La Junta Cívica de Guayaquil (JCG) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington una demanda contra el Estado ecuatoriano por la “inconstitucionalidad” que vive el país después de todo lo actuado por la Asamblea de Montecristi, desde el momento en que esta se prorrogó en funciones.
El presidente de la JCG, Miguel Palacios Frugone, explicó que todo lo que viene de la autoprórroga, leyes y estamentos, son ilegales, no tienen sustento jurídico y constituyen una flagrante violación de los artículos 8, 25, 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “No existe la ley, lo que hay es un parapeto de legislación”.
Palacios señaló que una vez que la Corte Interamericana emita su dictamen, Ecuador tendrá que rever esas leyes y volver al estado de derecho, es decir, a todo lo actuado antes de que la Asamblea decidiera extender su periodo para aprobar la actual Constitución.
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El titular de la JCG recordó que cuando se eligió al Tribunal Constitucional, este se prorrogó en sus funciones y se autodenominó Corte Constitucional. También mencionó que cuando los asambleístas iban a terminar su periodo para poder seguir legislando se constituyeron ilegalmente en un Congresillo y expidieron varias leyes.
Al mismo tiempo, acotó Palacios, “la Corte Suprema de Justicia se autodepuró, para lo cual se hizo un sorteo –por primera vez en la historia entre los que son jueces– para hacer la actual Corte Nacional de Justicia”.
Recordó que el ‘Congresillo’, dentro de la legislación de la Asamblea, puso un tope de 365 días para que las leyes se aprueben dentro, pero este tiempo feneció y alargó su periodo para hacer todas las leyes nuevas como la de Aguas, la ley ‘Mordaza’, entre otras.
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La demanda fue elaborada por el abogado Roberto López, integrante de la Junta Cívica de Guayaquil, y presentada el pasado lunes. Palacios dijo que cuenta con el respaldo del movimiento cívico Ecuador de Pie y que a ella se anexarán 50 mil firmas de apoyo.
