) e instituciones públicas (12,81%).

Gustavo Abad, uno de los columnistas que dejó ese rotativo a fines de marzo, publicó en su blog (http://rostroadusto.blogspot.com/) el pasado 1 de abril, una carta que constituía su renuncia, en la que escribió: “Tres periodistas despedidos en menos de una semana; dos artículos censurados en los últimos dos meses por una mano inquisidora que se pasea por la redacción de El Telégrafo sin que nadie le ponga freno... son solo las señales más visibles del clima de tensión que se vive en el primer diario público del Ecuador”.

¿De quién es esa mano inquisidora?, él prefiere no contestar. Pero en la renuncia indica: “Todo comenzó a finales del año anterior, cuando ciertos funcionarios, que confunden la información con la propaganda, decidieron que El Telégrafo no era lo suficientemente funcional al discurso oficialista y que había que desmantelarlo para crear un nuevo diario, supuestamente de estilo popular, destinado a servir mejor a sus planes...”.

La primera polémica por ese tema ocurrió a inicios de febrero de este año, cuando Montoya criticó la eliminación de una noticia, en la edición del día 2, en la que se informaban las resoluciones de la sesión de la Junta de Accionistas de la empresa realizada cuatro días antes.

¿La situación que experimentan quienes laboran en este rotativo se repite en otros medios que administra el Estado? “Sí”, responde un reportero de TC Televisión, que por temor al despido pide no ser identificado. Este canal no tuvo una transición, sostiene el comunicador, pues si antes en sus noticiarios eran visibles los contenidos ordenados –incluso a última hora– por los hermanos Isaías Dassum, Roberto y William, ex dueños de este canal, ahora predomina el buen tratamiento a todos los organismos oficiales.

Por ejemplo, el pasado 1 de abril, cuando se dieron a conocer los primeros cambios en el Gabinete, en los noticiarios del mediodía y la noche se dio más de tres minutos al tema, con amplio espacio a Ximena Ponce, ex concejal de Quito por PAIS que pasaba al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en remplazo de María de los Ángeles Duarte, que fue trasladada a Transporte y Obras Públicas.

Ese canal, según Fundamedios, da mayor cobertura a las notas de Quito (40%) y Guayaquil (32,9%); le siguen noticias internacionales. Las provincias y ciudades pequeñas son una tarea pendiente en su cobertura.

TC también tiene entre los actores principales a los funcionarios públicos (35,9%); luego están la ciudadanía (30,7%). Pero, aclara el informe, la amplia presencia de ciudadanos es por el altísimo número de notas de crónica roja, que cubre el 40%. Media hora se da a este tema.

Carlos Armanza, director nacional de noticias, no respondió nuestro requerimiento hecho desde el pasado 29 de marzo.

En los noticiarios de Gamatv sucede algo similar, según Fundamedios. Entre los protagonistas están los funcionarios públicos (33%) seguidos por la ciudadanía (21,38%). Pero, a más de funcionarios, hay mucha presencia de actores del movimiento PAIS. Los temas más tratados son: política (19,49%), seguridad e inseguridad (18,55%) y sociedad (13,20%). “Esto significa que la estación televisiva trata, en su mayoría, temas políticos coyunturales, cuyos actores protagónicos son los funcionarios públicos o líderes afines al sector oficialista”, recalca el informe.

En cambio, un estudio de Ciespal del 2009 indica que el canal Ecuador TV intenta dar espacio a la diversidad de grupos sociales y apunta a consolidar una programación alternativa a los canales privados, sin dejar de dar prioridad a lo gubernamental como fuente informativa. Esto es evidente en su noticiario y en la retransmisión de las intervenciones sabatinas del presidente Rafael Correa o de las concentraciones de Alianza PAIS en celebraciones.

En las emisoras Súper K-800, La Prensa, Carrousel y El Telégrafo, que están dirigidas por Douglas Argüello, también hay críticas a la política editorial e inconformidad por los retrasos en sus remuneraciones mensuales y los aportes al IESS.

En todas esas emisoras, “por una orden superior”, según cinco empleados, se vetó al socialcristiano Alfonso Pocho Harb. Coordinadores y reporteros recibieron orden de no entrevistarlo, porque “no se puede ni debe dar micrófono a alguien que habla mal del Gobierno”.

El ex dirigente de Barcelona, que se enteró del caso, cree que “los medios públicos no son medios del Estado sino del Gobierno”, y recuerda que el pasado 20 de noviembre, cuando presentaba a Luis Cocacho Macías, como figura, “en Súper K-800 cortaron la retransmisión del acto cuando comencé a hablar”.

Otra inconformidad de varios empleados de la radio Carrousel es que el noticiario (antes ‘Carrousel Noticias’) haya pasado a llamarse ‘Notiuno Ecuador’, nombre que se usa en la sala de prensa Rowan, que es de propiedad de Argüello. En internet está el sitio www.notiunoecuador.com, pero no se menciona a las emisoras que están en poder del Estado. Solo está el logo de Rowan.

En la revista Samborondón, de la Editorial Uminasa, también se denunció un descontento. En enero pasado renunció su editora, Stefanía Massa, porque, dice, desde fines del 2009 comenzó a recibir la orden de publicar entrevistas a personajes del Gobierno. “Sin importar mi planificación, en diciembre quisieron que publique la entrevista al Vicepresidente (Lenin Moreno), pero no sucedió, pues la revista es de corte familiar y jamás incluí temas ni personajes políticos”, cuenta. En febrero salió la entrevista a Nathalie Cely, entonces ministra coordinadora de la Producción.

Pero Juan Guillermo Rodríguez, quien preside Uminasa, asegura que ninguno de los editores ha recibido disposiciones de la dirección para hacer temas especiales a personas del Ejecutivo y que ahí las entrevistas se efectúan por la labor de los personajes. Si es con alguien del Gobierno “debe ser por la función que realizan como aporte a la comunidad”, asegura él.

La conclusión de Fundamedios es que los medios en manos del Estado no pasaron la prueba de calidad. El estudio señala que “en general los temas informativos y periodísticos de los medios públicos muestran una gran deficiencia estructural en cuanto a profundidad, contextualización, verificación de datos, cruce de fuentes, uso de fuentes calificadas, etcétera”.

Por ejemplo, se indica que el 71% de noticias de diario El Telégrafo adolece de esa falla. Por ello se advierte que el usuario se enfrenta a otro producto, no necesariamente periodístico, que puede ser la propaganda.