Matanza en Oriente sería por petroleras

El ruido de un gran generador de energía eléctrica, que la compañía china Petroriental tiene funcionando en el pozo Hormiguero 2, habría molestado a los indígenas taromenanes o tagaeris y motivado el ataque que causó la muerte de tres integrantes de la familia Duche Zabala, quienes el pasado lunes recibieron 17 lanzazos en el sector Los Reyes, al sur de la capital de Orellana.

Líderes campesinos e indígenas y autoridades seccionales exigen al Gobierno la salida de la petrolera y otras medidas para que estos casos no se repitan. Eduardo Pichilingue, coordinador del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los  Pueblos en Aislamiento del Yasuní, admite que la situación  en esa zona es compleja.

Milton Duche Vidal gritaba de impotencia y desesperación. A sus plantas yacía muerta su esposa, Jeaneth Zabala, aún sangrante y con diez lanzas clavadas en el pecho y la garganta. A unos dos metros estaba el cadáver de su hijo Byron Omar, de 18 años, con cinco lanzas incrustadas. Su otra hija, de 12 años, había tratado de huir, pero  le atravesaron dos lanzas de tres metros de largo, y agonizaba.

No habían pasado 20 minutos desde que un grupo de indígenas, hasta ahora inidentificados, los atacó cuando caminaban por un sendero en la selva.
Milton Duche estaba a unos 200 metros, en tareas de apertura de una vía.
Un grupo de niños que iban delante de la familia vieron la matanza y le avisaron la fatal noticia. La desgracia se volvía más cruel. Los atacantes se habían llevado a su hijo Elquin, de siete meses.

Aquella mañana del lunes 10 de agosto, en la comunidad Los Reyes, de la parroquia Dayuma (provincia de Orellana), la historia de ataques indígenas con lanzas sumaba tres nuevas víctimas, pues la menor de 12 años falleció en el hospital militar de Coca, a 80 km del sitio. “Para trasladarla debimos cortar las lanzas y dejar solo la parte que estaba en su cuerpo”, dice el cabo Rubén Moscol, jefe del destacamento policial de Dayuma.

A Elquin lo halló una patrulla de policías, indígenas y campesinos, el miércoles 12. Estaba en una fosa, junto al tronco de un árbol, enterrado con lodo hasta el cuello. Hoy está al cuidado de su padre y junto a sus otros dos hermanos que están a salvo porque se quedaron en casa, en Unión 2000, a dos horas del lugar de la tragedia.

La guerra entre las tribus y los extractores de recursos, que se libra desde el siglo pasado, toca por primera vez a una familia de colonos, como se conoce aquí a quienes proceden de otros sectores. Por eso están alarmados.

Al menos medio centenar, entre religiosos, madereros, obreros de las petroleras e indígenas, ha sido víctima de las lanzas. El caso más reciente se dio en marzo del 2008, en la comunidad Armadillo, a unos 30 km de Los Reyes. Esa vez, tres madereros murieron lanceados.

El ataque a los Duche Zabala se dio a cien metros de un gigantesco generador de luz que retumba en la profundidad de la selva y es parte de uno de los pozos de extracción de crudo de la compañía Petroriental, filial de la china Andes Petroleum.

Precisamente, el avance de la actividad petrolera y maderera hacia la zona intangible (intocable) del Yasuní es señalado una vez más como el motivo para el crimen de los Duche. La zona intangible ocupa 758.000 hectáreas, el 70% del Parque Nacional Yasuní (de 982.000 ha), y ahí se asientan las tribus huaoranis (evangelizada) y las no contactadas o en aislamiento voluntario, taromenanes y tagaeris.

Esa presión hace que reaccionen las tribus. “Es una advertencia de lo que puede pasar en el futuro si se sigue invadiendo su territorio”, afirma Santiago Jempekta, teniente político de Dayuma, de la etnia shuar.  Por eso, líderes indígenas, campesinos, ambientalistas y autoridades seccionales cuestionan al Gobierno y las entidades encargadas del control en el Yasuní.

¿Cuántos muertos más debe haber para que se tomen correctivos concretos? Que yo recuerde, es como la quinta vez que se intenta hacer algo, pero se siguen repitiendo estos casos”, menciona José Proaño, coordinador del Cicame, organismo adscrito a la Vicaría de Aguarico con sede en Coca y que trabaja en favor de los indígenas y comunidades de Orellana y parte de Sucumbíos.

En octubre del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a los indígenas en aislamiento voluntario en la zona intangible. Entonces el Ministerio de Ambiente creó una unidad coordinadora y se estableció un código de conducta para las petroleras, madereros y pobladores de la zona.

Proaño, líderes huaoranis y campesinos acusan a las petroleras especialmente de no cumplir esas reglas. Milton Duche no solo lamenta la muerte de sus parientes lanceados sino el incumplimiento y la presión sobre la selva que, asegura, ejecuta Petroriental. Esta labora en el Bloque 17, cuyo 80% de extensión está dentro de la zona intangible y su zona de amortiguamiento.

Como presidente de Unión 2000, Duche se oponía a que la empresa china abriera una vía al interior del Yasuní. “Toda la comunidad dijo no a la manera en que la petrolera quería hacerlo. Además, ellos no han cumplido con los convenios firmados”, dice el atribulado padre. Por esas diferencias, los comuneros decidieron hacer la vía con apoyo del Municipio de Orellana y ejecutar un plan de electrificación con el Consejo Provincial.

Tras la matanza, líderes huaoranis como Manuel Cahuiya piden que la petrolera china salga. “Motor molesta a taromenane y tagaeri, por eso ataca”, menciona. Similar postura antipetrolera tiene Gualberto Rodríguez, presidente de la comunidad Los Reyes. Esa inquietud fue  planteada por casi medio centenar de dirigentes a la Ministra del Ambiente, el jueves pasado, en una reunión en Coca. No obstante, Andes Petroleum no se pronuncia sobre el caso. Édgar Vásquez, encargado de comunicación, dice que el único vocero de la empresa está en China.

En la cita del jueves se acordó declarar a la zona en alerta máxima y hacer un estudio para suspender en forma temporal las actividades petroleras y de otra índole. Pero José Proaño considera que las ofertas y medidas del Gobierno no son suficientes. “No es cuestión de solo apagar incendios y ofrecer ayuda a la familia y ya. Mientras se siga jugando a dos bandos, no se lograrán soluciones. Se dice ‘protejo a las tribus’, pero se autoriza el ingreso de las petroleras. O se los protege, o no. Hay que dejar las hipocresías”, dijo.

La alcaldesa de Orellana, Ana Rivas, también exige medidas definitivas: “No se ha hecho nada hasta ahora. Lo que pasa es que el Estado quiere proteger a los contactados, y se olvida de los otros indígenas y los colonos”. Sobre las compañías, refiere: “Frente a las petroleras, la vida no vale nada”.

Y esta vez fueron tres vidas las que cobró el conflicto. Pese a que aún no se determina oficialmente a qué clan pertenecen las lanzas usadas contra los Duche, el huaorani Cahuiya asegura que son taromenanes y similares a las que dieron muerte a los madereros en el 2008. Estas tienen atadas piolas nailon de colores, usadas por los huaoranis porque las adquieren en las tiendas. Cahuiya afirma que los madereros también las usan, dejan abandonadas en la selva y ahí las cogen los taromenanes y tagaeris, que son nómadas.

Las lanzas son de chonta, tienen tres metros y están adornadas con plumas. Como evidencia las tiene la Policía Judicial de Orellana. “Son de taromenane. De esas trajeron los de Tigüino cuando fueron a matar a ellos”, afirma Taremo Ima, hijo del líder huao Babe Ima, quien reconoció haber pedido que nueve guerreros de su etnia ataquen a un clan taromenane.

Fueron muertos 26, en mayo del 2003. La cabeza de un joven la trajeron como trofeo de guerra. Esa vez se inició un juicio, pero no hubo sentenciados. Milton Duche espera que eso no suceda ahora, desea que se identifique a los asesinos de su familia.

Penti Baihua
DIRIGENTE HUAORANI DE BAMENO
“El responsable de todo es el Estado. Que se respete territorio ancestral; taromenane y tagaeri no saben de límites”.