El fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo, dispuso ayer que se inicie el proceso de indagación previa en contra del intendente general de Policía, Julio César Quiñónez Ocampos, y otros funcionarios de esta dependencia.

La medida se basa en las denuncias de supuestas irregularidades en la emisión de boletas de excarcelación de más de cien detenidos en el Centro de Detención Provisional (CDP) y la Penitenciaría del Litoral, en los últimos seis meses.

En estos documentos se detectaron hasta seis rúbricas de la firma de Quiñónez y sellos originales de la Intendencia, para que personas detenidas obtengan su libertad.

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Gagliardo explicó que en el transcurso de la indagación se llamará a declarar a los funcionarios involucrados, a fin de esclarecer responsabilidades sobre las boletas de libertad otorgadas a los presos.

También se dispuso la auditoría a los libros y registros de la Intendencia General de Policía, que estará a cargo de los peritos de la Fiscalía del Guayas.

Hasta ayer –dijo el fiscal provincial– la institución no ha recibido ninguna denuncia por parte de algún empleado de la Gobernación del Guayas relacionada con esta situación.

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En tanto, el director del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, Édgar Escobar, sostuvo ayer que remitirá a la Fiscalía lo investigado internamente en la entidad.

Señaló además que durante sus tres meses de gestión en el centro penitenciario no ha recibido denuncias de la Intendencia del Guayas por pérdida o sustracción de libretines de boletas de excarcelación.

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El Intendente, en declaraciones a este Diario negó conocer el acto ilícito y adelantó que investigará a los supuestos responsables del hecho.

Las boletas habrían sido firmadas por un funcionario de la Intendencia que ingresó como secretario en la administración de Quiñónez.

“Me parece bien que la Fiscalía de oficio investigue a los verdaderos responsables. Nosotros le proporcionaremos toda la documentación que hemos recabado sobre este caso”, expresó el Intendente, quien  hasta la tarde de ayer no había sido notificado oficialmente de la indagación en su contra.

Indicó además que en la Intendencia se reportó el robo de sellos auténticos en octubre del 2009, pero esto no fue notificado al CDP.

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