El Gobierno declaró estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta. El decreto firmado el miércoles pasado por el presidente de la República, Rafael Correa, tiene como único propósito frenar la ola delictiva que afecta a esas ciudades, mas no intervendrá en el conflicto generado por el levantamiento indígena de la Amazonía.

Así lo confirmaron los ministros de Defensa, Javier Ponce, y de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carjaval, quienes justificaron la emisión del Decreto Ejecutivo que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la Policía Nacional en el control antidelincuencial de armas y de vehículos.

Según el documento, el estado de excepción, que no implica la supresión de los derechos fundamentales, tendrá una duración de 60 días y podrá ser extendido, de ser necesario, a otras ciudades del país.

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Ponce, quien según el Decreto, será el responsable con el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, de poner en ejecución la disposición presidencial, aseguró que todavía no tiene designado un contingente militar para controlar la delincuencia.

En todo caso, explicó que será el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, quien determine las necesidades de la Policía, a fin de que las FF.AA. respalden su acción de combate a la delincuencia en forma exclusiva.

El Decreto, reiteró Ponce, con cuyas palabras coincidió Carvajal, “no tiene nada que ver con el tema de las paralizaciones”, por lo que los militares no repelerán las manifestaciones anunciadas por los maestros, estudiantes y sindicalistas.

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Carjaval explicó que el decreto fue dictado tomando en cuenta que es la única vía para que los militares puedan salir de sus cuarteles a respaldar la acción de la Policía; por ello, dijo, se aclaró en su texto que no hay supresión de garantías.

Aunque el momento puede ser no adecuado, el ministro Carvajal explicó que la emisión del decreto se da como respuesta a las denuncias sobre la inseguridad y rebrote delincuencial en Guayaquil, Quito y otras ciudades. Por ello, manifestó, no es verdad que haya presencia militar en la Amazonía, ya que ello ocurrirá en forma exclusiva para las tres ciudades mencionadas.

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En el Decreto Ejecutivo constan también las firmas de los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh, y de Defensa, Javier Ponce. Ni el ministro de Gobierno ni la cúpula policial –que ayer mantuvieron intensas reuniones por el paro amazónico– se pronunciaron respecto al estado de excepción. Funcionarios de esa Cartera adelantaron que el Decreto fue una propuesta de Jalkh en vista del brote delincuencial en las tres ciudades.

En tanto, ayer el Jefe de Estado notificó a la Asamblea Nacional con el Decreto que declara el estado de excepción.

Frente a la notificación, el asambleísta Fausto Cobo (PSP), dijo que si bien el país reclama una acción decidida del Gobierno frente a la delincuencia, lo sorprendente es que el estado de excepción coincida con las manifestaciones de rechazo al Gobierno, cuando en la Asamblea se tramitan leyes cuestionadas por los grupos sociales.

Textuales: De las autoridades
Javier Ponce
Ministro de Defensa
“Siguen vigentes todos los derechos consagrados en la Constitución. (El Decreto) no tiene en absoluto que ver con el tema de las paralizaciones”.

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Miguel Carvajal
Ministro de Seguridad
“Es un estado de excepción para permitir que las Fuerzas Armadas operen exclusivamente en las ciudades de Quito y Guayaquil”.