No favoreció a todos la regularización en Italia

Sin trabajo y sin papeles; esta es la situación que atraviesa un grupo de ecuatorianos luego de que el pasado 30 de septiembre se cerrara el plazo para optar por la regularización dispuesta por el gobierno italiano para los inmigrantes sin documentos de estadía que trabajaban exclusivamente en el área de la colaboración doméstica y asistencia de ancianos en este país.

En la provincia de Génova, donde se asienta el mayor número de ecuatorianos presentes en Italia (estimados en 30 mil), se esperaban unos 15 mil pedidos de regularización, de los cuales al menos la mitad se preveía que fueran hechos a favor de los connacionales. No obstante, según datos estadísticos revelados por la Cámara de Trabajo de Génova, las peticiones para documentarse ascienden solo a 800, sumados entre todas las nacionalidades.

“No nos quisieron regularizar teniendo la oportunidad de hacerlo”, señala Viviana Macías, manabita de 42 años. Ella comenta que a inicios de septiembre la familia con la que trabajaba le informó que no podían hacerle los documentos alegando problemas económicos, por eso, dijo, “me licenciaron y aconsejaron que me busque alguien que me asuma en regla, pero nunca pude conseguir un empleador y actualmente tampoco tengo trabajo”.

Jenny Sánchez, ambateña, atribuye al poco tiempo de presentación de los requisitos el hecho de que ella y muchas de sus conocidas se hayan quedado fuera de la convocatoria. Asegura que el pensionado para el que trabajaba tres veces a la semana “no tenía ánimo de llenar formularios, adjuntar fotocopias de sus documentos, revelar datos personales, contratar un contador que avalara que su rédito era de 20 mil euros al año (28 mil dólares). Esto era demasiado y prefirieron contratar a otra persona que no tenía problemas de papeles”.

Ambas ecuatorianas señalan que ahora estarán más atentas a los controles para que no las expulsen por no tener documentos, como prevé el decreto de seguridad vigente en Italia. Tampoco avizora volver a su país de origen  porque “pensamos que todavía aquí tenemos porvenir, en cualquier momento encontraremos nuevamente trabajo”, dijeron.

Para Blanca de la Cuadra, ex presidenta de la Asociación de Ecuatorianos de Génova, el factor que incidió para que muchos compatriotas se hayan quedado fuera de la ley es porque el proceso dependía totalmente de los empleadores.

Explicó que en años anteriores, cuando se ha abierto la sanatoria (que sana el trabajo sin autorización), el empleado interesado se ha presentado directamente en los sindicatos de trabajo, a comunicar la familia para la cual labora y por cuánto tiempo, mientras que en esta última era el patrono el que debía autodenunciarse y pagar los 500 euros (700 dólares) que le pedían para poder asumir a su empleado.

“Muchos pensaron que esto era una forma de delatarse por haber tenido en casa a un trabajador sin papeles y al mismo tiempo de hacer saber al Estado su real situación económica. Por ello, aún necesitándolos, muchos han dejado sin trabajo a sus empleados”.

Por su parte, agrupaciones sindicales y representantes de la Cámara del Trabajo han calificado como un “fracaso” a la sanatoria abierta en septiembre y le atribuyen este calificativo al clima incierto surgido tras la aprobación total del decreto de seguridad a mediados de este año.

Trascendió que se había pedido al Ministerio del Interior para que se alargue el plazo del proceso, pero esto fue negado por el titular de esa cartera de Estado, Roberto Maroni, quien ha expresado que esta no ha sido “una desilusión”, pues en total, a nivel nacional, se han adherido a ella 300 mil personas que trabajaban ilegalmente.

Apertura
A inicios de septiembre pasado se abrió un proceso de regularización para inmigrantes sin documentos que demuestren trabajar exclusivamente como  colaboradores domésticos y asistentes de ancianos.

Rédito
El empleador deberá comprobar que tiene un rédito anual no inferior a los 20.000 euros (28.000 dólares).