Durante el 2008 y lo que va del 2009, el Ministerio de Cultura como dueño del 98% de las acciones de Radio y Televisión Pública del Ecuador (RTV Ecuador S.A.) ha entregado $ 9’400.000 para la capitalización de ambos medios, según cifras de la Subsecretaría de Planificación de esta cartera y de la propia empresa.

No obstante, y aunque su presidente ejecutivo, Enrique  Arosemena Robles, avala que se trata de una empresa pública, los destinos de esos dineros no se han publicado, como lo ordena la Ley de Transparencia, en las páginas web de los medios, ni tampoco, pese a varias pedidos de este Diario, sus directivos han aceptado mostrar las cifras.

En el sitio del Ministerio de Cultura aparecía esta semana una asignación de $ 250.000 para la RTV Ecuador en el reporte de ejecución presupuestaria del 2009 con cierre al 31 de mayo.

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Lo anterior, a pesar de que Esteban Gallegos, subsecretario de Planificación del Ministerio, señaló a este Diario, la semana pasada, que entre febrero y marzo se entregaron $ 4,5 millones “al consorcio RTV Ecuador por concepto de aumento y/o asignaciones de capital”.

Este aumento fue aprobado por el Consejo Directivo, del que hacen parte el ministro de Cultura, Ramiro Noriega; el Secretario General de la Administración Pública y Secretario de Comunicación encargado (desde agosto del 2007), Vinicio Alvarado Espinel; la ministra de Salud, Caroline Chang; y el ministro de Educación, Raúl Vallejo.

“Hay que tomar en cuenta que es una empresa naciente y si seguimos modelos como el empresarial japonés, este dice que una empresa para que esté bien tiene que haber perdido cinco años seguidos”, dice Gallegos.

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En el 2008, el Ministerio de Cultura había entregado $ 4,9 millones, según dijo esta semana en entrevista con este Diario Enrique Arosemena, quien respecto al incumplimiento de la Ley de Transparencia manifestó:  “Voy a ver si esta semana subimos la información”. En el sitio web de este medio  se señala que se lo hará el 16 de junio.

A la pregunta de por qué esto no se ha hecho en los cerca de veinte meses que lleva en operaciones el canal y los diez de la Radio Pública al aire, indicó no tener una explicación y menos “para un diario que publica el domingo un editorial en el que dice que el cierre de Teleamazonas sería un desastre nacional”.

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Este Diario intentó antes y después de esta conversación obtener una entrevista personal con los directivos de RTV Ecuador S.A. sobre el  uso de los $ 9,4 millones que se les han entregado los dos últimos años, la búsqueda de estrategias de autosustentabilidad, así como para conocer su versión respecto a denuncias en su contra de supuesta corrupción, pero no fue posible, a pesar de que el propio Arosemena –según informó a este Diario– le delegó esta   labor a Gustavo Vargas, director Administrativo Financiero.

Una cita que había sido acordada con  Vargas el 4 de junio pasado, a su regreso de Montevideo (Uruguay), fue incumplida y luego cancelada definitivamente por su asistente Sofía Bustos, quien dijo que “por decisión del presidente y del gerente no se va a dar ninguna declaración ni cifras sobre el canal”.

El viernes, pese a la disposición que comunicó Arosemena a este Diario, Vargas insistió: “No puedo dar información”.

Según Arosemena, recientemente fue declarada “desierta” una licitación para instalar la red de transmisores faltantes (20) para que el canal tenga cobertura nacional. Sin embargo, se negó a informar sobre la fecha, cuantía y el mecanismo a través del cual fue convocada dicha licitación y alegó que no se utilizó el portal de compras públicas porque “aún no existía”.

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Janeth de Dávila, gerente financiera de la empresa privada Ecuatronix, a la que se le contrató en forma directa para la implementación de la Radio Pública, con una inversión de $ 1,7 millones del Banco del Estado (BEDE) y que fue invitada a participar en esa  licitación, también se negó a comentar el tema.

Fuentes no identificadas de ECTV aseguran que el monto de la licitación, para la que se estaban comprometiendo fondos del Ecorae y del BEDE, ascendía a $ 7 millones.

Algunos transmisores (los correspondientes a un sector del Oriente) habían sido contratados en diciembre a Marcelo Vélez, cuñado del ex superintendente de Comunicaciones, Paúl Rojas, y jefe de mantenimiento de transmisores de RTV Ecuador. A César Macías, ex gerente técnico de RTVE (en comisión de servicios de la Suptel) le fue solicitada su renuncia por cuestionar el incumplimiento de Vélez, según consta en un memorándum del 20 de febrero.

En octubre del 2008 se produjeron otros despidos: salió Eduardo Moreno, un ingeniero venezolano que trabajó en la implementación del canal antes del ingreso de Arosemena; y Eduardo Bayas, primer administrador temporal y luego vicepresidente de Producción y Programación. Ambos habían criticado manejos administrativos y de contenido del canal.

El dueño del restante 2% de Tevecuador S.A. según su decreto de creación (del 26 de septiembre del 2007) era Andinatel, hoy fusionado en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a cargo de Jorge Glas (del Fondo de Solidaridad). Luego se hizo el cambio de la figura jurídica a RTV Ecuador.

Según fuentes de la empresa de TV Satelital, de propiedad de Ricardo Rivera, tío de Glas, esta firma alquila (sin que medie contrato) el equipo y la antena satelital que se utilizan para trasmitir los enlaces sabatinos del Presidente, al doble del precio del mercado. La transmisión de cada enlace solo en alquiler de equipos le costaría al Estado entre $ 7.000 y $ 10.500.
Directivos de esta entidad consultados por este Diario se negaron a dar su versión sobre el tema.