Al genio del Presidente se le atribuyen presos y regañados

En los tres años de gobierno de Rafael Correa, 42 ciudadanos han sido apresados, descalificados o despedidos de sus empleos estatales por expresar, en forma verbal o por señas, su desaprobación a la gestión del Primer Mandatario.

El caso más reciente es el de Carlos Julio Solano, quien cayó preso hace once días, en Machala. Algunos policías dicen que Correa debe cambiar de actitud y no confrontar.

El carácter de Correa motiva reacciones en filas policiales
Prefiere no dar entrevistas. Tampoco accede a las fotografías. Visiblemente afectado y aún con hematomas en los brazos, Carlos Julio Solano Veintimilla dice que lo único que anhela es recuperar la tranquilidad con la que siempre ha llevado su vida. Su  deseo es superar “el trauma” que experimentó el pasado 27 de enero. Ese día, a  las 08:15, cinco policías del Grupo de Operaciones Especiales  (GOE), que formaban una “cápsula de seguridad” para el presidente Rafael Correa en un  recorrido por Machala, lo detuvieron por la fuerza y, “como si fuese animal (dicen los  testigos)”, lo lanzaron al balde de una camioneta de la Policía para trasladarlo hacia el Centro de Detención Provisional (CDP).

Su error ¬afirma¬ fue haber hecho un gesto de “desaprobación”  (no, con la mano) a la caravana  que lideraba el Presidente. “En democracia somos libres de expresarnos, por eso solo quise decir no, más nada”, sostiene; aunque en un parte policial que reposa en la Comisaría Primera de Machala se lo señala de haber hecho un gesto obsceno, insultar  e instigar a la gente contra la Policía. También se redacta que se lo detuvo porque, supuestamente, realizaba un escándalo en la vía pública. “El alboroto lo provocaron ellos (los policías)”, refiere.

Pero los uniformados no actuaron  “porque les pareció”, sostiene un miembro de la institución que prefiere proteger su identidad para evitar represalias, “sino impulsados por la reacción que tuvo el Mandatario”. Antes de la aprehensión, al orense, que se gana la vida como taxista, lo persiguieron unos quince metros, desde la intersección de las calles Arízaga y Vela, en el centro de Machala, hasta la lubricadora  Auto Servicio Relubal.  A la cabeza de la persecución iba el presidente, según videos y fotos.

“Si no me va a respetar, yo me voy a hacer respetar” había gritado el Mandatario, según un testigo, no sin antes llamarles la atención a varios hombres que en ese momento  hacían  la guardia presidencial.

“Aquí dicen que se cayó un militar y también casi se resbala el Presidente”, comenta  Teresa Albarracín, dueña del negocio, al mostrar el canal al que ingresan los empleados cuando hacen el cambio de aceite a los vehículos. Luego pasa una puerta de hierro y muestra el lugar donde se escondió Solano. “Estaba aquí adentro y hasta acá, sin ninguna orden de allanamiento,  pasaron los policías para llevárselo”, afirma la mujer, que asegura  haberse sorprendido al ver a Correa afuera de su negocio.

“Si eres hombre, dime las cosas en la cara...”, gritaba Correa a Solano, según la mujer. Solano asegura, ocho días después, que no respondió nada. Indica que unos miembros de la guardia presidencial lo descubrieron en su escondite y con el grito de “aquí está, aquí está” hicieron volver al mandatario  cuando ya se aprestaba a retirarse de ese lugar diciendo “déjenlo...”.

Jéssica Guerrero, responsable de la Comisaría Primera que ordenó la liberación de Solano nueve horas después de su aprehensión, reconoce que el parte policial decía que fue detenido por escándalo en la vía pública, pero “lo que no se puede determinar es si insultó al Presidente”, porque el ciudadano lo negó. Otro detalle que tampoco se informa en el escrito  es que al aprehendido lo sacaron del interior de una lubricadora. “Para eso debieron tener  orden de allanamiento. Él sabrá las acciones que va a tomar”, sostiene.

Con Solano ya son 42 las personas que durante este periodo presidencial han estado en prisión, fueron descalificadas   y hasta despedidas de los empleos por manifestar de alguna manera su desaprobación a la administración de Correa. En muchos casos “si el presidente hubiese ignorado la situación, no pasaba nada...”, coinciden integrantes de la fuerza pública. Creen que el Presidente debería controlar su carácter.

El constitucionalista Ernesto López considera que la acción contra Solano “fue ilegal e inconstitucional, porque hubo intromisión en un domicilio privado, sin orden de autoridad competente”. Él cree que se dan  esos casos  porque “la prepotencia del Presidente encuentra un eco en otros que se agachan y servilmente cumplen lo que les dicen de manera arbitraria...”.

“Normalmente casi no le damos seguridad al Presidente, solo cubrimos los lugares a donde va. Hacemos una cápsula de seguridad para que no se acerque la gente a él. Según  el parte policial que he recibido, los policías actuaron porque tenían que hacerlo, por seguridad”, sostiene Víctor Hugo Villacís, comandante de Policía de El Oro. 

Otro ciudadano que también se sintió  perseguido, primero por la Policía y luego por el Servicio de Rentas Internas (SRI), es Jaime Mendoza Ochoa,  ingeniero agrónomo que está  arrepentido de haber votado por Correa. “Creí en él, pero ya me decepcionó porque agrede a las personas, está provocando una lucha de clases, no  actúa como un estadista, deja pasar la corrupción...”.  Por eso, cuenta, su anhelo era estar algún día cerca de él para hacerle su crítica, y ese momento llegó. Fue el 9 de enero pasado cuando  en el cantón Vinces, Los Ríos,  donde vive, se realizó el enlace sabatino. Ese día se levantó temprano y en un pliego de papel periódico escribió:  “Oye, Correa, cuando acabes tu mandato, ¿dónde vas a guardar tu majestad?”.

Para su familia, él salió de  casa  a laborar en la hacienda productora de mangos, donde presta sus servicios. Pero él caminó diez cuadras y llegó al estadio 14 de Junio. Entró escondiendo el papel; adentro lo abrió y, de lejos, se lo mostró a Correa.

“Una mujer me quitó el papelógrafo, lo envolvió y me lo metió en la camisa, luego un hombre me dio un puntapié, después el Presidente me calificó de   ‘trastornado mental’, pero como ciudadano libre estuve ahí y le dije que está equivocado”, expresa Mendoza, quien cree que no fue agredido debido a  la presencia de la prensa y porque los seguidores que habían ido al enlace no residían en Vinces.

“Después, ocho policías me siguieron a mi casa. Me preguntaban quién me pagó, yo les decía que nadie; también me  insinuaban que si quería hablar con Correa, y  me negué. Con la protesta estaba satisfecho”, dice.

Días después de su protesta, comenta Mendoza,  empezó a recibir llamadas del SRI porque supuestamente estaba en mora. Pero él sostiene: “Tengo  facturas, vendo productos tropicales de rechazo y estoy al día. Coincidencias, después de la protesta y de un simple cartelón”.

Pero ese mismo día, durante el enlace,  sí hubo un detenido. Fue Pedro Almeida, ex gobernador de Los Ríos y diputado de Sociedad Patriótica, quien apareció en el estadio con un letrero que decía:  “No te tememos, bravucón”. Aclara que con el partido del ex presidente Lucio Gutiérrez ya no tiene vínculos,  que actuó solo y que lo volvería a hacer así lo detuvieran por unas horas, como el mes pasado.

“Lo hice porque estoy harto de sus insultos a la mujer, a la prensa, a sus propios amigos, a todos los que piensan distinto”, sostiene, y asevera que está  alistando una demanda por injurias contra el Mandatario, quien al momento de su aparición expresó: “Seguridad, ustedes no pueden dejar pasar a este tipo de gente. No por el presidente, sino que los presentes tienen objetos de valor y si está un Almeida puede desaparecer un reloj o un anillo”. Almeida responde:  “Es una vergüenza, porque  ofendió a todos los Almeida”.

En diciembre pasado, en cambio, fue el turno de 22 empleados de la Unidad Eléctrica de Guayaquil (antes Categ) que fueron despedidos porque, supuestamente, insultaron al Presidente y afectaron la atención al público el 18 de noviembre, día en que  expresaron que no querían ser empleados públicos (como se lo decidió según Decreto Ejecutivo 1786). “Somos privados, no públicos”, habían manifestado.

Eduardo Argudo, defensor de 14 de los 22 empleados, dice: “No hubo trámite legal de visto bueno, ni siquiera la liquidación simple. Estamos alistando una demanda, porque pese a que el Gobierno se había comprometido a encontrar una solución,  no se ha dado. Esto es abuso, es una arbitrariedad...”.