Se levanta el telón.

Escena uno: Fondo melodramático. Una voz importada desde la pampa argentina anuncia: “La libertad de expresión está en peligro…”.

La audiencia responde: ¡Oooh!

Escena dos: Pajaritos trinan alegremente. Una voz en tono amigable cuestiona: “Libertad: nadie sabe lo que es hasta que la pierde”.

La audiencia responde: ¡Aaah!

Escena tres: Fernando Ortiz Vizuete, subdecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, ante un auditorio repleto de periodistas y estudiantes de comunicación social dice: “La Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión halló once tipos de irregularidades en las concesiones entregadas por el Conartel”.

El auditorio susurra: ¡Uuuh!

Esta introducción medio teatral se me ha venido a la mente por la incesante campaña de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, y la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, que alerta del presunto riesgo de que en el país se terminen las garantías para la expresión libre y soberana de quienes no poseen frecuencias de radio. O sea de los ciudadanos de a pie.

Los detalles de la comisión auditora a la cual perteneció Ortiz, me han puesto a dudar sobre los trasfondos de la campaña radial.

La Asamblea Constituyente, en la disposición transitoria vigésimocuarta ordenó que “Dentro del plazo máximo de treinta días, a partir de la aprobación de esta Constitución, el Ejecutivo conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión”. La comisión fue creada el 20 de noviembre de 2008.

Los once tipos de irregularidades recopilados en el informe final, van desde la ilegal integración del Conartel; inobservancia del principio de prelación cronológica; transferencias directas de concesiones y transferencias vía devolución-concesión; conversión de repetidora a matriz y viceversa; ilegal prórroga de plazos; renovación ilegal de las concesiones de frecuencias; concesiones sin informes técnicos previos o con informes negativos de la Supertel; concesiones a medios radiales y televisivos clandestinos; más de una concesión del mismo tipo de servicio por provincia; autoasignación de concesiones; legislación favorable a la extranjerización de los medios de comunicación, y discriminación a los medios comunitarios.

Para compartir mis dudas, revisemos juntos una de esas once irregularidades: las autoasignaciones.

Según la comisión, la autoasignación de frecuencias entre los miembros del Conartel “es una práctica antiética que atropella otros procedimientos establecidos por el propio Conartel”. Consistía en que los delegados de la AER, de los organismos estatales o de la Asociación de Canales de Televisión, legislaban para sus propios intereses. Y cita el caso de Bernardo Nussbaum, actual presidente de AER: solo el 22 de diciembre de 2006, cuando integraba el directorio del Conartel, se emiten cuatro resoluciones que lo benefician. Son más de 60 las concesiones que, según el informe, están a favor del grupo Servidinámica, relacionado con Nussbaum.

La intervención de Ortiz, a propósito del Día del Periodismo Azuayo, intentó en vano resumir las 516 páginas del informe que detallan fechas, nombres, irregularidades y casos emblemáticos.

Hoy falta que “los organismos de control” le den alguna utilidad al informe. No vaya a ser que quede en un rincón olvidado de la Contraloría esperando la oportunidad de convertirse en un instrumento de negociación política.
Cae el telón.