El hurto ya no será contravención si es superior a los $ 120

Luego de un debate de casi cuatro horas, una nueva reforma a los códigos Penal y de Procedimiento Penal quedó aprobada ayer por 78 asambleístas.

Antes de la votación, varios cambios fueron acogidos por la Comisión de Justicia, que enviará el informe para el veto presidencial.

El monto económico para diferenciar cuando un hurto es contravención quedó en el 50% de un sueldo mínimo ($ 120), desde el 24 de marzo pasado rige tres salarios ($ 720).

La estafa, la violación de domicilio, el hurto y las lesiones vuelven a ser delitos de acción pública y se incorpora la obligación de que los antecedentes del procesado sean parte del expediente judicial, entre otras.

Lourdes Tibán (Pachakutik) explicó que el monto económico para un delito no es trascendental dentro de los indígenas, ya que ellos juzgan la intención de robar. En esa medida, Tibán logró que se incluya que policías, jueces y fiscales deben respetar la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas, siempre dentro del marco constitucional.

En cuanto a la tipificación de comercializar artículos robados, la Comisión de Justicia aceptó la propuesta del socialcristiano Leonardo Viteri de incluir en el texto a la comercialización ilegal de ganado.

Los bloques de Madera de Guerrero (MG) y del Movimiento Popular Democrático (MPD) sumaron 29 votos de abstención para un informe que lo catalogaron como incompleto, por no tomar en cuenta la derogatoria a las leyes del desacato y la sanción penal para patronos que incumplen el pago de los beneficios de ley.

Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación del auto de llamamiento a juicio.

Según el oficialista César Rodríguez esta propuesta atenta contra la posibilidad constitucional de defensa que tienen los ciudadanos. Además, Línder Altafuya, del MPD, aclaró que eliminar el recurso contradice la presunción de inocencia que establece la Constitución.

Sin embargo, María Paula Romo, de Acuerdo PAIS y presidenta de la mesa de Justicia, afirmó que se mantendría este punto en el informe porque fue una iniciativa de los jueces del país. Ellos ven en esta apelación un cuello de botella que interrumpe el trabajo judicial y viabiliza la caducidad de las penas, manifestó.

Aunque en primer debate la comisión eliminó el articulado de la prisión preventiva en caso de injurias, ayer lo volvió a incluir, pero no tuvo respaldo. El asambleísta de Sociedad Patriótica (SP), Luis Almeida, calificó de un engaño al pueblo insistir en el tema, poniéndolo como un recurso en casos de delitos de acción pública.

“Es un irrespeto querer meternos por la faja cosas que pretenden mantener un sistema de persecución en el país”, dijo.

Enrique Herrería explicó que al dejar abierta esta posibilidad, no solo el Primer Mandatario sino todos los servidores públicos podían encarcelar a alguien, hasta por dos años, por cualquier cosa que se interprete como injuria.

Romo aseguró que la única intención es garantizar que los procesados acudan a la audiencia de juzgamiento. “Para evitar suspicacias y malos entendidos, este artículo no hará parte del texto que se envíe al Presidente  para su veto”, indicó Romo.