Aunque mañana se conocerán las acciones para ejecutar el pedido que hizo el fiscal general, Washington Pesántez, a fin de que el Consejo de la Judicatura (CJ) sea el veedor del proceso de investigación a 60 fiscales que firmaron el comunicado de respaldo a él y a su esposa, Aliz Borja, el vocal de ese organismo, Ulpiano Salazar, anticipó que esa vigilancia no tendrá fuerza legal, por un impedimento del Código Orgánico de la Función Judicial.
Antes de salir con licencia, el Fiscal envió (el pasado viernes) un oficio al presidente del CJ, Benjamín Cevallos, pidiendo que ese ente participe como observador de los sumarios administrativos que se abrieron en contra de los fiscales que pagaron la publicación.
Según Salazar, el pedido de Pesántez (ahora con licencia) será analizado en la sesión del pleno de mañana, aunque manifestó que no podrán hacer mucho, debido a que la disposición transitoria duodécima del Código les impide.
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Dicha norma, dictada por la Asamblea Nacional, determina que las facultades del CJ respecto de la Fiscalía General únicamente serán asumidas por el nuevo CJ designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Por ello, dijo Salazar, no pueden asumir decisiones, más aún cuando la norma legal otorga el manejo administrativo disciplinario de la Fiscalía, en forma exclusiva, al Fiscal General.
Mañana el pleno del CJ, en su sesión ordinaria, designará un funcionario de la Unidad de Control Disciplinario del organismo para que vigile los expedientes administrativos de los 60 fiscales, así como el proceso que dio origen a esa investigación (donde Aliz Borja está involucrada en un accidente de tránsito donde murió la colombiana Natalia Emme).
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Esta observación, agregó, debe realizarse en función de la norma que rige a los sumarios a nivel de la Fiscalía. Esa es la base legal que regirá a la veeduría; mientras el mecanismo operativo se analizará mañana, ya que la unidad que se encargue de ese trabajo presentará sus informes al pleno del CJ.
