Duro, difícil, casi imposible, les está resultando el ejercicio de defensa del líder a quienes hasta ayer nomás se lanzaban a la calle por escándalos de la décima parte de los millones que se han manejado en este. Tienen que hacer malabares  porque cada vez se alejan más las posibilidades de demostrar que él no sabía nada y que todo pasó a sus espaldas. Es que hay por lo menos cuatro razones poderosas para que esas posibilidades se alejen y, en sentido contrario, para que se haga evidente una verdad pesada de digerir.
La primera razón está en las propias palabras del hermano mayor. Su locuacidad y esa gran memoria que le hace recordar episodios de campaña y del congreso de los manteles dejan sin piso a cualquiera. No es posible saber si se trata de ingenuidad, de cinismo o de advertencia, pero no cabe duda de que esas palabras hacen demasiado ruido como para dejar de escucharlas.

La segunda es que resulta ingenuo creer que a la persona mejor informada del país, quien utiliza día, noche y madrugada el Sigob y toda la tecnología moderna para controlar a sus colaboradores, se le pudieran haber pasado unos contratos de ese tamaño. No cabe imaginar que ninguno de los firmantes en nombre del Ejecutivo -la función que él preside- no le hubiera transmitido los saludos del hermano mayor ni le hubiera hecho referencia a lo bien que marchaban las obras. Si no lo hicieron, entonces debería cancelarlos de inmediato por haberle ocultado una información que inevitablemente iba a desembocar donde desembocó.

La tercera es que el propio jefe no ayuda para nada a mejorar las cosas. Hasta el momento de escribir este artículo (viernes en la mañana)  ha mantenido su posición de defensa irrestricta de la legalidad de los actos de su hermano, como que fuera eso y no la ética lo que está en juego. Cuando firmó el famoso e inútil decreto, no dudó en hacer notar la dedicatoria a los medios que denunciaron que estaba ocurriendo lo que nunca debió ocurrir.

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Para empeorar las cosas, desde Venezuela acusó a  Expreso  de guiar su investigación con intenciones políticas, lo que no ofrece una buena imagen de su idea de rectitud y transparencia. ¿Está sugiriendo con ello que ese periódico y el resto de medios que difundieron la noticia debieron quedarse callados para no favorecer a unos intereses políticos de no se sabe quién?

Por último, al prendarse del nuevo calificativo -buitres- que encontró para los medios, solamente está reconociendo que en el fondo hay una buena cantidad de carroña como para atraer a esos animales.

La cuarta es que muchos de esos mismos seguidores han iniciado acciones que están orientadas únicamente a sepultar el espinoso tema. Eso ocurriría si se dan por terminados de inmediato los contratos y si no se llama a juicio político a los ministros firmantes. La incógnita consiste en saber si aparte de quienes quieren pasar la página existen otros que no tengan miedo de ser colocados entre los buitres.