La idea de reemplazar la participación ciudadana directa por un Consejo de Participación Ciudadana es la más ridícula y peligrosa de todas las sugeridas por Alianza PAIS hasta ahora.

La participación ciudadana se la ejerce en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo y estudio, no en una oficina del Estado. Por eso, constreñirla a un grupo de funcionarios que decidirán detrás de una ventanilla y rodeados de secretarias sería burocratizarla por completo.

La participación ciudadana debemos ejercerla todos, porque todos somos ciudadanos. Restringirla a una comisión de nueve notables, que se amarrarán durante cinco años al cargo, será un intento tan mezquino como inútil. Los indios, los obreros y los empresarios no van a considerar que esos señores saben mejor lo que les conviene. Así que los nueve hablarán sin representar a nadie, excepto a ellos mismos. Como hablo yo o cualquier otro ecuatoriano de a pie.

La participación ciudadana nunca es igual a sí misma. Constantemente está cambiando sus formas. En un país democrático utiliza unos métodos; bajo una dictadura, otros. Por eso no puede existir una ley que regule la participación ciudadana (como tampoco debe haber una ley que regule la comunicación).

La participación ciudadana necesita de voceros, pero el único método democrático que se ha inventado para escogerlos es el voto. Es lo que hacen los sindicatos, las cámaras de empresarios o las organizaciones indígenas cuando quieren designar a sus representantes: la mayoría decide, no un técnico, ni un burócrata, ni un iluminado.

A alguien en Alianza PAIS se le ocurrió, aun así, que para escoger a los voceros de todos los ciudadanos nada mejor que designar una comisión de inteligentes que averigüe a cuántos seminarios de sociología asistió cada postulante o hasta dónde llegan sus conocimientos de cultura general (“¿quién inventó la penicilina?” o “¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento?”, por ejemplo); como si esos detalles fuesen más importantes que la credibilidad de cada candidato ante la ciudadanía. El resultado es que casi ningún ecuatoriano identifica a los ganadores ni se identifica con ellos. En su mayoría son ilustres desconocidos, cuyo mayor mérito es ser muy amigos de los revolucionarios enriquecidos de Alianza PAIS.

Abogados, dirigentes gremiales, constitucionalistas y líderes de movimientos sociales han denunciado todo esto. La respuesta de los organizadores es que el concurso para designar el Consejo se lo hizo respetando la ley y el reglamento. Es como si un edificio recién construido estuviese a punto de caer, pero el dueño, apurado por vender los departamentos, contestase que los ingenieros respetaron la ley al pie de la letra, así que los bomberos no tienen por qué desalojar el lugar.

El problema del Consejo de Participación Ciudadana no es si se violaron el reglamento y la ley (sospecho que sí se lo hizo). Lo de fondo es que como concepto político, constitucional y social es un completo absurdo. Alianza PAIS no lo va a reconocer porque sus dirigentes tienen un ego más grande que muchos de mis amigos argentinos, así que jamás admitirán que se equivocaron. Durante varios meses veremos, por ende, a este pequeño “mostruo” dando pasos vacilantes y torpes, como un elefante en un almacén de cristalería, pretendiendo representar la participación ciudadana y queriendo someterla al mismo tiempo a la voluntad omnímoda del Gran Jefe.