• Fotos

Ampliar imagen

QUITO. Diego Borja ahora atiende desde su despacho ministerial ubicado en el Banco Central, para aprovechar el espacio público y dar el mensaje de que el banco ya no es autónomo.

El Banco Central aún analiza si los bienes y cartera de los 29 bancos cerrados, que recibió de  la Superintendencia de Bancos, tienen el valor que está en los papeles.

El 31 de diciembre se anunció el cierre de esos bancos y aún no se conoce un consolidado del hueco patrimonial de estos, tampoco la cartera recibida ni el valor de los bienes que deberá vender el Central.

El presidente del directorio del banco y ministro de Política Económica, Diego Borja, dijo que examinan los documentos entregados. No reveló la cifra proporcionada por los liquidadores. “Ese dato no lo tengo, es un tema administrativo”. Pero ayer técnicos del banco y de la Superintendencia  dijeron que aún las están consolidando.

El Central estaría avanzando en nuevas valoraciones de los activos para poder compararlas con los datos entregados. De haber inconsistencias,  aseguró que se podría sancionar a los liquidadores.

También se estudian mecanismos para llevar adelante los juicios de coactiva. Una opción será contratar a abogados externos. Pero se debe resolver un problema legal, pues habría restricciones tras  la experiencia en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de cobros “absurdos” por servicios de profesionales ajenos a la institución. La idea es no incurrir en gastos de personal de planta nuevo, igual  trabajará con empleados del Banco Central.