Desde hoy los laboratorios farmacéuticos nacionales podrán iniciar los trámites para fabricar cualquiera de los 2.214 medicamentos hechos por compañías transnacionales y que tienen patentes (derechos de exclusividad) en Ecuador.
El director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza, confirmó la apertura del proceso luego de que el IEPI concluyó ayer la elaboración del instructivo con el que se aplicará la medida, dispuesta en el Decreto 118 del presidente Rafael Correa el pasado 23 de octubre.
Este decreto señala que “se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para su tratamiento”. Excepto cosméticos, estéticos y de aseo.
El instructivo del IEPI contempla los procedimientos que los laboratorios deberán cumplir al pedir las licencias. “Por ejemplo, qué formularios tienen que llenar, qué documentos presentar”, explica Ycaza.
Según el instructivo, los laboratorios deben presentar al IEPI su solicitud de fabricación de fármacos, el instituto pedirá una autorización al Ministerio de Salud Pública sobre la necesidad de producir esa medicina para atender una enfermedad y luego entregará la licencia obligatoria, en la que constará el plazo por el que se la concede y el monto de las regalías que deberá pagar la farmacéutica ecuatoriana. “El porcentaje de las regalías se ubica entre el 4% y el 10% de las utilidades en virtud del precio final”, dice.
La producción local de fármacos, que eran exclusivos de las transnacionales, afirma Julio César Troya, vicepresidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE), beneficiará a los pacientes, pues se reducirán los precios de las medicinas y se garantizará un mayor acceso a la salud. En Guayaquil, empresas como HG o Acromax se alistan para pedir las licencias. Acromax actualmente analiza los productos de los que pedirá las licencias. “Podrían ser antirretrovirales (VIH/sida) o para cáncer, o productos que complementen estas terapias”, dice Ho Chi Vega, gerente general de Acromax, empresa que produce cien fármacos en el país.
Hace siete años, esta farmacéutica consiguió que el Instituto de Higiene le aprobara el registro sanitario del antirretroviral Indinacro, un mezcla de las sustancias zidovudina y lamivudina, patentadas por la multinacional Glaxo, pero no pudo comercializarlo porque se le negó la licencia obligatoria.
No obstante, la sola intención de que el genérico Indinacro ingrese al mercado farmacéutico provocó que Glaxo bajara de 375 a 60 dólares el costo de su fármaco equivalente de marca, Combivir, una medicina que evita la multiplicación del virus del sida en el organismo.
Los antirretrovirales para tratar el sida en el país son los primeros a los que el Ministerio de Salud puso en la lista para otorgar las licencias obligatorias. El director del Programa Nacional del Sida, Rodrigo Tobar, confirmó que la lista de 19 fármacos ya se envió al IEPI. “Ahí están los medicamentos necesarios que se utilizan en el país y los esquemas de tratamiento. Estamos hablando de Abacavir, Efavirenz, Estavudina, esperemos que los laboratorios empiecen a fabricar”, indica Tobar.
En el país hay 4.188 infectados de VIH/sida que tienen defensas bajas (entre 200 y 350 células CD4) y que requieren los antirretrovirales, pero que aún no los reciben.
Con este decreto, además de lograrse un mayor acceso a las medicinas, el subsecretario de Extensión de la Protección Social en Salud, John Cuenca, afirma que se impulsará a la industria farmacéutica nacional, que representa apenas el 15% de los 800 millones de dólares que mueve este sector cada año. El 85% restante se lo llevan las compañías transnacionales. Estas, representadas en la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), indicaron en un comunicado que aceptan “democráticamente la decisión”.
“Somos conscientes de que ningún derecho de cualquier índole se superpone a los intereses de salud pública, sobre todo en circunstancias de especial gravedad”, dice la comunicación de las multinacionales.
Cifras: Farmacéuticas
150
Millones de dólares. Esta es la inversión que hacen cada año el Ministerio de Salud, el IESS y los hospitales Militar y de la Policía en la compra de medicamentos.
