Casos por ofender majestad vinculan a 31 ecuatorianos

El respeto a la majestad presidencial es una de las consignas del Gobierno desde el inicio de su periodo.

No solo por los grandes operativos de seguridad y los códigos para los eventos en los que participa el presidente Rafael Correa, sino por la intolerancia a cualquier insulto o expresión contra el primer mandatario.

Desde el inicio del periodo presidencial, al menos, 31 personas fueron apresadas o acusadas por ofender  la majestad presidencial.  

El primer caso fue el de Xavier Ordóñez, quien fue detenido por supuestas injurias contra el Jefe de Estado al hacerle señales cuando la caravana que acompañaba a Correa se dirigía a la Base Aérea, en Quito.

En un enlace sabatino, Correa puntualizó sobre este hecho: “Yo tengo mi dignidad, merezco respeto, no voy a permitir que se me insulte”.

Según el artículo 230 del Código Penal, “el que con amenazas, amagos, injurias ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión o multa de $ 16 a $ 77”.

El jurista Carlos Riofrío asegura que este tipo de procedimientos son legales, pues en caso de delito flagrante la Policía tiene la autoridad de detener por 24 horas al ciudadano infractor para investigaciones. 

No obstante, asevera,    el ejercicio de la función pública implica tener un alto grado de  tolerancia, sobre todo en un régimen democrático, por lo que califica  a este tipo de medidas como intolerantes, poco democráticas y exageradas.

Riofrío señala que para la aplicación de esta norma existe  un procedimiento como es la indagación del Fiscal, que deberá ser una imputación acusatoria o absolutoria. El juez deberá resolver si llama o no un autollamamiento a juicio. Estos casos se ventilan en el Tribunal Penal.

En cambio, el abogado Carlos Sosa sostiene que esta norma es extremadamente amplia, que permite a los presidentes emplearla como una manera de amenazar a la oposición.

Sosa manifiesta que según las declaratorias de los derechos humanos, ninguna señal o palabra puede equivaler a una pena de prisión.  “Por más que lo insulte, lo que dicen los parámetros internacionales es que eso debe ser canalizado por la vía civil”.

Desde el inicio del periodo democrático en 1979 no existen registros que algún Mandatario aplicó este recurso. 

Al caso de Xavier Ordóñez le siguieron los de Carlos Hidalgo,  Margarito,  del Prian, quien fue apresado por arrojar un papel al paso de Correa durante una campaña por el referéndum aprobatorio de la Constitución. Estuvo preso  25 días, luego de que el propio Presidente  pidió el archivo de su causa.

En situación similar fueron apresados en Portovelo (El Oro) Patricio Sánchez Apolo, Jorge  López Salazar  y Franklin  Curipoma Guzmán, quienes permanecieron presos en  Zaruma por pedido de la Fiscalía.   A ellos se detuvo, el 26 de abril del 2008, bajo el cargo de rebelión y atentado contra un funcionario público, debido a que emitieron insultos contra el Jefe de Estado.