Invasiones se incendian, pero su promoción sigue

Decenas de “líderes sociales” siguen invadiendo y negociando tierras privadas, estatales e incluso municipales en Guayaquil, que sigue creciendo desordenada hacia el noroeste  con reglas impuestas por dirigentes a quienes el alcalde Jaime Nebot llama ‘delincuentes’.

La autoridad municipal habla de que próximamente establecerá “un cinturón que dirá hasta aquí habrá obra municipal. El resto no más, porque es fomentar y ayudar a traficantes de tierra”, expresa Nebot.

Mientras, el intendente del Guayas, Julio Quiñónez, cree que ya es hora de que “la Justicia y el Ministerio Público determinen un sistema para dar con los cabecillas”.

La mujer lanza una sarta de palabras. Trata de atrapar a un potencial cliente, con cariño y firmeza a la vez. “Soy Rosita, mi amor. Mire, esta no es una invasión; en la invasión no estamos los dirigentes. Esta es una cooperativa  y aquí damos la cara.  El líder compró, transó con el dueño de las tierras y todo es legal...”, dice. Ella atiende en una casa de caña, en cuya pared tiene pegado un cartel que describe el sitio como “oficina” de venta de solares, con número celular incluido.

Hay otras “oficinas”. Una media docena solamente en un asentamiento que va tomando cuerpo con los nombres de Moroni I y II, en el noroeste de Guayaquil, y cuyo promotor es Marco Solís, quien desde hace una década se hizo conocer como dirigente en una disputa de tierras del aledaño sector Monte Sinaí. Hay también “oficinas” por decenas en otros terrenos vecinos, donde los ceibos han sido talados para dar paso a casuchas de caña y madera o edificaciones de cemento, estas últimas ubicadas en las calles principales y donde funcionan diversos negocios, formando así un revoltijo de pobreza y bonanza.

En esa zona, cercana a la reserva de Cerro Blanco y a unos 20 km al oeste de la vía Perimetral, está el Guayaquil que crece, desordenado, con reglas impuestas solo por aquellas personas a las que el alcalde Jaime Nebot las llama traficantes de tierras o delincuentes.

Rosita le dice al cliente que no debe preocuparse por nada, que los solares se pagan en cuotas y que solo debe entregar copias de su cédula, de su papeleta de votación y dos fotos carné. ¿Para qué? “Es para tener la carpeta y presentarla al Municipio y obtener la legalización”.

Lo único que se garantiza es el derecho de posesión, reconocido por el dirigente. Eso tiene costos variables, no precisamente solo para pobres que buscan un techo propio. Los terrenos que están frente a las calles principales se denominan comerciales y valen $ 5.000; los de la primera manzana, $ 2.000; de la tercera valen $ 1.500; y $ 500 los de la sexta, con $ 100 de entrada y $ 50 mensual.

La zona donde se extienden los nuevos asentamientos informales consta de alrededor de 1.500 hectáreas que están lejos de aquellas en las que el Cabildo desarrolla un plan de legalización. Una parte incluso está fuera del límite urbano, según la cartografía municipal. Allí, la propiedad la reconoce el Instituto de Desarrollo Agrario.

Con ciertas reglas pero con la misma ilegalidad, aquí se repite lo que Guayaquil experimentó desde la década del setenta, cuando comenzaron las entonces llamadas invasiones (hoy denominados asentamientos informales) en el sur y suroeste. Miles de personas, en su mayoría inmigrantes de las áreas rurales, se dejan persuadir por los llamados “líderes populares” y, bajo sus condiciones, levantan sus precarias viviendas, sin los servicios básicos y sin medir los riesgos de desastres naturales o los temidos incendios.

Un ejemplo de esa improvisación es Esmeraldas Chiquito, en el sur de la ciudad, asentamiento que le robó espacio al estero Salado y donde hace diez días se produjo un incendio de magnitud que arrasó 118 viviendas acumuladas en cuatro manzanas y dejó a más de 600 personas en la calle. El Municipio de Guayaquil y el Gobierno central han acudido en su ayuda, pero el fenómeno de los asentamientos informales sigue creciendo, incontrolable, por el noroeste.

Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dice que en esas áreas “la mayoría de personas roba luz, ese es el principal motivo para que haya riesgo de incendios, pues como no tienen medidores carecen de breakers,  solo poseen líneas directas”. Además, “la mayoría tiene instalaciones mal hechas con cables 16 o 18 (muy delgados) y de estos conectan directamente la televisión, los focos, ventilador, el equipo de música y hasta la refrigeradora”.

Por eso dice que alrededor de Guayaquil, especialmente los asentamientos del sur donde las casas están pegadas, hay una verdadera bomba de tiempo.

“Para evitar estos inconvenientes  estamos obligando el uso de cable grueso en las acometidas”, afirma un coordinador (que pide la reserva de su nombre) de la tercera etapa de la cooperativa Sergio Toral, en el noroeste. Ahí, Toral compró un transformador que se alimenta de una línea no registrada por la Corporación Eléctrica de Guayaquil. Desde ahí se reparten a las casas, cuyos dueños tampoco son usuarios registrados y solo pagaron, por partes, los $ 70 de cuota, por el transformador.

En los asentamientos, los dirigentes han asumido costumbres de sus predecesores Paco Oñate, Jaime Toral, Carlos Castro y otros, y las han perfeccionado. Cada uno tiene su espacio y sus reglas, como el cobro de derechos de guardianía de un dólar semanal; o la capacidad de decidir qué proveedor ingresa a su feudo. Unos compran terrenos y los venden retaceados, sin escrituras, luego de abrir calles y lastrarlas, como Sergio Toral y Marco Solís; otros se toman terrenos en disputa con el apoyo de familias que, en algunos casos, ya tienen otra casa, según aceptan los moradores.

“Mi fin es social y a la gente la recibo sin requisitos. Tengo más de mil interesados, ellos deben ayudarme en la lucha en el acto de posesión”, refiere Miguel Sarmiento, quien aduce representar a su familia que disputa la propiedad de 113 hectáreas con la inmobiliaria Sachs. Los dos tienen documentos y un juicio. Desde el lunes pasado, aquellas familias dan forma a rústicas casuchas, en la mitad de la propiedad, pues –según Sarmiento– es mejor hacer que ir a juicio.

“Me han prometido dar un solar de 8x15 metros y toca pelear”, asegura un hombre de 30 años que no desea que se publique su nombre, quien junto con su esposa y tres hijos hacen guardia en la posesión. La pareja, oriunda de Paján,  alquila en Bastión Popular desde hace cuatro años y se enteró de esta “oportunidad” por unos vecinos. Ninguna autoridad actúa frente a esa posesión, que se extiende a  2 km al oeste de Las Iguanas.

Cerca de ese espacio se venden solares a crédito. “Mire, valen $ 3.000, con $ 500 de entrada y $ 100 al mes y les damos escrituras. Todo es seguro y hasta la Policía nos cuida porque les regalamos 30 solares a ellos”, le dice a un cliente un hombre que dice llamarse Wacho Miranda. Y se van sucediendo por sectores vecinos una serie de anuncios de venta de solares.

Una gran parte de estos asentamientos informales está a ambos extremos de una vía que en estos días asfalta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del gobierno de Rafael Correa, desde el sector La Ladrillera de Flor de Bastión Bloque 9 hacia Monte Sinaí. El rótulo que identifica la obra detalla que esta es parte de la emergencia 2009 y tiene un costo de $ 207.892.

Hay también posesiones en terrenos municipales como las áreas donde se proyecta ejecutar el programa de vivienda municipal Mucho Lote 2, en la autopista Terminal-Pascuales;  o de otras entidades, como las lagunas de oxidación, de Interagua, o el manglar de Trinipuerto. Los líderes de esos sectores aducen tener el apoyo de entidades del Gobierno como la Intendencia.

Junto al Trinipuerto, más de cien familias continúan levantando covachas en la precooperativa Vencer o Morir, en  terrenos del Banco Central. Caña guadúa, plásticos y maderos sirven para levantar las casuchas, en un sector donde el agua es insuficiente ni llegan recolectores de basura. Allí vive Ana Arroyo Quiñónez, con sus tres hijos de 8, 10 y 15 años y su esposo. El único ingreso de la familia es el que él gana levantando las casas de sus vecinos. Hace tres años ella llegó a Guayaquil, desde Esmeraldas, donde, afirma, vivía arrimada a su mamá.

“Pero uno se viene a Guayaquil para buscar mejores ingresos, al menos eso fue lo que movió a mis padres cuando yo tenía 10 años”, sostiene Luzdari Sevillano, de 30 años, quien con lo que gana como doméstica pudo comprar dos terrenos, en $ 700 cada uno, y ahora espera levantar una casa para ella, sus dos hijas, el tercero que está por nacer y su nuevo compromiso.

“De aquí solo me sacan muerta”, repite la mujer ante los comentarios de que pronto volverán a desalojarlos de los predios, como sucedió hace meses.

Dirigentes: Controvertidos líderes de asentamientos
Marco Solís
Se inició en Monte Sinaí
Luego de ganar un conflicto en los predios de la coop. Monte Sinaí, hace casi una década, junto con 120 agricultores, Solís extendió un asentamiento informal que en cuatro etapas suma nueve mil familias. Apoya a Rafael Correa y reconoce que antes estuvo con el PSC.

Asegura que los últimos dos años adquirió 140 hectáreas que pertenecían a las familias Salem, Sarmiento y Castro. Ahí hace las cooperativas Moroni y Elvira Leonor, donde vende terrenos con relleno y calles lastradas. Dice: “Lo que hago es organizar y donar terrenos a quienes no tienen. Yo abro las calles (con su maquinaria). Los solares más caros los compran los familiares de migrantes, para poner su negocio...

“Lo que pasa es que se sataniza nuestro trabajo. Hay una serie de trabas. Para lotizar se deben tener servicios básicos y todo se pone caro, y la gente humilde no tiene acceso a créditos. El Municipio debería poner un departamento de sensibilidad social para que conozca los problemas y dé facilidades”.

Sergio Toral
Amplía sus cooperativas
Los letreros que identifican a las tres etapas de las cooperativas Sergio Toral tienen una imagen del dirigente y lo señalan como “líder del pueblo”. Actúa desde hace décadas y en este momento sigue ejecutando parcelaciones en predios cercanos a Monte Sinaí, donde se hacen rellenos.

Toral fue identificado hasta hace dos años como socialcristiano. En el 2007 entregó al alcalde Jaime Nebot una condecoración que lo declaraba El mejor guayaquileño. Moradores de la cooperativa que lleva su nombre dicen que ahora es cercano al gobierno de Rafael Correa.

Al buscarlo para una entrevista, personal de sus oficinas señaló que es complicado contactarlo. Solicitaron que se les deje un número telefónico. “Si decide atenderlo, ya mismo lo llaman”, dijo un empleado. Desde el miércoles hasta ayer no se comunicó.

Mantiene una red de coordinadores con los que controla todas las etapas. En la segunda hay 60.

Balerio Estacio
Legado a sus hermanos
La Balerio (como así la llaman sus habitantes) es más que una cooperativa de vivienda. Es el nombre de una línea de buses, de iglesias, de centros educativos y de otras instalaciones. Todo en homenaje a su líder, Balerio Estacio, quien llegó a ser consejero provincial del Guayas por el Partido Social Cristiano, hace casi una década. “Me han pedido que les autorice a poner mi nombre y no me puedo negar. Creo que los reconocimientos se deben hacer en vida”, dijo Estacio en el 2005, quien además es pastor evangélico.

Cuando Rafael Correa empezó su campaña, Estacio se sumó a PAIS y, luego, por el movimiento oficialista fue representante de Guayas en la Asamblea de Montecristi. Incluso en la pasada campaña aspiraba a la Alcaldía de Guayaquil, pero no logró su objetivo. Sus hermanos Tony y Vicente Estacio se sumaron a la conformación de asentamientos ilegales. Tony dirige, por ejemplo, dos etapas de Ciudad de Dios. También hay etapas de Balerio Estacio en desarrollo.

Otros dirigentes
Nuevos rostros
Cristina Ponguillo es una nueva figura dentro de los dirigentes de asentamientos informales del noroeste. Ella es identificada como líder en el sector de Las Iguanas.

Las posesiones ilegales de estos últimos dos años tienen a Efrén Cusme Reyes como el líder de aquella que se dio en Posorja, con banderas del movimiento oficialista PAIS. La toma de los terrenos donde se proyecta Mucho Lote 2 (vía Terminal-Pascuales) la dirige Evaristo Morán Peñafiel, quien en 1995 lideró la toma de un área de la reserva Cerro Colorado (junto a los terrenos de Mucho Lote 2), pero hubo un desalojo.

Jorge Plaza Torres es el dirigente en el asentamiento Vencer o Morir de Trinipuerto, según los socios. Se cobra  $ 800 por solar.