Es evidente que la persecución a Teleamazonas, y con ello su inminente cierre, es condición necesaria para la consolidación de un modelo político que no admite críticas y que supone que en la carrera hacia el absolutismo es fundamental coartar el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados.

No importa que el mecanismo empleado para hacerlo sea la apertura de absurdos expedientes que en estricto derecho carecen de la más mínima solvencia. Es penoso escuchar las justificaciones dadas por los inquisidores para proceder de forma tan ruin.

Se nos ha dicho que se ha violado la ley porque se han transmitido imágenes violentas. Si se midiera la violencia con la misma vara con la que se actúa contra Teleamazonas, todos los medios de comunicación ya deberían estar cerrados por haber trasmitido las frases violentas que cada sábado se emiten contra todo aquel que osa disentir con la  Voz Suprema.

De hecho, durante el fin de semana, fuimos testigos de expresiones violentas en al menos tres temas que ameritan, según la visión inquisidora del régimen, el cierre de los medios de comunicación.

La primera, el antiacadémico señalamiento de que el libro  Historia de Guayaquil es una porquería, que falsea la verdad. Que un “académico” tilde de porquería a un libro que sustenta y documenta tesis históricas es realmente censurable y denota una gran violencia intelectual.

La segunda, la afirmación de que el gran negociado del SOAT, (que ha convertido en millonarios a unos pocos), fue la consecuencia de que el Gobierno no tenía estadísticas de forma previa a dictar el reglamento que, como se sabe, viabilizó el descarado robo a los ecuatorianos. ¿Mayor demostración de que se gobierna con absoluta irresponsabilidad? ¿Acaso no provoca conmoción social este tipo de declaraciones? ¿Alguien puede creer que en el Ecuador no se tenían estadísticas de los accidentes de tránsito? Por favor, ¿hasta cuándo nos toman el pelo con tanto desparpajo?

La tercera, ¿no es verdad que el Presidente ha llamado pasquín al Diario EL UNIVERSO? Un pasquín, según el Diccionario, es un “Escrito anónimo que se fija en sitio público, con expresiones satíricas contra el Gobierno o contra una persona particular o corporación determinada”. ¿Cabe considerar, a la luz de esta definición, como pasquín al Diario EL UNIVERSO por haber denunciado que en Puná se iniciaron los trabajos de la estatal venezolana Pdvsa de forma previa a la obtención de la licencia ambiental?

Es obvio que este tipo de expresiones son violentas. ¿Deben clausurarse o no, según la lógica oficial, los medios que reproducen esta violencia verbal?

Es evidente que los expedientes constituyen los pretextos para terminar con las voces que no están de acuerdo con esta forma autoritaria y prepotente de gobernar.

La libertad de información y evidentemente la libertad de expresión en el Ecuador viven sus últimas horas. Por desgracia, algunos no se dan cuenta de que pronto, uno a uno irán cayendo en las garras de la tiranía y que cuando eso ocurra, habrán perdido toda fortaleza moral para protestar.