Los ministerios de Gobierno, de Defensa y de Seguridad Interna y Externa coordinan el traspaso de los registros de armas desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, para iniciar la recalificación de todos los permisos de tenencia y portación de armamento a nivel nacional.

Este es un pedido del presidente Rafael Correa que, en el último enlace radial, criticó que la delincuencia cuente con armamento de forma legal. “Deroguen todos los permisos de armas, empiecen a sacarlos nuevamente y a otorgarlos por excepción”, ordenó el Primer Mandatario.

Dispuso, además, que “el registro y los permisos de armas los tiene que tener la Policía, no las FF.AA., hasta cierto calibre al menos. Ya cuando son armas de más calibre y por razones especiales que deba tener algún sector de la ciudadanía o alguna persona, ahí lo pueden dar las FF.AA.”.

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El ministro coordinador de Seguridad, Miguel Carvajal, informó ayer que las FF.AA. pasarán los registros tanto de Guayas como de Pichincha a la Policía en esta semana; y que la próxima, esta institución contará con toda la información a escala nacional.

El ministro de Defensa, Javier Ponce, manifestó que los plazos para cumplir las órdenes presidenciales no están fijados, pero adelantó que se ejecutará la nulidad de todos los permisos, una vez que la Policía tenga la plataforma informática.

Luego, agregó, los permisos serán recalificados tanto por las Fuerzas Armadas como por la Policía, en una primera fase. Al final, puntualizó, la responsabilidad de otorgar permisos para armas de bajo calibre quedará en manos exclusivas de esta última institución.

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El comandante general de la Policía, Freddy Martínez, informó que se tomarán medidas de seguridad antes de otorgar los permisos. “Vamos a incluir un sistema que consiste en un archivo de los proyectiles, de los casquillos (que dejan las armas registradas), para poder comparar después cuando necesitemos investigar”.

Explicó que si la Policía encuentra vainas en un lugar del crimen, ese archivo permitirá saber de qué arma fue percutida la bala.

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Entre tanto, las tres carteras de Estado preparan una reforma a la Ley de Armas, que será presentada al Presidente para que a su vez la envíe a la Asamblea Nacional. Ninguno de los ministros consultados dio un plazo para la elaboración de ese cuerpo legal. Carvajal adelantó que se piensa cambiar de dos a un año el tiempo de validez de los permisos.

De acuerdo con Ponce, es probable también que se extienda para todo el país el Acuerdo 267 del Ministerio de Defensa, firmado en marzo pasado, que prohíbe el porte de armas en las provincias de la frontera norte (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana). Aquí los permisos son para inmuebles específicos. Esta idea todavía se encuentra en discusión.

Más datos: Proyecto
Plan de seguridad
La reforma a la Ley de Armas se previó en el Plan de Seguridad Ciudadana del 2008 que diseñó el ex ministro de Gobierno, Fernando Bustamante.

Modelo chileno
El proyecto se basa en el modelo de Chile, que prohíbe portar armas (a excepción de las deportivas y de las pertenecientes a las empresas de seguridad); solo se permite la tenencia en inmuebles aprobados.

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