Fallos a favor de racistas alarman a ecuatorianos

Dos fallos en que los jueces absolvieron a presuntos autores de un asesinato y una agresión de tintes racistas han activado las alarmas de la comunidad ecuatoriana, castigada por ataques y muertes calificados como crímenes de odio.

Los ecuatorianos están sensibilizados por las muertes de Marcelo Lucero y José Sucozhañay. El primero fue asesinado en noviembre pasado por una pandilla de adolescentes, la mayoría blancos. Un mes después fue muerto Sucozhañay, en Brooklyn, por dos afroamericanos que antes  lo insultaron por su condición de hispano y luego lo golpearon hasta matarlo.

Las agresiones no han cesado. El 12 de julio del 2008, en Shenandoah, Pensilvania, Luis Ramírez, mexicano, de 28 años, fue atacado por un grupo de jugadores blancos de fútbol americano hasta causarle la muerte. El pasado 2 de mayo, un jurado absolvió a Brandon Piekarsky, de 17 años, de los cargos de asesinato, mientras que su cómplice Derrick Donchak, de 19, fue liberado de los cargos de agresión agravada e intimidación. Ambos fueron declarados culpables solo de agresión.

El caso más reciente de absolución a racistas blancos ocurrió el 28 de mayo, cuando un jurado en White Plains, Nueva York, absolvió al policía Wayne Simoes, acusado de golpear inmisericordemente a Irma Márquez, guatemalteca. La mujer, de 50 años, fue hospitalizada con la mandíbula fracturada y heridas en el rostro.

Para Joselo Lucero, hermano de Marcelo, “las sentencias de inocencia de los agresores raciales son una mala señal. Parece que se trata de proteger a los criminales si son blancos”.

Walter Sinche, de Alianza Ecuatoriana Internacional, dice que “tenemos que organizarnos como comunidad ecuatoriana”. “El día de la sentencia tenemos que llenar la corte para que vean que no han matado a un animal. Es la única manera que podemos ir obteniendo una verdadera justicia. En caso contrario seremos los que vamos a seguir poniendo los muertos”.

José Franco, de Ecuatorianos Unidos de Queens, dice que es necesaria una intervención directa del Gobierno ecuatoriano para hacer saber a las autoridades y a los jueces que hay un clamor del país entero porque se aplique la ley a quienes matan por odio.